La clase política en el Reino Unido se toma muy en serio la Monarquía como institución medular que es de todo su sistema político. Y, a diferencia de la dejadez absoluta que por ejemplo en España muestran nuestros legisladores acerca de toda regulación que afecta a la Corona, en Londres se preocupan por evitar agujeros legales indeseables.

Y, así, cuando no se han cumplido todavía los 100 días en el trono del rey Carlos III, en el Parlamento de Westminster se afanan en la modificación de la Ley de Regencia en vigor, aprobada en 1937. En concreto, la intención es dar luz verde al proyecto de ley sobre consejeros de Estado que vendría a solucionar el primer problema político con el que se ha topado el nuevo monarca desde su ascensión a la Jefatura de la nación, esto es, quién le puede sustituir como regente del reino en los supuestos que contempla la legislación.

La regencia no sólo contempla supuestos tan extremos como la muerte de un soberano mientras su heredero es menor de edad, o la incapacidad absoluta para el ejercicio de las funciones del rey. Está prevista también para situaciones muy habituales, como los viajes largos al extranjero del monarca, que obligan a que en el Reino Unido alguien pueda desempeñar la regencia, o episodios de enfermedad leve que incapaciten al soberano para desarrollar determinados actos. Esto último sucedió en muchas ocasiones en los últimos años de la vida de la longeva Isabel II.

La Ley de Regencia hoy contempla que cinco miembros de la familia real pueden ser llamados para tal función: el consorte del soberano, en este caso la reina Camila; y los cuatro miembros mayores de edad situados en los primeros puestos del orden sucesorio al trono, que a día de hoy son el príncipe Guillermo, su hermano el príncipe Harry, el príncipe Andrés y la hija mayor de éste, la princesa Beatriz.

No hace falta ser ningún lince para percatarse del problema. Harry se ha convertido en el hijo díscolo que, junto a su mujer Meghan Markle, está enfrascado en una cruzada contra la Monarquía desde su autoexilio estadounidense, lo que le deja completamente fuera de juego para desempeñar una función institucional tan importante. Y otro tanto ocurre con Andrés. Al defenestrado duque de York, que siempre le acompañará la mancha del escándalo de supuestos abusos sexuales, su propio hermano, el rey, le advirtió recientemente que jamás será restituido en la Corona. Son pocos, por lo tanto, los regentes en el banquillo. Y las prisas han llegado con los planes de Buckingham en marcha para 2023 que contemplan que Carlos y Camila, por un lado, y Guillermo y Catalina, por otro, realicen largos viajes al extranjero en una indisimulada campaña de reactivación de la institución sobre todo en el seno de la Commonwealth.

SOLICITUD DE CARLOS III

El mismo rey solicitó semanas atrás al Parlamento para que se pusieran manos a la obra y legislaran sobre el asunto. Y en Westminster tardaron menos que nada en recoger el guante. Todas las comparaciones resultan odiosas, ya se sabe. Que imagine alguien aquí al Rey Felipe instando a los políticos a modificar por ejemplo la anacrónica prevalencia del varón en el orden sucesorio, y el caso que le harían en la Carrera de San Jerónimo.

La Cámara de los Lores inició la tramitación del mencionado proyecto de ley planteando ampliar a siete los posibles regentes para que, a petición de Carlos III, se incluya en la lista a sus leales hermanos Ana y Eduardo. No se contempla dejar fuera a Harry y Andrés, aunque de prosperar la reforma se sobreentendería que jamás ejercerán de sustitutos reales.

La semana pasada concluyó la segunda lectura del proyecto de ley en la Cámara Alta, que ahora pasará a la Cámara de los Comunes para proseguir la tramitación. Robin Janvrin, uno de los lores, que fue secretario privado de Isabel II entre 1999 y 2007, aprovechaba su turno en la sesión parlamentaria para justificar la necesidad de la adecuación de la norma, con un símil futbolístico en pleno Mundial: «La incorporación del conde de Wessex y de la princesa real le dará al banquillo (de la Corona) la fuerza y la profundidad que tanto necesita».

Los consejeros de Estado pueden sustituir al rey en la apertura solemne del Parlamento, en la firma de determinados documentos oficiales o en la celebración de reuniones del Consejo Privado, entre otras funciones. Tienen, en cambio, vedadas tareas constitucionales que son prerrogativa exclusiva del monarca.

DISCRIMINACIÓN POR RELIGIÓN

El debate está poniendo sobre la mesa otras cuestiones que van más allá de los nombres propios. Por ejemplo, pese a que la Ley de la Regencia de 1937 se ha enmendado varias veces, hoy siguen sin poder ser consejeros de Estado los católicos, tal como quedó establecido en el siglo XVIII. Y ello aunque en 2012 se reformó la ley sucesoria del Reino Unido para acabar con la discriminación por razón de sexo y, entre otras cosas, permitir que los herederos al trono pudieran casarse con católicos sin perder sus derechos. Hoy, paradojas, si Camila volviera a abrazar la fe de Roma podría seguir siendo reina, pero no regente del reino.

Gran Bretaña ha contado con numerosas actas de regencia desde principios del siglo XVIII, aunque hasta 1937 se aprobaban para cuestiones puntuales. Fue ese año cuando, con Jorge VI -y con la princesa Isabel como heredera- en el trono cuando se estableció la Oficina de Consejero de Estado. (AP)