Li Junhua, secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, expuso al presentar el informe que “juntos podemos hacer frente a las desigualdades actuales en beneficio de las generaciones futuras, gestionando los retos y aprovechando las oportunidades que brinda el envejecimiento de la población”.

El estudio, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (Desa, en inglés) indicó que 761 millones de personas en todo el mundo tenían 65 años o más en el año 2021, la cifra aumentará a 1600 millones en 2050, y el número de personas con 80 años o más crece aún más rápido. 

El Informe Social Mundial 2023 del Desa reclama medidas concretas para ayudar a la población mundial, cada vez más envejecida, en medio de la escalada de costos de las pensiones y la atención sanitaria.

Las personas viven más tiempo gracias a las mejoras en la salud y las terapias médicas, un mayor acceso a la educación y la reducción de la fertilidad.

En todo el mundo, un niño nacido en 2021 puede esperar vivir, en promedio, hasta los 71 años, y las mujeres vivirán más que los hombres, lo que supone casi 25 años más que un bebé nacido en 1950. 

El Norte de África, Asia occidental y África subsahariana están en vías de experimentar el crecimiento más rápido del número de personas mayores en los próximos 30 años. En la actualidad, Europa y América del Norte, juntas, tienen la mayor proporción de esta población.

En 1980 Suecia era el país con el mayor porcentaje de personas de más de 65 años (16,3 %), seguida de Alemania (15,7), Austria (15,4), Reino Unido (14,9) y Noruega (14,8 %). Pero en 2021 habían sido desplazadas de esos lugares por Japón (29,8 % de su población sobre ese límite de edad), Italia (23,7), Finlandia (22,9), Portugal (22,6) y Grecia (22,5 %). En América Latina y el Caribe, los mayores porcentajes correspondieron a Puerto Rico (22,4 %), y a la isla francesa de Martinica (22,1 %).

Para 2050, China y su región administrativa especial de Hong Kong tendrán 40,6 % de personas mayores de 65 años, seguidas de Corea del Sur (39,4), Japón (37,5), Italia (37,1) y España (36,6 %), y países como Singapur y Kuwait tendrán a más de una tercera parte de su población en esa situación. 

El informe plantea de seguidas la desigualdad en el envejecimiento, pues si el aumento de la esperanza de vida refleja una mejora general de la salud y la educación, no todos se han beneficiado por igual de los cambios. 

En las regiones más desarrolladas, las pensiones y otros sistemas públicos de transferencias aportan más de dos tercios del consumo de las personas mayores. Sus homólogos de las regiones menos desarrolladas tienden a trabajar más tiempo y dependen más de los activos acumulados o de la ayuda familiar. 

Además, el envejecimiento de la población mundial también implica un aumento de la necesidad de cuidados de larga duración, un punto débil puesto de manifiesto durante la pandemia covid-19, y “por desgracia, el gasto público en la mayoría de los países no ha sido suficiente para cubrir la creciente demanda”.

La esperanza de vida está muy influida por factores como los ingresos, la educación, el sexo, la etnia y el lugar de residencia. 

“Algunas combinaciones de estos factores han conducido con demasiada frecuencia a una situación de desventaja sistémica que comienza en los primeros años de vida”, señalaron los autores del informe.

También advirtieron de que, sin políticas que las eviten, esas desventajas se refuerzan unas a otras a lo largo de la vida, causando disparidades enormes en la vejez.

Como consecuencia, peligran los avances hacia la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, expresamente el ODS10 sobre reducción de las desigualdades.

El informe recomienda que los países se replanteen las políticas y prácticas asociadas a los medios de vida y el trabajo, y reconoce que muchos gobiernos ya están introduciendo oportunidades de aprendizaje permanente, así como reforzando y aprovechando al máximo las plantillas intergeneracionales. 

También están introduciendo edades de jubilación flexibles para dar cabida a un amplio abanico de situaciones y preferencias personales. 

“Uno de los principales retos es mantener la sostenibilidad fiscal de los sistemas públicos de pensiones, garantizando la seguridad de los ingresos de todas las personas mayores, incluidos los trabajadores del sector informal”, dice el informe.

Otra cuestión crucial es “ampliar las oportunidades de trabajo decente para las mujeres y otros grupos tradicionalmente excluidos del mercado laboral formal”. (IPS - A-E/HM)