Un ministro de Justicia, bajo el escrutinio de la Justicia. El hecho inédito se sitúa en Francia, donde el titular de esta cartera, Éric Dupond-Moretti, ha recibido este lunes una orden del Tribunal de Justicia de la República (CJR, en sus siglas en francés) para enviarle a juicio, acusado de beneficiarse de su puesto para ajustar cuentas con magistrados con los que mantuvo controversias cuando ejercía como abogado. Y no era un letrado cualquiera, sino uno de los más famosos y acaudalados de Francia.

Dupont-Moretti, que ejerce como ministro desde 2020, podría enfrentarse a cinco años de prisión y multa de 500.000 euros según apunta el periodista de 'Le Monde' Jean-Baptiste Jacquin. Es la primera vez que un ministro de Justicia en ejercicio es remitido ante este tribunal.

Sus representantes legales han recurrido inmediatamente la decisión mediante un recurso de casación. La apelación no anula la orden de apertura de juicio, pero la suspende hasta que se resuelva el recurso de casación. Los abogados de Dupond-Moretti acusan al fiscal del CJR, François Moulins, de "desleal y parcial" y defienden que en el caso se han cometido "numerosas irregularidades" desde que se abrió su expediente, en enero de 2021.

El ministro, que en 30 años de implacable carrera en la abogacía coleccionó un récord de absoluciones, mantiene una relación con los jueces notoriamente difícil. Los dos sindicatos más importantes de la magistratura gala han lamentado en un comunicado este lunes la situación "inédita" que rodea a Dupont-Moretti y han apuntado a la posibilidad de que además se produzca un "conflicto de intereses" cuando tenga que nombrar al sucesor de Moulins, que deja el cargo en junio de 2023.

Encausado desde julio de 2021 tras la denuncia de los sindicatos de magistrados y de la asociación anticorrupción Anticor denunciando situaciones de conflicto de intereses tras su llegada al Ministerio, Dupond-Moretti tendrá que responder ante el Tribunal de Justicia de la República -si su recurso no prospera-, una corte especial para los miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones compuesta por tres jueces, explica Efe.

Los medios franceses se hicieron amplio eco de lo que ya denominan "affaire Dupond-Moretti". Incluso 'Le Figaro' habilitó una encuesta entre sus lectores. "Remitido al Tribunal de Justicia de la República, ¿Éric Dupond-Moretti puede seguir siendo Guardián de los Sellos?", era la pregunta a la que respondieron que no el 67,59% de los encuestados.

Crecen los llamamientos para que dimita, ante lo que Dupont-Moretti se defiende afirmando que su "legitimidad" sólo depende del presidente, Emmanuel Macron, y de la primera ministra, Élisabeth Borne, y "solo de ellos". Macron ya le expresó su apoyo en el pasado, afirmando que tiene derecho a la "presunción de inocencia".

Pero la realidad es que las sombras que se ciernen sobre la ejemplaridad del titular de Justicia debilitan su figura con el Gobierno inmerso en una reforma del sector judicial. "Aunque aquí no se trata de ningún enriquecimiento personal, el ministro está acusado de haber utilizado sus funciones para ajustar cuentas con los magistrados, lo cual no es menos grave", precisa Jacquin.

Dos casos pesan contra el ex abogado penalista. El primero concierne a la investigación administrativa que ordenó en septiembre de 2020, cuando ya era ministro, contra tres magistrados de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF). Éstos habían hecho examinar minuciosamente las facturas telefónicas detalladas del abogado con el objetivo de dar con un posible topo que habría informado a Nicolas Sarkozy en el asunto de las escuchas telefónicas. Un fiscal adjunto de la PNF, Patrice Amar, y su ex jefa, Eliane Houlette, comparecieron en septiembre ante el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), que debe dictar su decisión el 19 de octubre, informa Le Monde.

En el segundo caso, está acusado de haber iniciado procedimientos administrativos contra un ex juez de instrucción adscrito a Mónaco, Edouard Levrault, que había procesado a uno de sus ex clientes, el multimillonario ruso Dimitri Rybolovlev, propietario del club de fútbol del principado. Dupond-Moretti había criticado sus métodos de «cowboy». El CSM decidió el 15 de septiembre no sancionar a Levrault por considerar que «no se le puede imputar ningún incumplimiento disciplinario». Una decisión que -destaca el mismo diario- sonó a desautorización del ministro. (AFP)