El Grupo de Lima se reunirá el 20 de mayo en Guatemala para continuar analizando la crisis político-institucional de Venezuela. Ésta se ha agudizado tras un fallido alzamiento cívico-militar (30.4.2019) contra el presidente en funciones de ese país, Nicolás Maduro, y la reacción de su Gobierno. Maduro ha ordenado despojar a catorce diputados de su inmunidad parlamentaria con miras a procesarlos por apoyar la asonada. Los imputados son el independiente Luis Florido; Richard Blanco, del partido Alianza Bravo Pueblo; Simón Calzadilla, de Movimiento Progresista; Américo De Grazia y Marianela Magallanes, de La Causa R; Carlos Paparoni y Miguel Pizarro, de Primero Justicia; Juan Andrés Mejía, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Franco Casella y Winston Flores, de Voluntad Popular; y Henry Ramos Allup, de Acción Democrática (AD). La detención más llamativa ha sido la del primer vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, también miembro de AD, quien fue transportado por una grúa hasta la sede de la Policía política dentro de su vehículo. A todos se les acusa de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública continuada a la desobediencia de la ley y al odio. El secretario general de la ONU advirtió que esta ola de arrestos dificulta las negociaciones para reinstaurar el Estado de derecho en Venezuela. La OEA emitió una resolución en la que se demanda la liberación inmediata de Zambrano y el cese de la persecución de los otros diputados. La UE criticó las mociones del chavismo, alegando que constituyen “claras medidas de intimidación dirigidas a obstaculizar el trabajo” del Parlamento. Lo mismo denunció Estados Unidos en la reunión que sostuvo el Consejo de Seguridad de la ONU el 14 de mayo a petición del Grupo de Contacto Internacional (GCI) para Venezuela, la coalición de países europeos y latinoamericanos que busca contribuir a resolver su crisis multidimensional. Hasta México, que reconoce a Maduro como presidente, ha dicho estar preocupado por la violación del fuero legislativo en Venezuela. La historia parece repetirse No es la primera vez que incidentes de este tenor se registran en la nación caribeña; son las circunstancias en torno a los más recientes las que hacen sonar la alarma. En eso coinciden la historiadora Margarita López Maya y el politólogo Ricardo Sucre, al recordar que el Gobierno democrático de Rómulo Betancourt (1959-1964) levantó la inmunidad parlamentaria de varios diputados en 1962 para poder enjuiciarlos por actos insurgentes. “El contexto es diferente. Lo poco que queda de la institucionalidad democrática en Venezuela está siendo asediado por la dictadura de Maduro. Él y su entorno han estado buscando pretextos para neutralizar al Parlamento desde que sus opositores obtuvieron una mayoría aplastante en las elecciones legislativas de 2015”, esgrime López Maya, profesora invitada de la Universidad del Rosario, en Bogotá. “El trasfondo es distinto”, dice también Sucre, trayendo a colación que la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en 1999 para redactar la nueva Carta Magna de Venezuela, suspendió por decreto las sesiones del Congreso de la República, que había estado operando desde 1811, y luego lo disolvió por completo. “En aquel momento, la popularidad de Hugo Chávez (1999-2013) acalló las protestas por el cierre del Congreso”, cuenta. “Si Maduro llegara al punto de disolver el Parlamento –cosa que no creo que haga–, las implicaciones serían mucho más serias”, acota el politólogo, uno de los especialistas incluidos en el libro Desarmando el sistema, un análisis multidisciplinario de la Revolución Bolivariana publicado en 2017 bajo el copatrocinio de la Fundación Konrad Adenauer, cercana al partido alemán Unión Demócrata Cristiana (CDU). El aislamiento de Guaidó “Mis observaciones me llevan a pensar que un tercio de la población venezolana –el segmento que sigue identificándose con el chavismo— y la cúpula castrense verían con buenos ojos la clausura del Parlamento. El alto mando militar le ha pedido a Maduro que ponga ‘mano dura’ e impida que el antichavismo siga sonsacando a los uniformados para que le den la espalda a la Revolución Bolivariana”, arguye Sucre. Pero, si Maduro cerrara el Parlamento, tendría que estar preparado para perder el respaldo de ciertos aliados. Seguramente no el de Rusia, China o Turquía. Quizás sí el de México y Uruguay, que hasta ahora se habían abstenido de condenar a Maduro por su actuación. Cerrar un Parlamento es una práctica típica de las dictaduras tradicionales; eso podría costarle votos y abstenciones inesperadas en la OEA, añade el analista. López Maya y Wolfgang Muno, profesor de Política Comparada en la Universidad de Rostock, comparten la impresión de que Maduro no tiene necesidad de clausurar el Parlamento como lo hizo el dictador peruano Alberto Fujimori en 1992. “A él le basta con detener a diputados, obligarlos a elegir entre la clandestinidad y el exilio o impedirles sesionar, para aislar a su rival, el mandatario interino Juan Guaidó”, apunta Muno. Sin embargo, la historiadora y el catedrático de Rostock conceden que, de atreverse a disolver el Parlamento, Maduro perdería toda oportunidad de negociar con sus adversarios. “Y Maduro no quiere eso. Creo que, con sus decisiones más recientes, él no demuestra fortaleza, sino el deseo de robustecer su débil posición para poder sentarse a una mesa de diálogo con algo que ofrecer”, sostiene López Maya. (Romero-Castillo)