La Argentina necesita aumentar fuertemente la inversión privada –local y extranjera– para lograr un crecimiento sostenible y marcar un punto de inflexión en el proceso de decadencia productiva que lleva décadas. Pero la mayoría de la dirigencia política no sólo se empeña en ignorarlo, sino que actúa en sentido contrario y ahuyenta potenciales inversiones.

Con el correr de los años, ha desarrollado un culto a la imprevisibilidad macro y microeconómica. No pasa una semana sin que surjan barquinazos y sobresaltos que se asemejan al recorrido del “tren fantasma” de los antiguos parques de diversiones.

Lo único previsible es el resultado: las políticas pendulares; los cambios de reglas; la creciente presión tributaria; los congelamientos de precios y tarifas; subsidios generalizados o discrecionales; múltiples tipos de cambio; cepos a la importación; prohibición de transferir utilidades y un sinnúmero de etcéteras, frenan a empresas y empresarios que invertirían a largo plazo en condiciones normales. O, peor aún, expulsan virtualmente a las compañías internacionales o empresarios que pueden hacerlo en otros países de la región sin el prontuario argentino de crisis recurrentes.

En este contexto, la decisión del grupo italiano Enel de desprenderse de sus activos en la Argentina (y también en Perú), para concentrarse en el sector eléctrico de Brasil, Chile y Colombia, es producto de las situaciones de inseguridad jurídica, económica, cambiaria y financiera que vienen de arrastre desde hace décadas y sólo en los últimos tres años ya provocaron la salida del país de una veintena de compañías y/o su venta a empresas locales. Ahora un banco se ocupará de buscar compradores para su distribuidora Edesur, las centrales térmicas Dock Sud y Central Puerto y la hidroeléctrica El Chocón.

También es una muestra del péndulo de las políticas aplicadas en el sector energético, en este caso, con un servicio público. Cuando en 1992 el gobierno de Carlos Menem dispuso la privatización de Segba, la distribución de electricidad fue dividida en tres compañías: Edenor, Edesur y Edelap (La Plata), con una concesión por 95 años que además incluyó sus unidades de generación. Era una demanda de la sociedad, harta de cortes y apagones, así como del mal servicio de otras empresas estatales.

Si bien el monopolio de Segba se transformó en un duopolio en el AMBA (Edenor y Edesur) regulado por el ENRE, la eficiencia mejoró sustancialmente porque el entonces secretario de Energía (Carlos Bastos) introdujo un sistema de competencia en los precios mayoristas de generación, que incluso fue replicado en el Reino Unido. Hasta que diez años más tarde, la explosión de la convertibilidad y el 1 a 1 con el dólar obligó a suspender los contratos que hubieran triplicado las tarifas. Luego siguió el congelamiento tarifario a lo largo de los 12 años de gestión de Néstor y Cristina Kirchner, junto con los subsidios masivos para abaratar la energía y estimular el consumo, que en 2015 desembocaron en una triple crisis (energética, cambiaria y fiscal). Mauricio Macri intentó corregirla con fuertes ajustes tarifarios que impulsaron la inflación, aunque debió recurrir al congelamiento antes de las elecciones de 2019. Y Alberto Fernández, que volvió a intervenir por ley los entes reguladores, lo mantuvo hasta la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía en medio de otra triple crisis. Esta vez, agravada por la suba de precios internacionales del petróleo y gas natural licuado importado a raíz de la guerra de Rusia y por la falta de un gasoducto troncal que hubiera permitido aprovechar la mayor producción en Vaca Muerta.

Durante todo ese lapso, las tarifas eléctricas reguladas por el ENRE en el AMBA (donde se concentra el mayor número de población y de votantes), fueron mucho más bajas que en el interior del país, obviamente por razones políticas. A su vez, las concesiones fueron cambiando de manos hasta desembocar en “especialistas en mercados regulados”, como los había definido el extitular de Repso, Antoni Brufau cuando en 2008 cedió el management de YPF al grupo Eskenazi, con un préstamo atado a las utilidades de la petrolera privatizada en 1994 y reestatizada parcialmente (51%) en 2012, que le costó al Estado US$5000 millones y un juicio aún pendiente en los tribunales de Nueva York.

En Edenor, EDF (Electricité de France) vendió en 2005 sus acciones a Marcelo Mindlin, que en 2020 las transfirió por US$100 millones al grupo EdelCo (José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti) sin experiencia en el sector eléctrico y allegado a Massa. En Edesur, los grupos chilenos Enersys y Chilectra, asociados inicialmente con Perez Companc, vendieron en 1999 su mayoría accionaria a la española Endesa, que diez años después fue adquirida por la italiana Enel, que debió endeudarse por el atraso tarifario y ahora deja el país.

Por lo poco que se sabe, las centrales térmicas de la zona portuaria podrían encontrar interesados. En cambio, el proceso será más lento y complejo para Edesur, que en los últimos tres años tuvo un ajuste de tarifas de 31%, diez veces inferior a la inflación acumulada, que complica futuras inversiones en mantenimiento y la expone a multas del ENRE por cortes de suministro en el verano. Las dos distribuidoras del AMBA (al igual que otras provinciales), cubrieron de hecho el atraso tarifario dejando de pagar la electricidad a Cammesa, la operadora del mercado mayorista. Así, acumularon una deuda de $200.000 millones que ahora será refinanciada a ocho años, según la ley de presupuesto 2023. Además, habrá una revisión tarifaria integral en el próximo verano, ya que los últimos ajustes no incluyeron al segmento de distribución y transporte. Mientras tanto, lo que los usuarios se ahorraron de pagar en sus facturas terminaron pagándolo con una inflación de tres dígitos anuales.

Más complicada será la venta de El Chocón. No sólo porque en 2023 vencen las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue, privatizadas en 1993 tras la disolución de Hidronor. También porque el senador Oscar Parrilli –subordinado a Cristina Kirchner– acaba de presentar un proyecto de ley para transferir el 51% a la estatal Enarsa, manejada por el kirchnerismo y asociar a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Otra iniciativa electoralista que en sus fundamentos confunde los contratos de concesión con el (des)manejo de la política energética, al señalar que la hidroelectricidad redujo su participación de 43 a 25% del total generado en ese período.

Por si la inseguridad jurídica y económica no fueran suficientes para ahuyentar nuevas inversiones privadas, el presupuesto para 2023 apunta a reconstruir poco a poco el esquema de Estado empresario de los ‘70 y los ‘80 aunque no haya recursos genuinos para financiarlo. Como lo señaló esta columna hace dos semanas, la ley exime del pago de derechos de importación, impuestos y tasas no sólo a Enarsa, sino a otras empresas públicas o con mayoría estatal, cuyos responsables tampoco se hacen cargo de sus déficit. No en vano el economista estadounidense Jeffrey Sachs señaló esta semana, en las jornadas del Banco Central, que “nadie confía en la Argentina” por su prontuario de incumplimientos de contratos. (La Nación por Néstor O. Scibona)