La máxima autoridad electoral de Brasil ha querido enviar este miércoles por la noche un mensaje contundente al presidente Jair Bolsonaro por basarse en teorías infundadas para cuestionar por vía judicial su derrota en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El recurso en el que el dirigente ultraderechista solicitó la anulación de parte de los votos fue rechazado en una decisión judicial que incluye argumentos con duros reproches y una multa de 22 millones de reales (unos cuatro millones de dólares y de euros) por “litigar de mala fe” al partido con el que concurrió a los comicios. Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales por 1,8 puntos (dos millones de votos) tras una campaña en la que no dejó de agitar el fantasma del fraude.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, sostiene que el Partido Liberal de Bolsonaro actuó de mala fe porque presentó una demanda “ostensiblemente ofensiva al Estado democrático de derecho (…) con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos que, incluso con graves amenazas y violencia, han venido obstruyendo carreteras y calles en todo Brasil”.

El juez se refiere a los cortes de carreteras y las concentraciones golpistas ante los cuarteles con las que los grupúsculos más radicales del bolsonarismo protestan por el resultado de unas elecciones que consideran que el sistema y poderosas fuerzas ocultas han robado al líder ultraderechista. Brasil usa hace un cuarto de siglo un sistema de voto electrónico que somete al escrutinio público, e incluso a ataques de hackers, y que nunca se ha visto afectado por un fraude. Bolsonaro y los suyos pretendían que los votos tecleados en las urnas electrónicas fabricadas antes de 2020 fueran anulados por “indicios de errores graves”.

La multa impuesta a Valdemar Costa Neto, que preside el partido de Bolsonaro y firmó con este la demanda, es una de las más altas que se recuerdan en casos similares. E implica que los fondos públicos para el partido quedan congelados hasta que pague.

La sanción económica se considera parte de un esfuerzo institucional de disuasión para evitar que en el futuro cuestionar los resultados electorales sin pruebas sólidas se convierta en parte de la estrategia política. Bolsonaro impugnó los resultados de la segunda vuelta, que perdió, pero no los de la primera, cuando su partido conquistó un enorme poder en el Congreso y en los Estados.

En Brasil nadie daba un duro porque el recurso de Bolsonaro ante el Tribunal Superior Electoral, presentado el martes, prosperara. Expertos en leyes y analistas políticos coincidieron en pronosticar desde el minuto uno que los argumentos no se sostenían y que el fin último de impugnar parcialmente el resultado era dar nuevos argumentos de supuesto fraude para insuflar energías a las menguantes protestas bolsonaristas. Todavía persisten acampadas de radicales en diversas ciudades para pedir a los militares que corten el paso al poder al izquierdista Lula. Este está de reposo en São Paulo para recuperarse de una operación quirúrgica para extirparle un nódulo en la garganta.

El tribunal electoral y su presidente han sido, junto al dúo Lula-Bolsonaro, los grandes protagonistas de las elecciones más polarizadas de Brasil. El continuo cuestionamiento por parte del actual presidente y de sus aliados al sistema de votación y el enorme volumen de desinformación que ha circulado por redes sociales han llevado al juez Moraes a emprender una intensa ofensiva para defender la integridad de las urnas electrónicas y combatir las noticias falsas. En ese empeño, no ha dudado en cerrar las redes sociales de influyentes políticos bolsonaristas para impedir que siguieran divulgando teorías conspiradoras sobre los resultados electorales. Algunos especialistas sostienen, de todos modos, que ciertas decisiones del juez son excesivas y bordean la censura.

El traspaso de poder debe culminar el 1 de enero, fecha prevista para la ceremonia en que Lula tome posesión y dé inicio a su tercer mandato. Brasil vive una especie de situación esquizofrénica desde que el electorado dio una ajustada victoria a una amplia alianza liderada por el expresidente en defensa de la democracia. Por un lado, está un Bolsonaro enclaustrado y casi mudo que litiga en los tribunales mientras sus seguidores más ultras intentan desesperadamente dar la vuelta a un resultado reconocido por todo el resto de las instituciones brasileñas y la comunidad internacional. Y, por otro lado, las reuniones diarias que el equipo de transición de Lula mantiene en la capital con representantes de los ministerios del Gobierno de Bolsonaro.

Este jueves el polarizado Brasil tiene la ocasión de cerrar heridas, aunque sea durante 90 minutos. A partir de las cuatro de la tarde, el país entero parará literalmente para ver en la tele, en el móvil o seguir como sea el debut de la selección de fútbol en el Mundial. Se enfrenta a Serbia. Brasil es una de las favoritas del campeonato. Una victoria en Qatar significaría romper su propio récord y conquistar la sexta copa. (AFP)