LIMA – La brecha digital de género es multifactorial en América Latina y mientras los países no enfrenten la discriminación a las mujeres, la desigualdad se va a reflejar en el ecosistema digital dejándolas fuera del acceso a oportunidades y disfrute de sus derechos.
Así se pronunció a IPS Karla Velazco, coordinadora de incidencia política del programa de derechos de las mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), una red internacional de organizaciones de sociedad civil que promueve el uso estratégico de las tecnologías de información y comunicación en países de América Latina, Asia y África.
La pobreza en la región afecta al 32 % de la población, pero con un claro sesgo de género y etnia, al registrar tasas más altas las mujeres y las personas de pueblos indígenas y afrodescendiente, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Esta desventaja, se subraya, impacta en su menor acceso, uso, manejo y control de las nuevas tecnologías en perjuicio de su desarrollo.
Velazco es parte también de Comité Consultivo Permanente de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, desde el que trata de promover el derecho de las mujeres en el acceso a internet y en general a las nuevas tecnologías, explicó por videoconferencia desde su oficina en Ciudad de México.
Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que este año tiene como lema “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”, la especialista llamó la atención sobre la falta de datos centralizados y actualizados sobre este tema que permita a los Estados avanzar con políticas claras.
El estudio de la Cepal, titulado “Digitalización de las Mujeres en América Latina y el Caribe: Acción urgente para una recuperación transformadora y con igualdad” y publicado en 2022, refiere que cuatro de cada 10 mujeres en la región no acceden a internet, con base a 11 países que acreditan información al respecto.
Pero Velazco sostiene que la cifra no aporta aspectos cualitativos ni tampoco aborda la brecha en entornos urbanos y rurales.
“No hay una medición sobre cómo las mujeres están usando las tecnologías y tampoco sobre cómo afectan sus vidas. Vemos por ejemplo mucha violencia digital de género y casi no tenemos reportes”, dijo.
La cifra en todo caso sirvió de referencia para asumir un compromiso de reducir la brecha digital de género, durante la consulta regional realizada en febrero, para fijar la posición al respecto en la 67° reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en inglés) que va a coger la sede de las Naciones Unidas de Nueva York desde este lunes 6 y hasta 17 de este mes de marzo.
Los 11 países cuyos datos hicieron posible el cálculo fueron Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Velazco sostuvo que las mujeres no adoptan a 100 % las tecnologías porque mientras persistan las desigualdades estructurales de género en lo laboral, educativo, económico y social, entrecruzadas además con discriminaciones por la etnia, la posición económica, la orientación sexual o la edad, estas se van a replicar en el espacio digital.
“Como tiene diferentes factores, la brecha digital de género es muy difícil de medir, pero es una responsabilidad que toca asumir a los Estados para que las mujeres no queden excluidas de los avances e innovaciones tecnológicas y por el contrario se beneficien de ello para su empoderamiento y ejercicio de derechos”, remarcó.
Elizabeth Mendoza es abogada y coordinadora legal de la no gubernamental Hiperderecho, institución peruana con 10 años de trabajo en los derechos y libertades en contextos tecnológicos.
“Existen desventajas en el uso y disfrute de internet. Al navegar nos encontramos con situaciones o personas que intentan vulnerar nuestros derechos aprovechándose de la tecnología y es lo que conocemos como la violencia digital de género”, dijo a IPS en una entrevista en la sede de la oenegé en Lima.
Perú cuenta desde el 2018 con el Decreto Legislativo 1410, que reconoce cuatro delitos de violencia de género en línea: acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de contenidos e imágenes audiovisuales a través de medios tecnológicos.
Hiperderecho analizó la eficiencia de la norma y encontró que la ruta de denuncia y atención no se conoce y que la acción del Estado es muy deficiente.
“Muchas personas experimentan violencia de género en línea y no saben que se trata de un delito denunciable; en los casos en que sí se ha hecho la denuncia no es recibida por los efectivos policiales y la fiscalía tampoco tiene la competencia para investigar adecuadamente y llevar a juicio el caso”, refirió la abogada.
Esta situación es así por falta de capacitación a operadores del Estado en el conocimiento y comprensión del delito, en el manejo del enfoque de género para entender la experiencia de vivir la violencia digital y en el enfoque de tecnología para poder investigar y armar el caso.
“Lo que prevalece es que te digan: si te molesta bloquéalo, si tienes un problema cierra tu cuenta. En este tipo de delitos lo que se busca es actuar de forma diligente y rápida porque los agresores eliminan el contenido, el mensaje, la cuenta y nos podemos quedar sin pruebas”, describió.
De los casos que han acompañado el común denominador es la revictimización a la denunciante. “En plena audiencia nos encontramos con un abogado defensor que decía: por qué haces tanto problema si mi defendido tiene un futuro por delante, esto es solo un caso de acoso y está arrepentido. Es complicado denunciar la violencia de género en línea en Perú”, comentó.
Para contribuir a proteger los derechos de las niñas y mujeres en el uso del espacio digital, han creado el centro de autocuidado Tecnoresistencias donde brindan información orientadora para identificar la violencia de género en internet, resistir y saber cómo proceder, y poder denunciar.
Se puede encontrar guías de autocuidado, los modos de la violencia de género en línea y las vías disponibles para la denuncia. También se responde a las consultas.
En el otro lado de la moneda, el positivo, el uso del internet y el acceso a las nuevas tecnologías significó la posibilidad de capear la grave crisis económica y social que el covid-19 acentuó entre un colectivo de mujeres maya de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, al sur de México.
“La pandemia nos dificultó mucho, no teníamos avances en el acceso a la comunicación porque hay poco internet aquí en San Cristóbal de las Casas y nos vimos en la necesidad de aprender”, afirma desde esa localidad Rosy Santiz, mujer maya promotora de derechos y capacitadora.
Ella integra el Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K´inal Antsetik, que en lengua tzeltal significa tierra de mujeres. Surgido en 2014, acompañan a colectivos y una red de cooperativas de mujeres bordadoras y tejedoras.
“Sabíamos manejar el celular, pero para mantener nuestro trabajo teníamos que aprender otros programas como el Zoom. Era difícil, pero la única forma de poder comunicarnos y trabajar desde casa. Aprendimos cómo seguir nuestras reuniones y coordinaciones para continuar difundiendo, porque en la pandemia también seguíamos intercambiando experiencias”, recordó.
En las comunidades donde viven las mujeres que integran los colectivos y la cooperativa es escasa la señal de internet por lo que decidieron capacitarlas en el uso del aplicativo WhatsApp. La directiva que reside en San Cristóbal de las Casas recibe los pedidos de la clientela y los canaliza a las mujeres bordadoras y tejedoras enviando las especificaciones y fotografías por esa vía.
“Al principio solo usaban el celular para hablar, ahora es un medio para enfrentar la pobreza que se agudizó en la pandemia, es una de las ventajas que aprovechamos de la tecnología” expresó. (IPS - ED: EG)
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