El lunes pasado la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo no a la Argentina. En rigor, ni siquiera llegó a analizar el recurso extraordinario que presentaron el Estado y los abogados de YPF argumentando que el juicio que se tramita en Nueva York por la expropiación de la petrolera de bandera debe hacerse en la Argentina. Los letrados argentinos –y los integrantes de los estudios que los representan allí– se enteraron de la decisión que había tomado en Washington el máximo tribunal en Nueva York: la noticia era casi cantada y se quedaron muy cerca de donde se va a instruir la causa, en el estrado de Loretta Preska, la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York. Preska, que ya falló contra Argentina en esta causa y que fijó una audiencia para el 11 de julio, va a escuchar los argumentos de las partes en una causa que le podría costar USD 3.000 millones al Estado. O más. Muy rápido, los argentinos presentaron escritos electrónicos ante el tribunal. Burford Capital, el estudio que litiga contra la Argentina,direc también lo hizo. Las partes se verán las caras en 13 días. Básicamente, los representantes del Estado –con el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y Fabián Rodríguez Simón a la cabeza– van a tratar de convencer a la jueza de que, por varios motivos, es mejor que el juicio se curse en el país. En medio de los argumentos de los escritos hay una línea que se destaca: "Argentina identificó varios testigos clave que se encuentran en prisión, procesados o imposibilitados de viajar fuera del país sin una orden judicial". Burford quiere un ‘juicio sumario’, cree que el daño está acreditado y no hace falta presentar más pruebas "Si, la idea es citar a declarar a Julio de Vido y Axel Kicillof, entre otros. Creemos que sería de mucha ayuda: ellos fueron interventores en la empresa en el proceso de expropiación", asegura una alta fuente de la causa. La lista podría ampliarse a otros directivos que participaron en la redacción de los estatutos de la petrolera luego de la privatización en los '90, ex directores de la empresa y otros ex funcionarios. La parte más difícil ahora será convencer a Preska de que ella no es la indicada para resolver este caso. Tres argumentos "Hay un cambio en la estrategia y queremos que el juicio sea ya, no tiene que haber más demoras. Estas defensas tendrían que haberse hecho antes y no se hizo nada. Discutimos dos años el foro de dónde se debía cursar el juicio", aseguran cerca de la Procuración del Tesoro. Concretamente se refieren a dos hechos que definen como "errores garrafales de entrada" que habrían cometido los funcionarios kirchneristas. Primero, Kicillof, quién además de interventor era viceministro de Economía, dijo en ese momento que pagarle a los accionistas minoritarios era una "trampa de osos" en la que no iba a caer. Esa acción de no tratar a los inversores "chicos" con la misma vara que a Repsol (el mayoritario al que se le pagaron USD 5.000 millones en bonos) desató la demanda actual que controla Burford. Además, la Procuradora del Tesoro del kirchnerismo de esos años, Angelina Abbona, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a los abogados de Burford (del estudio americano King & Spalding), que litigaban contra el Estado en una causa contra Aerolíneas Argentinas. En el juicio, los demandantes usaron esa denuncia para fundar su posición de qué no se podía litigar en Argentina por los riesgos personales que eso implicaba. La jueza tomó ese argumento. Tiempo después, con Cambiemos ya en el poder, esa denuncia fue desestimada. "Quisieron joder a los inversores y meter presos, si venían, a los abogados. Por eso la causa está allá", explica una de las fuentes. "Esa causa penal se cerró, no tenía sentido y nos terminó costando: que por eso la jueza no habilite a una corte local. Pero esa denuncia no existe más, somos un país serio otra vez", afirma. Ese es uno de los argumentos que usarán en EEUU: no existe riesgo alguno para los litigantes. Luego de la decisión de la Corte de esta semana, el expediente debe comenzar a cursarse en primera instancia. En ese contexto, el Estado y la empresa presentaron dos escritos avisando que van a hacer una moción en los términos de lo que se conoce como Regla 12C del Código Federal de Procedimientos Civiles de EEUU, para judgment on the pleadings. O sea, para obtener una resolución en base a los alegatos de las partes. En rigor, quieren que el proceso sea corto y van a pedir una desestimación anticipada del juicio. Para eso se basan en tres grandes argumentos. Primero, lo que se conoce como forum non conveniens: si bien el tribunal es competente, debería derivar el juicio a otro que es más adecuado, en este caso uno argentino. ¿Por qué? Porque podría haber testigos que no pueden viajar, porque la mayoría de los temas se basan en la ley local (los estatutos de YPF, la ley de sociedades, normas de expropiación) y porque ahora no hay riesgos y no van a meter presos a ningún abogado. La idea es citar a declarar a Julio de Vido y Axel Kicillof, entre otros. Creemos que sería de mucha ayuda: ellos fueron interventores en la empresa en el proceso de expropiación Segundo argumento: falta de legitimación activa –lack of stading– porque cuando se produce el supuesto daño a los accionistas, los títulos que estaban en garantía había sido tomados por los bancos. O no hubo daño o los bancos tendría que ser los demandantes. Tercero, por la prescripción del caso. Si la crítica y base del reclamo contra YPF es que dejó votar al Estado en una asamblea a pesar de que no había cumplido con la oferta pública de adquisición (OPA) y por ende con los estatutos de YPF, los socios minoritarios debieron impugnar esa asamblea en la que supuestamente hubo violación de los estatutos. El plazo de impugnación está vencido y por eso la acción estaría prescripta. Burford tampoco se quedó quieto: pide un "juicio sumario". Cree que el daño está acreditado y no hace falta presentar más pruebas. Las partes tienen hasta el 3 de julio para responderse entre ellas estas presentaciones y el 11 a las 11 de la mañana es la audiencia. Ahí se decidirá cómo sigue adelante el juicio y con qué agenda. Todo está en manos de Preska. Los abogados locales tiene una buena imagen de la jueza a la que definen con palabras como "razonable", "prestigiosa", "articulada" y "respetada". Y remarcan que el Estado ganó varios juicio con ella, algunos muy recientes. Por ejemplo, el fallo Bugliotti, de hace dos meses y por un tema de deuda pública. Allí, incluso, la magistrada escuchó la recomendación de Saravia Frías. O la semana pasada cuando desestimó varias causas de bonistas individuales contra el país. "Hoy hay defensas técnicas, no políticas como antes. Es una juez equilibrada que tenía una visión negativa por el pasado. Era muy cercana a Griesa, quien también había fallado bien contra Argentina hasta que se metió la política. Es muy respetada y de ninguna manera vemos alguna chance de mala intención", dice una de las fuentes. El 11 todos se verán las caras. (Infobae)