Las deliberaciones se desarrollaron los días 7 y 8 de noviembre pasado y estuvieron encabezadas por el secretario de Justicia y Coordinador Nacional del Consejo Federal, Sebastián Amerio.
La subsecretaria de DDHH de La Pampa, Paula Grotto, durante el plenario del Consejo, afirmó que las políticas de prevención son fundamentales y que consideraba que “independientemente de lo que cada provincia desarrolla, es importante fijar una línea de acción de carácter federal, que contenga lineamientos claros y unificados por las características propias de este delito aberrante”.
Indicó que “La Pampa no recibió ni un peso, como ocurre con el resto de las provincias, en lo que respecta a la asistencia y reparación” y que como es de manera generalizada con los distintos programas y obras, desde que asumió el presidente Javier Milei “todo el esfuerzo lo vienen sosteniendo las provincias, en nuestro caso esfuerzo asumido como política de estado por el gobernador Sergio Ziliotto”.
Como también manifestaron otros representantes provinciales, la funcionaria pampeana consideró como “una falta de respeto que, a 11 meses de haber asumido, todavía la respuesta a la demanda de la falta de programas de ayuda a las víctimas sea que se están auditando las ayudas otorgadas”.
“Teniendo en cuenta la profunda desigualdad económica y social que se viene generando a partir de las políticas y decisiones económicas que viene llevando adelante el gobierno nacional, lamentablemente avizoro un crecimiento exponencial en lo que respecta a este delito”, afirmó. Por ese motivo, la subsecretaria solicitó al Consejo mayor coordinación y unidad de acción y pidió al gobierno nacional “combatir la causa de la explotación de personas, porque el camino de combatir solo las consecuencias nos aleja cada vez más de poder encontrar una soluciona a esta violación aberrante a los derechos humanos”. 
Además, trabajó en la Comisión de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas, donde se concluyó con el pedido de que mantenga línea 145 como única vía de denuncias y especifica de este tipo de delito dado que se pretende unificar varias líneas. Además de continuar con la asistencia específica para traslado de víctimas que dependa del Estado nacional y la creación de un programa específico para las víctimas de trata con fines de explotación, por lo que se estableció entre las provincias una comisión de redacción del programa que será presentado a las autoridades nacionales a la brevedad.
El objetivo del Consejo Federal es generar un espacio de articulación con la representación de todos los poderes del Estado Nacional y provinciales, las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales y especializados en el delito de trata de personas, todo ello en concordancia con la Ley Nº26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. (apn)