Algunos cambios en la política energética nacional son discutidos no sólo a la luz de un cambio en la gestión de gobierno el año que viene, sino de la mayor disponibilidad de gas proveniente de Vaca Muerta, producto de las obras del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del norte. La rediscusión de los esquemas tarifarios, el rol de Cammesa, Enarsa e YPF, los incentivos fiscales a la producción de hidrocarburos y la disponibilidad de divisas de exportación, el modelo de transición energética son temas de agenda que poco a poco van clarificando las y los distintos candidatos.
La quita gradual y segmentada por ingresos de los subsidios a las tarifas de energía y gas fue parte de la política de la actual administración, y su posterior ajuste por inflación y devaluación. Sin embargo desde dentro del propio Gobierno reconocen que los subsidios a los sectores medios son todavía elevados. El cálculo que hacen es el siguiente: con un 30 por ciento de usuarios de altos ingresos pagando la tarifa plena y el resto fuertemente subsidiado, en promedio los usuarios están pagando un 40 por ciento del costo de la energía.
“El rojo fiscal por subsidios energéticos se lleva entre 7500 y 9000 millones de dólares, si se suma el gas, por año”, estima una fuente del sector, lo cual es un monto elevado para las cuentas públicas. “Si se revisaran los subsidios a la clase media esa suma bajaría a unos 4000 millones de dólares”, agrega.
Los esfuerzos de la actual gestión permitieron reducir el gasto real en subsidios a la energía en un 23 por ciento en los primeros siete meses del año, según estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso. No obstante aún representan una parte importante del mismo, equivalente al 9,7 por ciento del gasto primario total.
Los aumentos por devaluación e inflación en las tarifas de la clase media quedaron rezagados, en septiembre se aplicará una suba del 11 por ciento. Según sostuvo la secretaria de Energía, Flavia Royón, esto se debe a la “baja en el costo de generación de energía al poder utilizar más gas proveniente de Vaca Muerta”. Quienes perciben el subsidio en la tarifa son usuarios con ingresos netos inferiores a 730.000 pesos.
“Se está empezando a reemplazar combustibles que hoy cuestan 12 dólares por millón de BTU provenientes de Bolivia, o 15 a 20 dólares por millón de BTU en GNL, o 20 a 30 dólares por millón de BTU en combustibles líquidos por gas de Vaca Muerta a 4,5 dólares por millón de BTU con el transporte”, aclara otra fuente del sector. “Esto representa una baja del 10 y hasta el 15 por ciento en el costo de generación”, agrega.
La situación de los sectores medios y el esquema de subsidios de precios cruzados pueden rediscutirse, según los especialistas. Por ejemplo avanzar en un subsidio a la demanda y que “todos los usuarios perciban lo que realmente vale la energía, pero los sectores populares reciban una transferencia de ingresos –por mecanismos que hoy ya están bastante aceitados- y elijan si quieren gastar ese dinero y seguir consumiendo la misma cantidad de energía o asignarlo a otro gasto”.
Otro tema que tuvo centralidad en los últimos días, a raíz de la difusión del programa energético del asesor libertario Eduardo Rodríguez Chirillo, es el rol de Cammesa como comprador en el mercado eléctrico mayorista. Los especialistas consultados por PáginaI12 sostienen que también en este sentido juega un rol clave los avances que permite Vaca Muerta: “en un contexto de abundancia de gas, tiene sentido que la oferta del combustible vuelva a las centrales térmicas, que negocien con los productores para obtener un precio más barato y poder despachar más”.
“Hoy en día el costo de las centrales térmicas es el de producción más otro por el mantenimiento y despacho”, aclaran las fuentes. En un contexto de escasez de combustibles y necesidad de importar energía cara tenía sentido que Cammesa centralizara las compras y asignara el combustible a distribuidoras con igual valor, pero la ecuación cambia en 2023. “Además de nuevo gas, estamos teniendo un invierno poco exigente en términos de temperatura y tenemos mucha agua”, confirman.
El esquema actual derivó en complejas deudas de Cammesa con las generadoras y de las distribuidoras con Cammesa que deben revisarse. Por otro lado, vencen entre este año y 2026 la concesión de 17 represas hidroeléctricas que fueron privatizadas en la década del 90 y representan cerca del 20 por ciento del mercado mayorista.
La consultora Paspartú de Juan José Carbajales elaboró un informe comparativo de las soluciones que propone cada espacio político en materia energética. Las concesiones hidroeléctricas solo serían revisadas y gestionadas a través de Enarsa en el caso de un futura gestión de Unión por la Patria, la presencia privada sería dominante no sólo en el mercado mayorista sino en Vaca Muerta (desplazando a YPF), en el litio, las obras en oleoductos y gasoductos, así como las explotaciones off shore. Un esquema que de haber prevalecido en todos estos años impediría estar hablando, como hacemos ahora, de los beneficios de VM.
Si bien Javier Milei negó en varias oportunidades que el cambio climático producido por el accionar económico del hombre y las empresas, también su asesor Chirillo acercó propuestas en el área. Expresó la necesidad de cumplir con los objetivos internacionales de emisión de CO2 que ya asumió Argentina, pero omitió “la necesidad de políticas productivas y de desarrollo tecnológico vinculadas con la transición energética”, señala el especialista Ignacio Sabbatella. “A escala mundial ha renacido la política industrial vinculada con las distintas tecnologías renovables, con las cadenas de valor vinculadas a la batería del litio, a la del hidrógeno verde y la movilidad sustentable”, aclara. (Página 12 por Mara Pedrazzoli)
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