El gubernamental Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama) negó el 17 de mayo la autorización solicitada por el grupo estatal Petrobras para perforar un pozo exploratorio marítimo a 175 kilómetros de la costa atlántica de Amapá, un estado del extremo norte de Brasil, de 880 000 habitantes, en la frontera con Guyana Francesa.
La decisión provocó una oleada de protestas, especialmente de políticos de Amapá, y dividió el gobierno, contraponiendo a Petrobras, el Ministerio de Minas y Energía e importantes legisladores progubernamentales con el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.
El líder del frente de partidos que sustenta al gobierno en el Congreso, Randolfe Rodrigues, senador de Amapá, dejó el partido Rede Sustentabilidad. Rompió así con la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y acusó a Ibama, agencia subordinada a la ministra, de discriminar su estado, al impedir el aprovechamiento de sus riquezas, sin oír la población ni el gobierno local.
El cerco a Marina Silva, un ícono del ambientalismo, se intensificó en el Congreso.
Una comisión de diputados y senadores, creada para examinar y ratificar la restructuración y ampliación de los ministerios establecida por Lula, recomendó el 24 de mayo privar a su despacho de la Agencia Nacional de Aguas Y Saneamiento Básico y del Sistema Nacional de Catastro Ambiental Rural y transferirlos a otras carteras.
Además su ministerio perdería los sistemas de información sobre saneamiento y residuos sólidos, también indispensables en la gestión ambiental del país.
Esas medidas aún dependen de la votación en la plenaria de la Cámara de Diputados y el Senado, pero se formó una alianza antiambientalista tan amplia que resulta difícil que se produzca un vuelco.
Silva dijo que resistirá a las “naturales” discrepancias internas en un gobierno de frente amplio, aunque encabezado por el izquierdista Partido de los Trabajadores de Lula.
El presidente, por su parte, solo dijo que esas diferencias se solucionarán con el diálogo y haciendo política, mientras reconoció la decisión “técnica” de Ibama, que se impone hasta que Petrobras complemente sus estudios y propuestas para demostrar la “sustentabilidad” del proyecto.
La ofensiva antiambiental se extendió al nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas, que dejaría de establecer la demarcación de las tierras indígenas, el principal motivo de su creación por el presidente Lula al inaugurar su gobierno el 1 de enero. Esa tarea debe volver al Ministerio de Justicia, recomendó la Comisión.
La posibilidad, temporalmente suspendida, de la exploración petrolera en la llamada Cuenca de la Desembocadura del río Amazonas, que comprende el litoral de los estados de Amapá y Pará, ilustra las dificultades políticas de la defensa ambiental en Brasil.
“El ambientalismo desaparece cuando aparece el dinero”, destacó Claudio Szlafsztein, profesor de la Universidad Federal de Pará.
Pero en la Amazonia la población tiene otros motivos para quejarse.
“Acá todo es prohibido. El código forestal prohíbe deforestar 80 % de las propiedades rurales, que es la reserva legal. Eso solo en la Amazonia. No se puede cultivar la caña de azúcar y se restringe la minería. Se sacrifica la población y su economía en función de objetivos nacionales y planetarios”, observó el geólogo de origen argentino y con doctorado en geografía, que vive en Belém, capital de Pará, desde hace 28 años.
Para los defensores de la extracción petrolera pretendida por Petrobras, no es justo que se pueda hacerlo en el mar de los estados de Río de Janeiro y São Paulo, pero no en Amapá, acotó a IPS desde esa ciudad.
Se priva así de las regalías de la producción petrolera a los pobres de una región donde todo es precario, la educación, la salud, el transporte y los empleos.
Pero esa polémica petrolera “no es parte de la vida diaria de la población local”, aunque sea “vieja”, dijo Szlafsztein. La licitación para exploración en la llamada Desembocadura del Amazonas tuvo lugar en 2013 y compañías de varios países y Petrobras adquirieron el derecho a explorar 14 bloques (áreas).
La licitación se hizo para todo el llamado Margen Ecuatorial, una franja marítima de 2 200 kilómetros, que se extiende desde Amapá al estado de Rio Grande do Norte, en el noreste de Brasil. Pero el interés de las petroleras se concentró en la desembocadura del Amazonas.
Ante la dificultad de obtener las licencias ambientales para sus actividades, las petroleras como British Petroleum y la francesa Total desistieron del proyecto, así que desde 2021 Petrobras se quedó sola.
El consorcio estatal solicitó licencia para abrir un pozo exploratorio en el llamado bloque 59 y argumenta que se trata solo de confirmar si efectivamente hay petróleo en cantidad y calidad para evaluar la viabilidad económica. Después se buscaría la licencia para extracción, si fuese el caso.
Pero nadie realiza tal inversión si no es para producción comercial y la cuenca presenta de hecho muchos riesgos ambientales, especialmente si ocurre un derrame de petróleo.
Uno es la posibilidad de afectar el Gran Sistema de Arrecifes de la Amazonia, que se estima que se extiende por unos 56 000 kilómetros cuadrados en la desembocadura del Amazonas, según Enrico Marone, geólogo y vocero de Océanos de Greenpeace Brasil.
Se trata de “un gran descubrimiento científico de 2016”, es decir muy reciente y por ende “poco estudiado, en que se debe aplicar el principio de la precaución”, sostuvo Marone a IPS desde Parati, ciudad balnearia a 260 kilómetros de Río de Janeiro.
Greenpeace, la organización ambientalista internacional, promovió una expedición para estudios y registros de imágenes de ese sistema en 2017.
“Además de los arrecifes de corales, la región tiene el más grande cinturón continuo de manglares del mundo, de 7400 kilómetros cuadrados, en el litoral de Amapá a Maranhão”, este un estado entre el Norte y el Nordeste de Brasil, apuntó el activista ambiental.
Las fuertes corrientes oceánicas locales establecen una “conexión ecológica” con el Caribe que puede transportar la eventual contaminación en el mar de Amapá, acotó.
Hay indicios de que el gran aumento de los sargazos en el Caribe e incluso playas mexicanas se debe a los nutrientes presentes en los sedimentos del río Amazonas.
Un posible derrame de petróleo podría provocar un desastre ambiental y humanitario en Amapá, advirtió por su parte Szlafsztein, el profesor universitario. Las carreteras son intransitables en algunas épocas del año, todo el transporte es precario y dificultaría la ayuda o traslado de poblaciones aisladas.
La costa es casi siempre inundable, fangosa, de manglares y no accesible a embarcaciones, sino las pequeñas de pescadores, por ejemplo. Es inadecuada para la construcción de puertos para navíos, especialmente los petroleros, detalló.
De esa forma, “una respuesta de emergencia”, si ocurre un derrame donde la Petrobras quiere hacer su primer pozo exploratorio, tendría que venir del puerto Miramar, en Belém, a más de 500 kilómetros, o 43 horas de navegación, según los estudios del Ibama.
La insistencia de Petrobras en la región se debe al potencial estimado de yacimientos que permitirían la extracción de 10 000 millones de barriles de petróleo, según el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.
Casi se equipara con los 12 000 millones de la capa presal, la gran fuente del crudo brasileño en el mar profundo cerca de la costa de los estados de Río de Janeiro y São Paulo.
Los nuevos estudios que anunció Petrobras para reiterar el pedido de licencia ambiental pueden exigir algunos años más, porque Ibama exige un análisis estratégico, de toda la cuenca o Margen Ecuatorial.
En esa marcha, si se cumplen todos los pasos la producción podría empezar hacia 2035, cuando se supone que será poca o declinante la demanda de petróleo, ante las metas mundiales de reducción de los gases del efecto invernadero para combatir la crisis climática, argumentó el ecologista Marone. (IPS - ED: EG)
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