Transcurrido un mes desde las elecciones, el presidente Jair Bolsonaro todavía no ha admitido abiertamente la derrota ni felicitado al vencedor, Luiz Inácio Lula da Silva. El 1 de enero está prevista la toma de posesión. El izquierdista regresará al poder como líder de una alianza que abarca de la ultraizquierda al centro derecha, exactamente 20 años después de convertirse en el primer obrero en la jefatura del Estado.

Bolsonaro, que perdió por dos millones de votos (1,8 puntos), ha estado casi todo este tiempo enclaustrado en su residencia y sumido en el silencio, que ni siquiera rompió el pasado sábado al reaparecer en un acto oficial en la academia militar donde se formó durante la dictadura. Tras esa imagen de aparente parálisis, el presidente saliente ha cuestionado por dos vías el resultado oficial, reconocido por la mayoría de líderes de todo el mundo. Alentó las protestas golpistas de sus seguidores más radicales, obviando que reclaman un golpe de Estado para impedir que el ganador de unas elecciones limpias asuma el poder. La otra vía fue impugnar el resultado ante el Tribunal Superior Electoral. El recurso carecía de base jurídica, según el juez, que le acusó de litigar de mala fe e impuso una multa millonaria a su partido, el Partido Liberal.

La buena noticia es que, pese a estas maniobras bolsonaristas para deslegitimar el resultado, el traspaso de poderes entre los equipos de Lula y Bolsonaro transcurre por los cauces legales con normalidad. Pero la actitud del todavía mandatario da alas a movilizaciones a veces radicalizadas. Las protestas golpistas en varias ciudades y los cortes violentos de carreteras en el corazón agrícola del país son una afrenta a la voluntad popular expresada en las urnas electrónicas y contribuyen a enrarecer el ambiente político en un país que, como mostraron las elecciones, está dividido en dos mitades.

Nadie espera ya que el presidente admita de palabra su derrota. También es un misterio si Bolsonaro cumplirá el protocolo y colocará la banda presidencial a su sucesor. Pero, por el bien del país, debería abandonar su estrategia actual, dejar de sembrar el caos, propiciar que sus fieles se replieguen y prepararse para ejercer la oposición a partir del 1 de enero cuando, además, dominará el Congreso. Lamentablemente, su trayectoria de las últimas tres décadas en política no deja espacio para el optimismo. La veteranía y el temple de Lula frente a la actitud irresponsable de su rival son un activo ante este conflicto latente que debería quedar enterrado cuanto antes. (Reuters)