“El narcotráfico no es un mito ni algo nuevo en esta zona y quienes ponemos el cuerpo para defender el derecho que tenemos a vivir en paz en nuestros territorios somos nosotros”, afirmó el líder indígena del pueblo kakataibo Marcelo Odicio desde el municipio de Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, en el departamento amazónico de Ucayali.
De los 33 millones de habitantes del país sudamericano, alrededor de 800 000 pertenecen a 51 pueblos indígenas amazónicos. En general, 96,4 % de la población indígena es quechua y aymara, con seis millones y asentada en las zonas andinas, mientras que los pueblos de la selva amazónica representan el restante 3,6 %.
Al Estado peruano se le denuncia en forma permanente por no atender las necesidades y demandas de esta población que enfrenta múltiples desventajas en materia de salud, educación, generación de ingresos y acceso a oportunidades. A ello se suman los crecientes impactos de la actividad del narcotráfico junto con la tala y la minería ilegal.
“Nosotros somos los que pagamos las consecuencias, estamos visibles frente a los delincuentes, nos tildan de soplones, pero seguiré defendiendo nuestros derechos, con la guardia indígena haremos respetar la autonomía de nuestro territorio”, Marcelo Odicio.
Un claro ejemplo de ello es la situación del pueblo kakataibo en dos de sus comunidades nativas, las de Puerto Nuevo y Sinchi Roca, ubicadas en la zona limítrofe de los departamentos de Huánuco y Ucayali en la región de la selva centro-oriental peruana.
Hace varios años vienen denunciando y resistiendo ante la presencia de invasores que talan los bosques con fines ilícitos, mientras el Estado no los escucha y sigue sin hacerse cargo.
La amenaza más reciente los ha llevado a desplazar a su guardia indígena para defenderse de nuevos grupos de foráneos que a través de videos proclamaron su decisión de ocupar los territorios sobre los que el pueblo kakataibo tiene derechos ancestrales, que, además, están respaldados por títulos otorgados por las autoridades departamentales.
La lucha por defender su territorio y su forma de vida ha costado la vida a varios de sus líderes. En los últimos años han sido asesinados seis dirigentes kakataibos, el más reciente Mariano Isacama, cuyo cuerpo fue hallado el domingo 14 de julio tras permanecer varias semanas desaparecidas.
En su entrevista con IPS, Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), lamentó la desidia de las autoridades por encontrarlo, tarea que asumió la guardia indígena. Isacama, de la comunidad nativa de Puerto Azul, había recibido amenazas que la federación sospecha que provenían de personas vinculadas al narcotráfico.
Durante una conferencia de prensa en Lima el 17 de julio, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), representante de las organizaciones indígenas que agrupa a 109 federaciones que a su vez representan a 2439 comunidades nativas, deploró la indolencia del gobierno ante la situación del líder desaparecido y asesinado, que eleva a 35 el número de indígenas amazónicos asesinados entre el 2023 y 2024.
Declararon en emergencia el territorio de los pueblos originarios amazónicos e hicieron un llamado a activar sus mecanismos de autodefensa y protección ante lo que denominaron “la violencia impune desatada por el narcotráfico, minería y tala ilegal al amparo de autoridades cómplices por abandono, inacción y corrupción”.
La provincia de Aguaytía, donde se ubica el municipio de Padre de Abad y habitan los kakataibo, entre otros pueblos indígenas, concentraba para 2023 a 4,3 % de la superficie cultivada de hoja de coca, cerca de 4019 hectáreas, según el último informe de la gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Es la sexta zona de producción con mayor superficie de este cultivo en el país.
El informe destaca que Perú redujo en poco más de 2 % los cocales ilícitos entre 2022 y 2023, pasando de 95 008 a 92 784 hectáreas, y que frenó con ello la tendencia de una permanente expansión en los últimos siete años.
Estos datos son puestos en cuestión por el experto en políticas de drogas, seguridad y Amazonia, Ricardo Soberón.
“El último informe mundial de drogas, el World Drug Report, indica que pasamos de 22 a 23 millones de usuarios de cocaína y que son espacios privilegiados para la producción y exportación el triángulo de oro en Birmania, la triple frontera de Argentina-Paraguay-Brasil y el trapecio amazónico”, resumió a IPS.
En esta última, “se ubican Putumayo y Yaguas, zonas que según Devida han reducido las 2000 hectáreas cultivadas. No me lo creo”, dijo.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), autora del informe, también señala a Perú como el segundo productor mundial de cocaína.
Soberón sumó otro elemento que desacredita la conclusión del informe de Devida: el comportamiento del Estado.
“No hay interdicción área en el trapecio amazónico, el convenio de interdicción no letal con Estados Unidos se operativizará el 2025; y por otra parte, hay denuncias contra la policía antidrogas en Loreto, departamento donde se ubican el Putumayo y Yaguas, por sus vínculos con mafias del Brasil”, explicó.
En su análisis se ha pretendido lavar la cara a “un gobierno que tiene niveles de aislamiento absoluto”, en referencia al que conduce desde diciembre de 2022 la presidenta interina Dina Boluarte, con niveles mínimos de aprobación y cuestionada por una serie de retrocesos democráticos.
Soberón fue director de Devida en 2011 y 2012 y en 2021 y 2022 y ha alertado en forma permanente sobre la gravedad de que el Estado en sus diferentes niveles no incorpore la agenda indígena en sus políticas contra las ilegalidades en sus áreas ancestrales.
Ello, dijo, pese a la presión creciente sobre sus pueblos y territorios de “las mayores economías extractivas ilegales del mundo: narcotráfico, tala y minería del oro”, causantes principales de la deforestación, pérdida de biodiversidad y despojo territorial.
Sostuvo que, dada la magnitud del tráfico de cocaína en el mundo, los grandes grupos de traficantes necesitan reservas de cultivo de coca, y que el territorio peruano es propicio para ello. Y deploró la mínima visión estratégica entre los actores políticos, económicos, comerciales y sociales sobre la Amazonia.
Soberón señala, en base a diferentes investigaciones, que el puente del Cauca y Nariño, en el sur de Colombia, el Putumayo, en Perú, y zonas de Brasil, constituyen el trapecio amazónico: un espacio fluido de tránsito no solo de cocaína, sino de armas, insumos y oro.
De ahí la gran fluidez de cocaína en la zona, para su tráfico y distribución hacia Estados Unidos y otros mercados, y que convierte a los selváticos territorios indígenas de la Amazonia peruana en atractivos para los sembradíos de coca y los laboratorios de cocaína.
El especialista se reafirmó en que sí es posible compatibilizar la política antidroga con la protección de la Amazonia, como por ejemplo impulsando los pactos sociales ciudadanos que él mismo desarrolló en forma piloto durante su gestión.
Se trata, dijo, de poner el protagonismo y la decisión en los propios actores sociales como son los pueblos indígenas. Pero para ello se requiere una clara voluntad política, lo que no se observa en la actual gestión de Devida.
Odicio, el presidente de Fenacoka, sabe que la mayor presencia de invasores en sus territorios tiene por finalidad la siembra de pastizales y de hoja de coca, actividad que destruye sus bosques. Inclusive han instalado pozas de maceración cerca a las comunidades.
Explicó que al llegar tumban los árboles, queman, hacen ganadería, se posesionan y luego piden derecho de titulación. “Después de la ley antiforestal se sienten fuertes y dicen que tienen derecho a la tierra, cuando no es así”, sostuvo.
Se trata de la reforma de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, en vigor desde diciembre del 2023, que debilita aún más la seguridad de los pueblos indígenas sobre sus derechos territoriales y abre las puertas a actividades extractivas legales e ilegales.
El dirigente, con esposa y dos menores hijos, sabe que el rol de defensor lo expone. “Nosotros somos los que pagamos las consecuencias, estamos visibles frente a los delincuentes, nos tildan de soplones, pero seguiré defendiendo nuestros derechos, con la guardia indígena haremos respetar la autonomía de nuestro territorio”, subrayó.
En la comunidad nativa de Puerto Nuevo son 200 familias y 500 en la de Sinchi Roca, de pobladores kakataibos que viven del uso sostenible de sus recursos forestales, los que se encuentran en riesgo por las actividades ilícitas. “Solo queremos vivir en paz, pero nos defenderemos porque no podemos quedarnos de brazos cruzados si no respetan nuestra autonomía”, recalcó. (IPS - ED: EG)
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