Rogelio Frigerio incluyó en el paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda la demorada ley de alquileres, dictaminada en noviembre pero cajoneada por presión de las inmobiliarias. Como adelantó LPO, el Gobierno acepto discutir una ley más moderada que dejaría atrás algunos artículos como el que obligaba a blanquear los contratos de alquiler. Mauricio Macri teme que cualquier obligación nueva sea excusa de las inmobiliarias para subir los precios. Se mantendrían el pago de honorarios compartidos entre propietarios e inquilinos, quienes no deberían pagar las expensas extraordinarias, un uso y costumbre habitual en los contratos pero que con una ley evitaría cualquier incumplimiento. En el borrador que se difundió está tarde en la Casa Rosada se mantienen nuevas garantías como aval bancario y seguro de caución, mientras que se mantiene el contrato a dos anos, pero con chances de renovarlo uno más en iguales condiciones. Otro Punto de discordia sigue siendo la actualización de los valores. Las inmobiliarias quieren aumentar cada seis meses, el gobierno se los concedería, pero propone fijar un índice único, que surgiría de un promedio entre el estabilización de referencia (CER) o el de variación salarial (CVS). El dictamen de Diputados proponía considerar el valor más baja entre ambos indicadores. Las inmobiliarias aprovecharon la ocasión para obligar al inquilino a reparar los daños ocasionados o desalojarlo por falta de pago después de 90 días, previa intimación. La secretaría de Vivienda se compromete a haber centros de mediación. El proyecto lo impulsaría nuevamente el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, y tendría varias semanas de negociación. Como cada vez que se trató. (LPO)