El reciente informe del Indec “Indicadores de condiciones de vida” para 31 aglomerados urbanos del primer semestre de este año presenta datos alarmantes. El 50,2% de los argentinos que viven en las principales ciudades del país no accede al menos a algún servicio de gas de red, desagües cloacales y agua corriente. La realidad de la pobreza e indigencia de los argentinos es más profunda, ya que la muestra no incluye el resto de los conglomerados urbanos y las zonas rurales, que se brindarán cuando termine el procesamiento del reciente censo de población, que indicarían una situación aún más grave.

El Estado populista no realiza suficiente infraestructura social y resulta ineficiente para focalizar inclusive en las zonas urbanas con la calidad y eficiencia de sus servicios públicos para sacar a millones de argentinos de la pobreza estructural.

El refuerzo alimentario para adultos sin ingresos de $45.000 (mal llamado IFE 5) alcanzaría a solo 900.000 personas, de acuerdo a los cálculos del propio Gobierno. Sin embargo, los requisitos son tan exhaustivos y excluyentes, que gran parte de los pobres (y, peor aún, indigentes) no sería alcanzada por este parche compensatorio de política social.

Aun con un Estado populista competente que cumpla con sus propios objetivos, se llegaría a focalizar solo al 8,5% de los pobres, que representan 10,6 millones de personas, y a solo 34,6% de los 2,6 millones de indigentes. Pero, más aún, la situación es mucho más grave, ya que nuevamente los indicadores oficiales de pobreza por ingresos refieren solo a 31 aglomerados urbanos.

La inoperancia en la política social del presente Gobierno no es nueva. Durante la cuarentena más larga del mundo, la incompetencia del Estado populista se demostró no solo en la incapacidad de organizar una mera cola de jubilados a comienzos de la pandemia, sino también en la focalización del gasto de asistencia Covid a la población vulnerable que el Gobierno dice representar.

De acuerdo al análisis realizado en esta misma columna durante 2020, el subsidio IFE abonado a los monotributistas (A y B y monotributo social) fue de solo 0,2% del PBI, según Indec, cuando se habría previsto un gasto del 0,9% para alcanzar al 20% de la población. Sumando los tres IFE otorgados al resto del gasto asistencia económica Covid (ATP, créditos a tasa cero y exenciones impositivas) fue del 3% del PBI según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), mientras que en la región fue muchísimo más alto. Por ejemplo, Chile superó el 18% del PBI, además de los retiros de los ahorros para jubilación de las cuentas de los chilenos, de más de US$50.000 millones.

A ello debe sumarse el desgraciado episodio del gasto en alimentos para las familias vulnerables del Ministerio de Desarrollo Social, que significó cuando menos el despilfarro e ineficiencia de gasto público a precios mayores que los de mercado, e inclusive superiores al programa oficial de Precios Cuidados. El despilfarro y la ineficacia evitan efectividad, capilaridad y ampliación de la cobertura del gasto social a una mayor porción de la población vulnerable.

El presente Gobierno deja como herencia un Estado burocrático dirigido por militantes, que, a pesar del ejercicio normal de las tareas de su planta de trabajadores, resulta incapaz de ejercer eficazmente siquiera el populismo. (La Nación por Ariel Coremberg)