Este 11 de septiembre, un video viral en redes sociales mostraba a hombres fuertemente armados y encapuchados amenazando e increpando a habitantes de la vereda El Manzo, en Tierralta, Córdoba, noroccidente del país, una población que vive de la ganadería, la agricultura y la pesca.

Los hombres no solo intimidaron a los campesinos —los obligaron a ponerse de rodillas—, sino que habrían intentado abusar sexualmente de una indígena menor de edad.

En el video se observa cómo una mujer, con un bebé en sus brazos, le exige a los sujetos armados que se identifiquen y piden que les respeten la vida y que no incurran en una violación de derechos humanos. El momento fue tan intenso que uno de ellos sacó una pistola Prieto Beretta y amenazó a la mujer de dispararle en la cabeza, lo que generó la reacción de la comunidad.

"Aquí nosotros no estamos violando la ley. Identifíquense. ¿Por qué vienen a atropellarnos? Criminales. Démelo, dispárame. A ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo", gritó la mujer mientras encaraba a los uniformados.

Sputnik confirmó con una fuente del Ejército que la pistola de esas especificaciones hace parte de la dotación entregada a un alto oficial. Esto prendió las alarmas, pues el grupo se identificó como el frente quinto de las disidencias de las FARC, organización al margen de la ley conformada por quienes no quisieron firmar el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano en 2016 de entre los integrantes de las hoy disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De inmediato, el Ejército y el Ministerio de Defensa iniciaron una investigación que arrojó lo que los habitantes de la zona ya sabían: no se trató de integrantes de las disidencias, sino de soldados del Batallón de Infantería No. 33 Junín de la Décima Primera Brigada. Ahí estalló el escándalo nacional.

Si bien la primera teoría de la que se habló fue un intento interno de sabotear los diálogos que apenas están comenzando entre el Gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las FARC, todavía en etapa exploratoria, senadores como Ariel Ávila, conocedor como pocos del conflicto armado interno y de las dinámicas de la guerra y sus actores, piensan diferente.

"Lo que veo y lo que creo es que esta acción hace referencia al despojo de tierras más que a cualquier cosa. Para contextualizar: en esa zona del país es donde hubo mayor despojo de tierras, donde vivía Carlos Castaño [el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar más importante en la historia del país sudamericano], donde estaba todo el paramilitarismo", explicó el parlamentario a Sputnik.

"Las FARC dejaron de estar allá hace mucho tiempo y ahora solo opera el Clan del Golfo, que es un grupo residual de los paramilitares. Entonces que hayan dicho que eran de las disidencias pues nadie les iba a creer", afirmó el también politólogo.

"Tenían armas de uso del Ejército y la población lo nota, entonces creerles era muy complicado. Y ahí surgen dos hipótesis: la primera es que están amedrentando a los campesinos para que no pidan que les restituyan las tierras y despojar la poca que les queda; y dos, están haciendo parecer que hay una crisis de seguridad a menos de dos meses de las elecciones regionales, y así tratar de debilitar el Gobierno".

Por la misma línea de Ávila va el presidente Gustavo Petro, quien trinó que esta situación, relacionada con el despojo de tierras, no puede presentarse en un Gobierno que dice ser de la gente y para la gente, y que tales acciones no serán toleradas.

Ávila, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del recinto legislativo, añadió un elemento más: "los comandantes, el ministro, incluso el mismo presidente, no están controlando bien las Fuerzas Militares. Y eso es un tema preocupante".

"Pero también hay que resaltar que acá, como en el pasado, no se trató de tapar y tapar, sino que hay un reconocimiento público, que es un buen mensaje para el país. Pero, ojo, se nota que hay una fisura entre el Gobierno y los militares", concluyó el senador.

Por ahora, una comisión especial, enviada por el inspector general de las Fuerzas Armadas, Juan Carlos Correa, reconstruirá los hechos y buscará esclarecer lo sucedido para entender qué es lo que está pasando en una región que en las últimas tres décadas ha tenido que vivir bajo la sombra y el terror del paramilitarismo.