Chile ha decidido dar un paso más en contra de los llamados 'narcofunerales', es decir, los velorios de personas que tuvieron  vínculos con el narcotráfico y que suelen tornarse como eventos de "alto riesgo".

La ministra de Interior, Carolina Tohá, defendió el miércoles el despacho de una ley que pretende acabar con los velatorios en los barrios, "obligando a que el traslado del fallecido sea directo entre el Servicio Médico Legal y el cementerio, con un máximo de 24 horas para concretarse".

Tohá aseguró que este tipo de instrumento no solo permitirá proteger a la ciudadanía, sino también "sancionar más duramente a las personas que aprovechan esas situaciones para ejercer su amedrentamiento y exhibir sus armas".

¿QUÉ IMPLICA EL PROYECTO?

Los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, del Partido Socialista de Chile, junto a un grupo transversal de parlamentarios, presentaron la ley en abril de 2023, y fue despachada esta semana con 128 votos a favor y dos abstenciones.

Uno de los argumentos del Ejecutivo chileno para defenderlo es que esta también tendrá un impacto en el uso "más racional" de los recursos policiales y de seguridad pública, al evitar este tipo de eventos, aseveró Tohá.

Por su parte, Cicardini hizo énfasis en la necesidad de legislar en esta materia, por los riesgos asociados a este tipo de eventos fúnebres. "Estos funerales son una demostración de cómo el crimen organizado se ha tomado los barrios y hacen una verdadera apología de la narcocultura, con ritos que incluyen fuegos artificiales, ruidos molestos, carreras de autos y disparos al aire, poniendo en peligro a vecinos y comunidades".

El cuerpo de la ley contempla no solo multas a los que organicen estos excéntricos ritos, sino también la limitación de los actos fúnebres a un tope de 24 horas desde el fallecimiento, la aplicación de penas de presidio en grado medio (reclusión de 541 días a 3 años y un día), en caso de delitos asociados en esos contextos, y la exigencia de ceremonias únicamente en el cementerio o crematorio.

Según La Tercera, la normativa faculta a Carabineros (policía) para determinar la ruta del traslado del fallecido, hacer control de identidad a los asistentes del funeral y hasta impedir la participación de personas que estén bajo el efecto del alcohol o las drogas.