Este lunes recibió el consentimiento real la ley aprobada la semana pasada por el Parlamento, la cual está destinada a evitar que el próximo 31 de octubre se materialice el llamado Brexit duro si no existe previamente un acuerdo con Bruselas. La legislación fue impulsada como una respuesta de Westminster a la aparente determinación del primer ministro británico, Boris Johnson, de concretar el Brexit en esa fecha mencionada, incluso sin la existencia de un pacto con la UE. La norma tuvo que ser aprobada con gran premura, pues pocos días antes Johnson había impulsado la suspensión de las actividades del Parlamento que serña efectiva a partir de este martes y hasta el 14 de octubre, lo que fue visto por sus críticos como un intento de evitar que los legisladores se interpusieran en su decisión de ejecutar el Brexit "cueste lo que cueste". Sin embargo, el gobierno de Johnson no parece dispuesto a desistir fácilmente de sus intenciones. "Probar los límites" Este domingo, el secretario de Exteriores, Dominic Raab, dijo que el gobierno "probará hasta el límite" la nueva legislación y, aunque prevé cumplirla, "examinará muy cuidadosamente" su "interpretación" de la norma. Raab calificó la norma como "mala" y aseguró que "debilita" la posición negociadora del gobierno ante Bruselas. "Esta ley es mala, anticipa múltiples retrasos y nos forzaría a aceptar condiciones de la UE, independientemente de lo vengativas, punitivas o duras que sean", dijo el alto funcionario a la televisora Sky News. "Vamos a cumplir con la ley pero también -dado que es una norma tan mala- queremos probarla hasta el límite sobre qué es lo que realmente exige hacer desde el punto de vista legal", agregó. Raab aseguró que probar los límites de la nueva ley es "lo que responsablemente debe hacerse" y acusó al líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, de arrastrar al país dentro de una "arenas movedizas". Por su parte, el responsable del Tesoro, Sajid Javid, ratificó este domingo que el gobierno "de ninguna manera" solicitará a la UE una extensión del plazo para el Brexit. "Nos iremos el 31 de octubre", dijo durante una entrevista con la BBC. Al ser cuestionado cómo haría esto, respondió: "Tienes que esperar y ver qué ocurre porque hay muchos días entre ahora y el 19 de octubre". Crisis legal Pero las reticencias del gobierno de Johnson ante la nueva norma podrían ser causa de una crisis más grave. El primer ministro ha sido advertido de que podría tener que enfrentarse a un proceso legal si intenta incumplirla. De hecho, ya hay un grupo de legisladores, incluyendo varios parlamentarios que fueron expulsados del gobernante Partido Conservador de Johnson, que están preparando acciones legales en caso de que el gobierno se niegue a postergar el Brexit. Algunos analistas estiman que el primer ministro cree que él podría desestimar legalmente algunas o todas las exigencias impuestas por la nueva ley. Eso podría hacer que esta situación derive en una revisión judicial de emergencia ante la Corte Suprema de Justicia el próximo mes. El tema del respeto a las leyes parece haber entrado en el debate político. El secretario de Justicia, Robert Buckland, aseguró este domingo en un mensaje en Twitter que ha hablado con Johnson sobre la importancia del respeto al Estado de derecho y ratificó su intención de seguir siendo parte del gobierno. Desde las filas opositoras, el diputado laborista John McDonnell afirmó que Reino Unido se encuentra en "una posición constitucional extremadamente grave" y que "nadie puede confiar" en lo que podría ocurrir con Johnson como primer ministro. McDonnell dijo a la BBC que creía que Johnson podía estar esperando hasta el momento en el cual el llamado Brexit duro (sin acuerdo con la UE) fuera la única opción posible. Pero, las advertencias sobre los riesgos que entrañaría no acatar plenamente la nueva legislación también provienen de las filas conservadoras. La exsecretaria de Trabajo y Pensiones Amber Rudd, quien renunció apenas este sábado al gabinete de Johnson, advirtió que el gobierno "debe obedecer la ley". De acuerdo con una consulta legal con expertos de alto nivel recibida por el Partido Laborista, Reino Unido podría verse sumido en una crisis constitucional y legal si el primer ministro no cumple de forma cabal la nueva norma que le obliga a buscar una nueva prórroga del Brexit en caso de que no haya un acuerdo antes del 19 de octubre. Según el diario británico The Guardian, esta situación podría derivar en la renuncia forzosa de Johnson de la jefatura de gobierno o, incluso, en su posible encarcelamiento. Citando las conclusiones del estudio mencionado, The Guardian indica que Johnson sería declarado en desacato de la justicia si intentara permanecer como primer ministro después de negarse a obedecer la legislación que impide que el Reino Unido salga el próximo 31 de octubre de la UE sin un acuerdo previo. "Si el primer ministro se niega a cumplir con esta orden, entonces, aunque estaríamos en un territorio político históricamente inexplorado, la situación legal seguiría siendo clara: el primer ministro estaría en desacato de una orden judicial y quedaría expuesto a todo un abanico de sanciones", señala el texto citado por el diario británico. Philippe Sands, uno de los juristas responsables del estudio legal, advirtió sobre el alcance que podría tener esta situación. "Si el primer ministro decide no cumplir con la nueva ley, estará sujeto a una acción por desacato que podría, lógicamente y en último recurso, llevar a su encarcelamiento, pero eso nunca ha ocurrido y no pasará. Reino Unido es un país con Estado de derecho, así que él cumplirá o abandonará el cargo. Todo lo demás que se diga son fanfarronadas", dijo Sands al diario The Observer. Más de tres años después del referéndum mediante el cual los votantes británicos aprobaron por una pequeña mayoría la salida de la Unión Europea, Reino Unido sigue a bordo del barco del Brexit, pero parece adentrarse cada vez más en aguas desconocidas.