El futuro de Cristina Kirchner y de Sergio Massa es kármico. Una sucesión de hechos que comenzarán en enero y llegarán a su punto máximo en junio próximo les darán forma a las limitaciones con las que el Frente de Todos recorrerá el peligroso año electoral. Se trata de dificultades ignominiosas: en el caso de la vicepresidenta, el Gobierno trastabillará con la principal bandera del kirchnerismo, mientras que el ministro les verá las caras a los demonios que sacaron de carrera a Martín Guzmán y lo colocaron en su actual sillón.

Todo surge de una gran fábula kirchnerista. La vicepresidenta insiste, siempre que puede, en que su gestión desendeudó a la Argentina. En la práctica, es una apropiación de los resultados de Néstor Kirchner. Las cifras, en cambio, muestran que lo que dice Cristina Kirchner no es cierto.

Alberto Fernández siguió el manual de su compañera de fórmula. Bajo el lema del desendeudamiento, tomó cada vez más dinero prestado desde que llegó a la Casa Rosada. Por sus propias decisiones, el Frente de Todos es ahora la víctima de eso mismo que le criticaba a Mauricio Macri.

Casi todas las alternativas que tiene por delante son malas. Implican reconocerles a sus prestamistas una ganancia extraordinaria, impropia de un gobierno nacional y popular, aceptar la inundación de pesos que alimentarían el temor a una hiperinflación o deteriorar aún más la contabilidad del Banco Central. Esta última es una jugada riesgosa: un pedido de auxilio desmedido a Miguel Pesce podría recordarles a los depositantes bancarios algunas de las peores experiencias de principios del menemismo.

Envuelto en el temor a una explosión financiera de consecuencias desastrosas, el Ministerio de Economía trabaja en una nueva alternativa que implicaría una rareza para la Argentina. Se trata de alcanzar un acuerdo con la oposición, tácito o expreso, pero práctico al fin, para transitar los meses más turbulentos de la próxima campaña presidencial sin patear los hormigueros más peligrosos de la economía. De concretarse, se rompería una tradición incendiaria que tiene como último eslabón a Alberto Fernández, cuyas declaraciones tras el triunfo en las primarias de 2019 aceleraron la devaluación que pagó políticamente Macri.

Eduardo Setti es el secretario de Finanzas. Quizá nadie en el Gobierno piense en el mediano plazo más que él. En parte, no tiene otra alternativa. Enfrentará vencimientos de deuda por $10,4 billones, según cifras privadas, desde el primer día del año próximo hasta las elecciones.

El calendario de vencimientos puede desatar un juego perverso de efectos complejos para todas las fuerzas políticas. El momento de mayor estrés financiero el año próximo ocurrirá en julio, poco antes de las elecciones primarias, con un ticket de casi $1,7 billones. En ese punto, Massa puede no depender de sí mismo, sino de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o cualquier otro candidato opositor con chances de ganar las elecciones, según las encuestas, siempre que eso crea el mercado.

Es la maldición de los estímulos que manejan el sistema político. Si los rivales del kirchnerismo dijeran que en el futuro revisarán la deuda que tomaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner, desatarían un dominó que podría terminar en la fuga de capitales, provocar una suba explosiva del dólar paralelo y agregar presión a una eventual devaluación oficial. Eso, además, les traería un beneficio electoral: con variables económicas desbordadas, caen las chances del oficialismo.

El ejemplo histórico más cercano de prácticas similares es el Frente de Todos. En 2019 Alberto Fernández fogoneó que la deuda con el FMI era criminal y anticipó una renegociación con los acreedores privados. El cataclismo que desataron sus palabras golpeó al gobierno de Cambiemos.

En la vereda de enfrente, si la oposición sostuviera que es necesario generar confianza en el sistema financiero argentino, favorecería la renovación de deuda que condicionará al Gobierno el año próximo.

La estrategia que madura en el equipo de Sergio Massa tiene que ver con el último punto. Están convencidos de que lo que debe renovar la Argentina no es el problema, sino las fechas de pago. Es decir, su perfil. Si los mismos compromisos de 2023 estuvieran repartidos en los próximos tres años, el problema sería mucho menor. Es el intercambio tácito que esperan que ocurra en los próximos meses: Finanzas intentará concretar el ambicioso objetivo de extender vencimientos más allá de las elecciones, algo que despejaría algunos de los muchos problemas que enfrentará el gobierno siguiente. A cambio, espera una paz de declaraciones en la etapa proselitista.

Hay testimonios que ilusionan a los funcionarios de Massa. Durante uno de sus últimos pasos por el Congreso, Setti respondió a consultas de colegas que militan en el bando contrario. Estaban, por ejemplo, Martín Lousteau, Martín Tetaz (Evolución) y Luciano Laspina (PRO), uno de los principales referentes de Patricia Bullrich. El funcionario creyó escuchar en sus palabras algo similar a lo que él piensa.

Hay otros puentes. El propio Setti es amigo de Juan Manuel Pichetto, hijo de Miguel, con un rol activo en Juntos por el Cambio. Algo similar le pasa a Guillermo Michel, que trabajó con el excandidato a vice de Mauricio Macri y tiene una ingerencia en la gestión de Massa que excede a su jefatura en la Aduana. Además, Lisandro Cleri mantiene diálogos descarnados con Carlos Melconian cada vez que lo necesita. Por encima de todos ellos está el propio Massa. El ministro de Economía ha levantado el teléfono en el pasado cercano para destrabar situaciones complejas con la deuda. Lo volverá a hacer en el futuro.

El equipo económico cree tener otra carta en el bolsillo para sellar la paz con la oposición. Hoy, la Argentina no tiene abiertas otras alternativas de financiamiento, como el endeudamiento externo o la ventanilla del Fondo Monetario. Un comportamiento temerario terminaría por destruir el mercado doméstico de deuda, casi el único al que podrá acceder el próximo presidente y el que pide desarrollar el FMI.

El plan B es seguir usando al Banco Central como red para amortiguar eventuales caídas en las licitaciones de deuda que se harán todos los meses. El problema es que el organismo que maneja Miguel Pesce llega con los músculos cansados. Hasta el martes pasado, tenía pasivos remunerados (Leliq) por $7,2 billones. Esa deuda equivale al 9,1% del PBI de los últimos 12 meses. Massa no quiere exagerar con ese oxígeno, porque del otro lado está la tranquilidad de los depositantes.

El macrismo, en llamas

Pocas cosas desatan un fastidio mayor en Juntos por el Cambio que el manejo de la deuda del Frente de Todos, sobre la cual tienen un diagnóstico lapidario. A tal punto que nadie en ese espacio descarta que le pueda costar el puesto al ministro en el futuro.

Un dirigente de contacto cotidiano con Mauricio Macri, Horario Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich lo puso en estos términos: el Gobierno se pasó los primeros dos años echándole la culpa de los problemas a la herencia que dejó la oposición, y los dos siguientes pidiéndoles responsabilidad a sus rivales políticos por las decisiones que tomó la Casa Rosada.

Las espadas económicas de Juntos por el Cambio ya definieron qué dirán en el momento más crítico. No mentirán diciendo que el problema no existe, pero tampoco lo gatillarán asegurando que la situación es insalvable. Podrían hacerlo. Medida en dólares, el kirchnerismo desendeudador incrementó en US$70.809 millones la cuenta a pagar de la Argentina, por encima del polémico crédito con el FMI (US$44.000 millones). Como sea, es una posición con sabor a poco para el oficialismo.

Pese a todo, el ministro mantiene el entusiasmo enfocado en objetivos individuales de corto plazo. Tendrá su día de gloria entre el 28 de noviembre y el dos de diciembre próximos. Son las fechas estimadas en las que se cerrará con Estados Unidos el acuerdo para intercambiar información financiera. Faltan resolver cuestiones burocráticas. Entre ellas, si lo firmará un emisario directo del Departamento del Tesoro norteamericano o ese país le dará mandato al embajador Marc Stanley para hacerlo.

Massa se entusiasma con que ese mediomundo le permitirá pescar cuentas no declaradas de argentinos en el exterior que aumenten la base imponible de la Argentina. Espera que tras el anuncio de los próximos días, comience la temporada alta de los estudios contables. Se entusiasma con una rectificación masiva de declaraciones juradas que mejorarán el perfil fiscal de su gestión el año próximo por mayores ingresos a través de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Son las cosas que mejoran la química entre el ministro de Economía y la vicepresidenta. Cristina Kirchner baja desde hace tres años el mensaje de que la deuda con el FMI la deben pagar quienes “la fugaron”. Massa irá en la búsqueda de los dólares en el exterior, como quiere la socia mayoritaria del Frente de Todos.

Hay otras decisiones que la liturgia oficial aún no puede revestir con épica. El manejo de la inflación, por caso, continuará con un recorte moderado en el gasto público. A tal punto depende el ministro de su costado ortodoxo que esta semana aplicó un giro en su conducta: comenzó a hacerle propaganda al ajuste, cuando hasta hace poco reducía partidas a escondidas.

En paralelo, seguirá el desgastante control uno a uno de un universo reducido de precios con mensajes de WhatsApp a grandes empresas. Es un trabajo del secretario de Comercio, Matías Tombolini. El miércoles pasado les tiró de las orejas a compañías que habían cambiado el tamaño de algunos de sus productos para esquivar los acuerdos a los que se habían comprometido.

Massa se encamina cada vez más a administrar un modelo dominado por la escasez. La economía crecerá el año próximo mucho menos que en este por las altas tasas de interés, la devaluación del peso y un contexto internacional que le jugará en contra. Son condimentos inconvenientes en un año electoral. Los comicios, a su vez, le agregarán otra dosis de incertidumbre al país que retroalimentará los factores negativos anteriores.

Hay más muestras de los límites incómodos entre los que se mueve el ministro. El viernes anunció la reapertura del denominado dólar soja II a cambio de que el campo acerque sus dólares. Se trató de una decisión que le desaconsejaron algunos de sus colaboradores, no sólo porque deteriora al Banco Central e incrementa la deuda, sino porque le quita al ministro capacidad de sorpresa. La necesidad, sin embargo, fue más fuerte que las inconveniencias.

El oscuro panorama de cara al año próximo les hace perder la timidez a figuras que hasta hace poco estaban recluidas y les generarán nuevos problemas narrativos al Gobierno. Martín Guzmán dejó pasar cuatro meses y medio para volver a hablar. Lo hizo con críticas durísimas a Cristina Kirchner y a su hijo, Máximo. Ambos lo acusan de haberles mentido en ciertos detalles del acuerdo con el FMI, una posición que también sostiene el propio Massa, que tuvo una explosión de enojo tras la entrevista que le hizo Alejandro Fantino a Guzmán. El ministro cree que Guzmán dejó una situación caótica.

Guzmán no solo niega todo lo anterior. También está dispuesto a defenderse. Sus colaboradores le prepararon un detallado informe en el que señalan todas y cada una de las veces que el exministro dio detalles en público sobre las cosas de las que luego el kirchnerismo dijo que no estaba enterado. En una de esas ocasiones, sostiene ese trabajo, estaba al lado de la vicepresidenta.

Es posible que el exministro de Economía tenga pruebas más incómodas para sus principales detractores. Quienes formaron parte de su equipo aseguran que en su teléfono todavía están los mensajes en los que les envió el último acuerdo con el FMI al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a un secretario de Cristina Kirchner días antes de que se difundiera públicamente.

La reaparición de Guzmán, que anhela seguir trabajando dentro del peronismo, es toda una alegoría de las dificultades de la Argentina. Después de todo, Massa está poniendo el máximo de los empeños para que algunas cifras, como la inflación, vuelvan el año próximo a los niveles que tenían cuando su cargo lo ocupaba el denostado exministro. (La Nación por Pablo Fernández Blanco)