«Aprendamos a esperar». La receta de Félix Bolaños ante la ola de indignación por las excarcelaciones y las rebajas de pena de agresores sexuales, se limitó a una petición, «no precipitarse», y un deseo: «Lo deseable es que la Fiscalía y el Supremo unifiquen criterios sobre las sentencias tan diferentes que se están produciendo con la ley del sí es sí».

El ministro de la Presidencia fue la máxima autoridad gubernamental en abordar un debate frente al que el Gobierno se muestra desbordado 72 horas después de explotar, cuando EL MUNDO informó de la primera reducción de pena gracias al cambio legislativo hace 40 días. Hubo ayer un apagón en Moncloa y, además de Bolaños, sólo intervino Isabel Rodríguez, la portavoz, y lo hizo en defensa de los jueces por las críticas de Irene Montero. Pero sobre el antídoto al escándalo, cuando ya son 14 los agresores beneficiados, Bolaños sintetizó la impotencia en una frase: «Estamos ante un debate jurídico que se debe resolver con argumentos jurídicos». Descarta una solución política, que ayer mostró sus límites.

Como reclamaba el ministro de la Presidencia, y Montero horas antes en auxilio propio, la Fiscalía movió ficha, pero reveló su escaso margen: preguntó qué ha pasado en las cinco semanas que la reforma lleva en vigor. A través de la secretaría Técnica, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, se dirigió a los fiscales superiores de todas las autonomías diciendo que se había «tenido conocimiento» -se entiende que por la prensa- de que diversos tribunales habían revisado a la baja condenas firmes. El oficio pide que se remitan esas resoluciones, y los informes que emitieron los fiscales del caso. La intención es hacer un «seguimiento» de la situación. Por el momento, no hay una circular de la Fiscalía General que marque los criterios a todos los fiscales.

La petición de datos se produce mientras no dejan de crecer los casos. Varios tribunales superiores confirmaron este jueves que se están revisando sentencias firmes en sus territorios. Así lo explicaron los TSJ de País Vasco, Valencia y La Rioja. Al mismo tiempo, las sentencias que dictan ya con la nueva ley imponen condenas inferiores a las que correspondían con la regulación anterior. Ayer, la Audiencia de León condenó a ocho años de prisión a un hombre que abusó de una niña. El tribunal explica que aplica la ley reformada y no la vigente cuando se produjo el delito porque la nueva es «más beneficiosa». Con la ley anterior se le habría impuesto un año más de prisión.

El goteo de rebajas de penas y excarcelaciones continuará aumentando en los próximos días en aplicación de la Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley del solo sí es sí. Incluso derogando la citada ley para endurecer las penas mínimas de los agresores sexuales, el Gobierno se toparía con que existe obligación por parte de los tribunales de aplicar la legislación más favorable al reo, recalcan fuentes jurídicas y fiscales consultadas por EL MUNDO. «Lo contrario sería prevaricar», afirman.

El artículo 2.2 del Código Penal establece que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena». Este principio afecta a quienes ya fueron condenados por agresiones o abusos sexuales y a quienes están inmersos en un procedimiento, es decir, pendiente de sentencia.

PETICIONES DE DIMISIÓN

Con la ley Montero en la mano, los jueces -tachados por Podemos de «machistas»- no cuentan con margen de maniobra para frenar las rebajas de penas en los casos en los que los tribunales decidieron imponer las penas mínimas por delitos sexuales en su mínima extensión. Si en el proceso de individualización de la pena los tribunales justificaron que se debía imponer la pena mínima del delito, esta se verá ahora rebajada por una ley, que se ha convertido en un «callejón sin salida», resumen fuentes jurídicas, porque no contempló una disposición transitoria que estableciera cómo debía aplicarse a los ya investigados, encausados o condenados por delitos sexuales.

Habrá, no obstante, multitud de supuestos en los que no haya rebajas. La razón es que en determinados supuestos la actual legislación contempla horquillas penales similares o parangonables a las previstas anteriormente en el Código Penal por los delitos de agresión y abuso sexual.

Lo tribunales de este país llevan semanas estudiando caso por caso esas eventuales revisiones de sentencia desde la entrada en vigor de la nueva ley. Varios han actuado ya de oficio. En el Tribunal Supremo, última instancia jurisdiccional de nuestro país, se han recibido escritos solicitando rebajas de pena en recursos de casación formalizados antes de la entrada en vigor de la Ley. En las próximas semanas, el Alto Tribunal establecerá cuándo procede aplicar esas rebajas de penas (previsiblemente se hará en todos aquellos supuestos de imposición de la pena mínima del delito) y cuando no, indican fuentes jurídicas.

Mientras, en el flanco político, la tensión es máxima, con peticiones de dimisión de Montero, secundadas por asociaciones de jueces tras los «intolerables ataques» sufridos. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) pidieron el cese de la titular de Igualdad. Incluso fiscales y jueces progresistas se sumaron a la crítica a la ministra. En la judicatura lamentan que una «ley mala» genere este problema. (EFE)