Las barreras para la participación y la representación de las mujeres en su diversidad en la política siguen vigentes e impiden que lleguen a ser parte de las distintas ramas del poder. En los espacios donde se ha visto un avance cuantitativo en la participación, no ha significado una representación que abogue por los derechos de las mujeres en su diversidad. Estas barreras permean las estructuras de las instituciones y se traducen en falta de acceso a recursos, acceso limitado a cargos de poder debido a la división sexual del trabajo y hasta Violencias Basadas en Género.

Cada 4 años, antes de la culminación de cada gobierno, las expectativas crecen frente a quienes compondrán la nueva administración y cuál será su enfoque. Idealmente, quienes votan, discernirán entre las y los candidatos dependiendo de sus propuestas de desarrollo nacional e ideales políticos y gustos personales.

En las pasadas elecciones presidenciales se eligió a un presidente de izquierda y a la primera vicepresidenta negra, Francia Márquez para el periodo 2022-2026. A pesar de que ella y otras mujeres fueron precandidatas presidenciales, su rol en el tarjetón final se vio relegado a ser la fórmula vicepresidencial de un hombre, mostrando que el país parece no estar listo para elegir a su primera presidenta.

De hecho, a septiembre 2022 de 195 solo hay 28 países con una mujer en cabeza de Estado y/o gobierno según ONU Mujeres (2022). Ahora bien, liderar un país no es el único indicador de participación y representación de las mujeres, en su diversidad, en la política. En los puestos ministeriales se ha visto un aumento de su participación, según el Global Gender Gap (2022) se pasó de 9.9% a 16.1% entre 2006 y 2022. Sin embargo, a ese ritmo la paridad aún está muy lejos y en países como Colombia donde las mujeres, en su diversidad, ocupan la mitad de los cargos ministeriales, la división sexual del trabajo y los estereotipos de género aún permean los ministerios que tienen a su cargo. Tal es el caso de los Ministerios de Agricultura, Ambiente, Cultura, entre otros, roles que históricamente se han asociado con lo femenino; mientras Ministerios de Defensa, Hacienda, del Interior y de Justicia han sido delegados mayoritariamente a hombres. Donde los ministerios de Defensa y de Hacienda nunca han tenido una mujer en su diversidad a cargo desde su creación.

La participación de las mujeres, en su diversidad, en la esfera política no es solo clave para alcanzar la paridad, sino que muchas veces también lo es para que las instituciones tengan en cuenta sus necesidades y respondan a ellas. Esto es algo que la ministra del Trabajo hizo al anunciar la ampliación de programas que reparan a mujeres víctimas del conflicto en Chocó o cuando junto con la Alcaldía de Bogotá lanzó un programa de empleo inclusivo para poblaciones vulnerables entre las que se encuentran las mujeres. Sin embargo, ¿se puede decir que el hecho de que una mujer esté al frente de un ministerio o en un cargo de elección popular significa que esta impulsará políticas y programas que beneficien a las mujeres en su diversidad?

No necesariamente. Aunque es ideal que la ruta de acción del gobierno tenga en cuenta un enfoque de género e interseccional, la responsabilidad de impulsar programas con dichos enfoques no debería recaer exclusivamente en las mujeres que ocupen cargos ministeriales o de elección popular. Así como tampoco se puede asumir que, por el hecho de ser mujeres, quienes logran ocupar cargos de poder deben representar una agenda feminista.

En el caso de la rama judicial y particularmente la Corte Constitucional, quienes fungen como magistrados y magistradas responden a procesos de elección diferentes a los de elección popular. Las mujeres que han sido parte de la Corte Constitucional no han buscado, en la mayoría de los casos, posicionar una agenda de mujeres o feminista en el desarrollo de su labor. Sin embargo, algunas han orientado su trabajo a la garantía de los derechos constitucionales de las mujeres, en su diversidad en Colombia.

Tal es el caso de la sentencia de la Corte que permitió la despenalización del aborto para todas las causales hasta la semana 24 del embarazo, representando un hito para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en su diversidad en Colombia. La decisión fue tomada tras la votación de los y las magistradas con 5 votos a favor y 4 en contra, de las 4 mujeres magistradas de la Corte en ese entonces 3 votaron en contra y solo una a favor. Esto muestra que no basta con la participación de las mujeres en su diversidad en estos espacios, sino que hay que aspirar a que haya una representación que abogue por sus derechos teniendo en cuenta que se está legislando, y en otros casos gobernando, bajo los principios fundamentales de la Constitución que incluyen que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley por lo que deben recibir la misma protección.

En las elecciones al Congreso los mismos partidos políticos y sus listas suponen retos para la participación de las mujeres. Este nuevo Congreso conformado en un 30% por mujeres, en parte gracias a la lista cremallera del Pacto Histórico, ya ha empezado a radicar proyectos de ley sobre asuntos de género. Entre ellos se encuentran la llamada Ley de los 1000 días que pretende proteger la salud de las personas gestantes y los tres primeros años de vida de los niños y niñas. También está la denominada Ley de paridad que abordaría ese problema en las listas para el Congreso pues los partidos tendrían que inscribir listas cerradas y con alternancia de género.

Otro de los retos que enfrentan las mujeres es el acceso a recursos para financiar sus campañas, en un estudio realizado por Transparencia por Colombia (2022), se identificaron cinco barreras en el acceso a recursos para el financiamiento político de las mujeres: i) poca destinación de recursos, ii) poca claridad sobre la destinación iii) desigualdad en el acceso a los recursos iv) menor destinación por parte del sector privado v) menor apoyo por parte de los partidos y movimientos para las campañas de las mujeres. Esto quiere decir que las candidatas tienen que invertir más incluso cuando tienen menos acceso a donaciones, créditos y otros beneficios que el sector privado, los partidos y movimientos ofrecen a los hombres. Estas brechas al interior de los partidos se traducen en brechas en la participación y en la representación al momento de las elecciones. Quienes logran superar dichas brechas y pueden ocupar los ministerios, los escaños en el Congreso, las cortes, las alcaldías y hasta la vicepresidencia se enfrentan a otra serie de retos ligados con la división sexual del trabajo, las violencias de género y los estereotipos y roles de género

El acoso laboral, las faltas de respeto, los comentarios sexistas, las críticas a su forma de vestir, de hablar y de comportarse son ejemplo de las Violencias Basadas en Género que enfrentan las mujeres, en su diversidad, en la política. En la Corte Constitucional, en 2019 Gloria Ortiz la entonces presidenta lideró un estudio que evidenciaba el acoso laboral y sexual dentro del alto tribunal. En el Congreso la falta de respeto y los comentarios sexistas hacen muchas veces parte de la plenaria, en el debate sobre el Ministerio de la igualdad se argumentó en contra de este con comentarios sexistas que criticaban entre otros los méritos de las mujeres.

A pesar de todas esas barreras, las mujeres, en su diversidad, siguen abriéndose paso en la política y siguen ganando terreno en la protección de sus derechos. El 2022 trajo consigo a la primera vicepresidenta, un gabinete paritario, el porcentaje más alto de mujeres electas en el Congreso, una Corte Constitucional con mayoría mujeres y la despenalización del aborto, entre otros avances y proyectos de ley que buscan reducir y transformar las inequidades y violencias de género en el país la Esto fortaleció la participación y representación de las mujeres, en su diversidad, en la política colombiana y abrió la puerta a que en un futuro las cifras sigan creciendo y que la idea de tener la primera presidenta de la República no sea solo utópica. (El Espectador)