Una caseta pintada de azul claro resalta en el caserío a orillas del río Guachaca. Apenas 700 metros más adelante aparece Puerto Nuevo, un pueblito atravesado por la Troncal del Caribe, la vía que comunica a Santa Marta con Riohacha. Aún no es mediodía y la temperatura marca 30 grados centígrados. La carretera está rodeada de puestos de fruta, montallantas, restaurantes, corresponsales bancarios, licoreras, billares y cantinas. Al oeste, a menos de dos kilómetros, se extiende una playa de arena blanca atestada de extranjeros, huéspedes de hostales que se han multiplicado en la última década. Del otro lado, pura selva y trocha, el inicio del sistema montañoso litoral más alto del mundo, cuyo nombre fue adoptado por un grupo ilegal heredero del paramilitarismo que controla toda esta región: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Quien recorra las calles destapadas de estos corregimientos de Santa Marta, olvidados por el Estado, difícilmente se encontrará con alguien que cuestione al grupo.
“Acá ellos no se meten con la gente. Se encargan de mantener la seguridad y garantizan que nadie esté robando ni formando problemas”, dice un miembro de una Junta de Acción Comunal de un corregimiento de la región.
Pero otra es la visión de un defensor de derechos humanos que monitorea la situación de la zona: “Las ACSN tienen el poder absoluto. Dosifican la violencia para no llamar la atención, pero controlan todas las economías, legales e ilegales, y tienen extorsionado a todo el mundo, desde el que vende un banano hasta el dueño del hotel más grande”.
Se trata de un poder heredado de los grupos paramilitares que han estado en esta zona durante los últimos 50 años, al que las ACSN dicen estar dispuestas a renunciar si llegan a un acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Desde el pasado 1.° de enero, el jefe de Estado incluyó al grupo entre las cinco organizaciones ilegales más poderosas del país, con las que decretó un cese al fuego bilateral que, al menos con ellos, sigue en pie.
Aunque el avance de los acercamientos ha sido lento, esta semana llegó a Puerto Nuevo el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para instalar una misión de paz y anunciar el fin de la etapa de exploración y el inicio de la fase de diálogos con las ACSN.
“El proceso va a iniciar de forma privada, sin marco jurídico por ahora, pero con testigos”, dijo Rueda bajo una carpa donde se reunieron más de 200 pobladores, delegados de la comunidad internacional y la iglesia, funcionarios del Estado y representantes del grupo armado.
La falta de claridad jurídica sobre este proceso mantiene viva la preocupación sobre el futuro de esta región, que ha visto cómo se reencaucha la violencia desde 2006, cuando se desmovilizó el bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Hernán Giraldo (apodado el Patrón de la Sierra), a quien todavía le rinden culto en la zona, pese a que la justicia lo condenó por decenas de crímenes de lesa humanidad, incluidos varios casos de violencia sexual contra menores de edad.
Aunque las ASCN están localizadas en una sola región y son el menor ejército entre los que negocian la paz con el Gobierno —tienen alrededor de 1.100 integrantes—, su proceso conlleva una serie de desafíos que no son fáciles de sortear.
“El factor principal de los ingresos de este grupo provienen del llamado oro verde: el turismo. Ese motor económico, junto al control social y territorial, ha sostenido la violencia, y por eso la Sierra necesita un proceso de paz integral, o de lo contrario cualquier persona va a montar un nuevo grupo armado tan pronto desaparezcan las Autodefensas Conquistadoras”, dice Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Derechos Humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Prueba del interés sobre esta zona son las confrontaciones entre las ACSN y el Clan del Golfo, que busca tomar el control de la Sierra, una de las pocas regiones del norte del país en las que no es el actor hegemónico. Esa disputa tiene como saldo varios asesinatos selectivos y masacres con víctimas que aparecen desmembradas lejos de los corredores turísticos, para no encender alarmas.
La situación es tan grave que el comisionado Rueda instó a una tregua entre ambos grupos. “La masacre que se ha consumado semanas atrás en La Guajira, donde varios integrantes de las ACSN fueron asesinados por las AGC, puede alimentar un nuevo ciclo de violencia. Llamamos a pactar un cese que impida que jóvenes y comunidades tengan que ser martirizados”, propuso el alto funcionario
Además del Clan del Golfo, habría intentos de la disidencia de las FARC de la Segunda Marquetalia por expandirse desde la Serranía del Perijá hacia la Sierra Nevada.
El equipo jurídico de las ACSN es liderado por la Fundación International Law Assistant, que adelanta procesos en varias prisiones del país y fue una de los artífices de la mesa de paz de la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, donde jefes de grupos de origen guerrillero, paramilitar y delincuencial empezaron a hacer compromisos para desescalar el conflicto en el país.
Uno de los representantes de la fundación estuvo en la instalación de la misión paz del comisionado Rueda, y en conversación con Colombia+20 aseguró que las ACSN tienen tres puntos fundamentales para negociar con el Gobierno: garantías legales para la comandancia, garantías de reincorporación y resocialización para los combatientes —en su mayoría, jóvenes de la zona—, y el compromiso del Estado con la protección de las comunidades.
“El concepto de la guerra para ellos es distinto. Acá los combatientes no nacieron siendo combatientes, nacieron siendo campesinos que se armaron para hacerles frente a los grupos armados, pero están dispuestos a volver a sus trabajos anteriores si el Estado asume su rol”, dijo.
El abogado aseguró que se le ha planteado al Gobierno que para el sometimiento de las ACSN se utilice la Ley de Justicia y Paz (que sirvió para la desmovilización de las AUC), pero con ajustes normativos.
Según estableció este diario, los jefes del grupo estarían dispuestos a ir a la cárcel, pero no con las penas de ocho años de prisión que contempla la ley actual. “Hemos propuesto que la pena alternativa sea de entre dos y tres años y que se ajusten errores de la ley, como las sentencias parciales no acumulables, pero también que se dé una formación para que estas personas no salgan a delinquir, sino que puedan tener empresas en el sector ganadero o agropecuario”, explicó el abogado.
De hecho, el equipo jurídico del grupo está estudiando un esquema enfocado en el turismo y los cultivos, con miras a que el pie de fuerza armado de las ACSN pueda permanecer en la región, trabajando en actividades legales. Eso sí, aseguran que hay dudas por las demoras del Gobierno para definir el marco normativo de una negociación de paz o sometimiento.
“La paz se quedó en una especulación de campaña del gobierno Petro. Este grupo es el único que ha respetado y mantenido el cese al fuego de manera bilateral, y aún así no se han hecho los ajustes normativos para iniciar el proceso. Eso ha generado incomodidad y dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno”, dijo el abogado.
Sobre los reparos por las demoras, el comisionado Danilo Rueda le explicó a Colombia+20 que el Gobierno está esperando “que la Corte Constitucional mire ese marco jurídico”, pero mientras eso ocurre tratarán de “avanzar en esta fase dialógica. Abordaremos temas como el cese de hostilidades y les insistimos en que ellos (los miembros de las ACSN) tendrán plenas garantías para poder hacer el tránsito al estado de derecho”.
Hace un año, cuando apenas se comenzaba a hablar de paz total, las ACSN le presentaron al gobierno Petro una propuesta que dio a conocer este diario e incluía nombrar gestor de paz al exjefe paramilitar Hernán Giraldo, quien volvió a Colombia en 2021, luego de pagar una condena por narcotráfico en Estados Unidos, y fue detenido para continuar respondiendo ante la justicia nacional.
Hace un mes, Giraldo (de 75 años) fue expulsado de la Ley de Justicia y Paz, pues se demostró que tras su desmovilización abusó sexualmente de al menos cuatro menores de edad, mientras estuvo recluido en cárceles de Atlántico y Antioquia, por lo que su caso quedó en manos de la justicia ordinaria, que deberá procesarlo y condenarlo por estos crímenes.
“Al interior de lo organización y en la región lo respetan, pero ya no tiene un papel en el grupo. Por ahora, no se ve la necesidad de incluirlo en los diálogos”, dijo una fuente cercana al grupo ilegal.
Un académico de la región Caribe aseguró: “Como Giraldo fue expulsado de Justicia y Paz, con evidencia copiosa sobre violaciones de menores de edad, reivindicarlo implicaría un costo político demasiado elevado para el grupo”.
La llegada del comisionado de Paz, Danilo Rueda, a la Sierra Nevada también tuvo como objetivo escuchar, de voz de los líderes indígenas, afros y campesinos, cómo se puede construir paz en este territorio.
El líder arhuaco Arukin Torres aseguró que, además de acabar con la violencia de los fusiles, hay que poner la lupa sobre el medio ambiente. “No son nuevos los desplazamientos, despojos, asesinatos y masacres que nos han llevado a resguardarnos para sobrevivir, pero además de esto nos preocupa mucho la política extractivista. Ahora mismo hay mucha minería, están socavando el pie de montaña de la Sierra Nevada”, dijo el dirigente indígena.
Carlos López, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Guachaca, insistió en que el Gobierno debe llegar con inversión social a la región, crear colegios y universidades, mejorar las vías y apoyar los emprendimientos turísticos para ofrecer alternativas de empleo.
La lideresa Rosa Villalba, de la Federación de Mujeres Nacimos Listas, pidió que se tenga en cuenta la resocialización de los jóvenes que hoy empuñan las armas: “En las mesas nos han dicho que los muchachos están dispuestos a ir a la universidad. Hay que darles garantías para que estudien, creen cooperativas y apoyen el tema turístico y no vuelvan a caer en grupos armados”.
Para el investigador Lerber Dimas, el único camino para alcanzar la paz es que se haga un proceso que resuelva los factores estructurales que han perpetuado la violencia, incluyendo la cultura de los pobladores. “Tantos años de paramilitarismo en la región han generado negación en algunas comunidades. Se necesita que la gente deje de pensar que son ellos los únicos con capacidad de solucionar los problemas del territorio, y eso solo se logra si el Estado entra a garantizar la seguridad, la salud y los servicios básicos”. (EE)
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