El Gobierno de Javier Milei atraviesa horas tumultuosas. Tras días de creciente tensión al interior del Ministerio de Capital Humano -en medio de una investigación por el acopio de alimentos que estaban listos para entregar a comedores comunitarios-, fue expulsado de su cargo el secretario de Niñez, Pablo de la Torre, denunciado por el propio Poder Ejecutivo ante la Oficina Anticorrupción.
Si bien el escándalo que desató el hecho dentro del dispositivo gobernante indica que la salida del dirigente no cerrará la novela de conflictos internos, el de De la Torre es apenas un nombre más que se suma a los 33 funcionarios de primeras y segundas líneas que abandonaron la administración Milei antes de que esta cumpliera sus primeros seis meses.
Menos de una semana antes de la expulsión de De la Torre, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse había renunciado a su cargo en medio de un mar de intrigas palaciegas. Junto a él dimitió el titular de la estratégica Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, mano derecha del ministro primus inter pares.
Si bien Posse se convirtió en el Jefe de Gabinete que menos duró en el puesto desde su creación en 1994, su salida no fue la primera dentro de la cúpula del Gobierno. A fines de enero -menos de un mes y medio después de la asunción de Milei-, fue expulsado el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, tras cuya partida la cartera fue degradada a secretaría dependiente del Ministerio de Economía.
Días más tarde, el 9 de febrero, fue expulsado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) -uno de los organismos estatales de mayor relevancia y presupuesto- Osvaldo Giordano, su director. El motivo es curioso: su esposa, la diputada nacional Alejandra Torres, votó en contra del proyecto de ley ómnibus del Gobierno. El Poder Ejecutivo no perdonó esa traición: "fue un enojo mal administrado", diría luego la legisladora en declaraciones radiales.
Esa misma semana también fue expulsada Flavia Royón, secretaria de Minería, quien había estado a cargo del área durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023). Al igual que Giordano, Royón pagó con su cargo la decisión del gobernador de su provincia de origen, Salta (norte), quien se había expresado en contra de la ley ómnibus del oficialismo.
Cuando las aguas parecían calmarse tras el aluvión de renuncias, ocurrió un nuevo escándalo que terminó con la expulsión de más funcionarios. A principios de marzo se desató una polémica al conocerse que la cúpula del Poder Ejecutivo -incluyendo al presidente Milei y su ministros- había determinado un aumento de sus salarios en más del 50%. Al tratarse del Gobierno que llegó al poder prometiendo una cruzada contra la "casta política", la noticia desató un sinfín de conflictos.
Horas después de la filtración del hecho, Milei anunció la destitución del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad, Omar Yasín. Paradójicamente, el funcionario había asumido semanas atrás tras la renuncia de su predecesor, Horacio Pitrau. Tras la salida de Yasín, dimitió a su cargo la subsecretaria de Relaciones del Trabajo, Mariana Hortal Sueldo. Días más tarde haría lo propio Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública.
Si bien la lista de nombres es por demás extensa, un dato ilustra los problemas de gestión acumulados desde la llegada del Gobierno el 10 de diciembre de 2023: más de un tercio de las renuncias se concentran en el mega-Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. La cartera nuclea áreas que, bajo gestiones anteriores, habían tenido rango ministerial, tales como Desarrollo Social, Trabajo y Educación.
"Estamos viendo una crisis de gestión. La mala praxis responde a que el Gobierno sigue gestionando como si estuviera en campaña electoral: el presidente sigue concibiendo al Estado como un actor delictivo, que no está para ser mejorado, sino para ser desguazado", dijo a Sputnik Gustavo Córdoba, analista político y consultor.
"Ya van 59 renuncias, y más de la mitad en el Ministerio de Capital Humano, conducido por una persona sin experiencia en la gestión pública. En términos de eficiencia, el Gobierno que venía a limpiar el Estado exhibe resultados muy por debajo de las gestiones anteriores", apuntó el especialista.
Según el politólogo Raúl Timerman, la razón central de la ola de dimisiones responde a "la improvisación con la cual se armó el Gabinete, principalmente porque nadie creía que Milei pudiera ser electo presidente, por lo que no contaba con un equipo lo suficientemente consolidado".
"La gestión está prácticamente paralizada, por la falta de personal en direcciones técnicas. El Gobierno se limitó a pasar una motosierra por el Estado, sin apostar por una política proactiva. La administración pública ya es de por sí ineficiente, pero si a eso se suman los problemas de gestión, todo eso confluye en un riesgo más grave", remarcó el experto.
En las huestes oficialistas, la lectura es radicalmente diferente. "Estos son procesos naturales en un Gobierno donde se quieren hacer las cosas bien. Una forma de terminar con los negocios espurios es expulsar a esos funcionarios", dijo a Sputnik Carlos Zapata, diputado nacional de La Libertad Avanza.
El legislador no ahorró críticas para los dirigentes expulsados del dispositivo gobernante. "Los funcionarios que no funcionan no pueden seguir trabajando. Acá necesitamos garantizar buenos servicios a la población: la gente ha votado un cambio para terminar con la degradación de la política, y nosotros debemos estar a la altura", apuntó.
"No hay que echarle la culpa al nuevo presidente sino al descontrol de los últimos 20 años. Vinimos a terminar con la casta política y eso vamos a hacer", remarcó Zapata.
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