Cristina Kirchner encendió un sentimiento de injusticia en el equipo que conduce Sergio Massa el miércoles por la tarde. Quizás eso despertó, al día siguiente, la pulsión narrativa del viceministro Gabriel Rubinstein, que le respondió por Twitter con un set de herejías para la biblia kirchnerista de la economía: dijo que la suba de precios no es culpa de las empresas, sino del desorden del Gobierno.

El círculo cerrado que toma decisiones en el Palacio de Hacienda sentó posición rápido en esa mañana de polémicas. Coincidieron en que Rubinstein tenía razón en todo lo que decía, pero que había tenido un timing horrible.

La doble lectura anterior explica el plan de acción que seguirá Economía para superar el atisbo de crisis política que comenzó con el número de indigencia. Después de hablar con Cristina Kirchner, Massa le ordenó a Guillermo Michel, de la Aduana, que redacte una norma para transferirles recursos a los sectores menos favorecidos -algo que estaba en los planes-, como quiere la vicepresidenta, pero al mismo tiempo sostendrá el torniquete sobre la impresión de billetes.

El ministro se aferra a un nuevo credo que está expresado en una planilla de Excel de cinco columnas que circula del Banco Central a Hacienda. Una de ellas es reveladora: aunque la plata vale cada vez menos, su gestión sacó de la calle en el último mes 3% de la base monetaria con respecto a agosto. Es la raíz de la desilusión con la vicepresidenta por parte de algunos técnicos: creen que nadie en este Gobierno ha hecho más por moderar la inflación que la gestión actual.

La primera crítica pública de Cristina Kirchner fue una puñalada al corazón del plan de Sergio Massa. No tanto por lo que pide, sino por lo que implica. La vicepresidenta reclama más gasto público y controlar los precios, lo contrario a lo que predica el ministro. Es un golpe al delicado jarrón de la confianza que construyó Massa en algunos sectores. Nadie sabe cuánto va a durar sin astillarse. Ocurre, además, en el nacimiento de un nuevo frente de tormenta.

Sergio Palazzo es un hombre récord. El jefe de La Bancaria recibe felicitaciones por Twitter de Cristina Kirchner cuando negocia aumentos de sueldo y tiene una paritaria homologada con la firma de un presidente, Alberto Fernández, una rareza histórica.

Quizás por eso les amargó la mañana a los representantes de banqueros que se juntaron con él el lunes pasado. Palazzo pedía un número para mejorar el salario que los dueños de los bancos no se animaban a repetir en público. Cuatro días después, cerró un acuerdo para cobrar 94% más a fin de año. Es sugestivo que suene para ocupar el ministerio de Trabajo.

La negociación de los bancarios es un eslabón de una cadena más larga que comenzó a crujir de la mano de la inflación y tuvo expresiones violentas. En un contexto donde todo aumenta, nadie sabe cuánto es mucho. Es el fantasma de la nominalidad: los pesos que valen cada vez menos llevan a reclamar más pesos que reproducen un ciclo en el que la política sindical mete la cola y colabora con el campo minado por el que transita el Gobierno.

El martes pasado por la mañana Massa estalló de furia. Hacía dos semanas se había aprobado la ley automotriz, pero veía cómo se deshacía ese éxito a medida que se amontonaban en su celular reclamos de ejecutivos de Ford, Toyota y GM.

Los mensajes que le llegaban de su secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, no eran buenos. Transmitían, a su vez, ecos de otro lugar. De Mendiguren había llamado a Daniel Scioli -su antecesor en el cargo- para tener referencias de Alejandro Crespo, jefe del gremio de neumáticos.

El embajador en Brasil le dijo al secretario que el gremialista no había cumplido lo que se había pactado cuando le había tocado negociar con él. El enojo del ministro fue el combustible para el acuerdo. Trasladó la reunión sectorial al Ministerio y provocó a Crespo. Dos días después, habían llegado a un acuerdo.

La bola de nominalidad chocará contra la pared del estancamiento económico, antesala de una mayor conflictividad. El equipo de Sergio Massa ya le puso nombre a lo que vendrá en los próximos meses. Le dicen recesión civilizada, un costo que pagará el ministro a cambio de buscar la estabilidad. Es un precio que, también, estaba dispuesta a afrontar Cristina Kirchner tras el temor que le insufló la experiencia de Silvina Batakis. La vicepresidenta, ahora, empezó a revisar la cuenta.

Massa lo habla abiertamente con su gente de confianza. El Banco Central calcula que habrá menos demanda de dólares porque las medidas que tomó el ministro enfrían el consumo, por ejemplo. Lo mismo sabe el sector empresario.

El propio ministro se sinceró días atrás con un grupo liderado por Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, en la sede de Avenida de Mayo. Massa lo resumió en una frase: “Estamos terminando de disipar el riesgo de crisis inminente”, les dijo.

Pese a los reclamos de Cristina Kirchner, Massa intenta un control por la persuasión antes que por la coacción directa, uno de los mandatos de Juan Perón. Con el campo le fue mal, pero espera que le salga mejor con otros sectores, como con la industria textil. Días atrás, le enrostró a Jorge Sorabilla, de TN Platex, el precio de la ropa. El empresario intentó una respuesta, pero Massa ya les había pasado el mensaje a todos los que escuchaban.

El equipo económico comienza a sufrir las tensiones del ejercicio del poder. Hay borradores redactados para aplicar el aumento del dólar que pagan quienes tienen consumos en el exterior, que se hizo conocido como “dólar Qatar”. Se estudian alternativas desde hace días, si bien es probable que se imponga aquella que implica un cambio trascendental en los resúmenes de las tarjetas de crédito.

El saldo mostrará un número expresado en dólares, pero el pago se hará con un tipo de cambio que tiene que disponer el Gobierno y estará por encima del oficial. Hay discusiones con respecto a cuál debería ser esa cifra mágica. Hoy se acerca a $300, algo que cuestiona el ala massista con oficinas en el Banco Central y está liderada por Lisandro Cleri.

Creen que sería reconocer una derrota por anticipado. Su pensamiento se expresa de esta manera: si Economía dispone ese piso para el dólar, también le está diciendo a quien vende blue, bolsa o contado con liquidación, que no debe desprenderse de sus billetes por debajo de lo que admite el Gobierno que vale el dólar. Es probable que el “dólar Qatar” sea el último adiós a la promesa de volver al dólar de Martín Guzmán, que estaba en $240.

Las miradas encontradas al interior de Economía marcan las últimas decisiones de Massa, atrapado en una posición obsesiva. Quiere pagarles más a ciertos sectores para que liquiden exportaciones, pero rechaza que luego usen los pesos para comprar dólares, algo quimérico, según le avisaron sus colaboradores de mayor confianza. El ministro, sin embargo, insiste.

Antes de llegar a un acuerdo con el campo, Massa temía que los pesos de los sojeros terminaran en el dólar. Quiso poner una prohibición por escrito, pero al menos tres colaboradores directos le dijeron que era una mala idea. Implicaba humedecer las pocas balas disponibles en la guerra cambiaria.

Massa optó por creer. Les sugirió de palabra a la mesa del campo, liderada por Gustavo Idígoras, que le recomendara al sector evitar cambiar los billetes. Poco tiempo después de que empezara a rodar el sistema, su equipo notó que el campo no cumpliría con su palabra y el ministro intervino con una polémica decisión del Banco Central que finalmente lo impide.

Pese al entuerto, la confusión y una rectificación, la norma había sido discutida con Miguel Pesce durante el fin de semana, con el objetivo de no acrecentar la brecha cambiaria, que a su vez alimenta las expectativas de devaluación.

Son decisiones que nacen en la necesidad. El brasileño Ilan Goldfajn, un ortodoxo director del departamento Occidental del FMI, le prohibió a Economía usar activos del Banco Central para bajar los dólares financieros, como hizo Guzmán en octubre de 2020, cuando las cotizaciones se dispararon y lo obligaron a darles explicaciones a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Es un recurso de última instancia que requiere una validación expresa de Washington.

El FMI intentó ir más lejos en la última visita de Sergio Massa, a principios de mes. Goldfajn le pidió al equipo económico que se abstenga de usar al Banco Central para garantizar la deuda del Tesoro. Lo quiso asentar en un documento, pero el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, se negó a aceptarlo. Nadie quiere tener las dos manos atadas si hay que volver a remar en aguas turbulentas como las del último junio.

Otro big bang en diciembre

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, se pondrá a trabajar a partir de mañana para evitar otro big bang de deuda. Tiene vencimientos por $800.000 millones en noviembre y por un billón en diciembre, una parada más riesgosa que la que desencadenó la salida de Guzmán.

Si el Gobierno elige la opción de extender vencimientos por un año, como hizo la última vez, es posible que una nueva crisis de deuda pública le abra la puerta de la Casa Rosada al próximo presidente.

Por la coyuntura, sin embargo, Setti parece haberse convertido en un altruista. Tiene la intención de renovar toda la deuda y escuchar qué quieren los bancos para dárselo. Pero también de extender parte de los futuros vencimientos hasta 2025, si el mercado lo acepta y la oposición acompaña.

La conversación con el otro lado de la grieta comenzó de manera informal. Ocurre en asados entre amigos economistas profesionales que intercambian ideas sobre lo mejor para todos.

Un malentendido entre el Gobierno y los principales empresarios del país se está generando en este momento y es probable que nadie esté del todo al tanto. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, trabaja en un mecanismo para normalizar el acceso al dólar para los importadores. Las empresas no saben, sin embargo, que esa maniobra incluye un recorte en las divisas que el Banco Central les dará en los próximos meses.

Comercio y el Banco Central intentan cerrar un esquema para que cada compañía que necesita dólares sepa cuándo los recibirán. Será una modalidad tributo a Guillermo Moreno, más afín a las palabras que a los papeles. Para no recibir un llamado de atención de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se establecerán reglas verbales antes que procedimientos por escrito.

La Argentina se desprende cada mes de unos US$6500 millones para pagar importaciones. El mecanismo que busca implementar Massa debería bajar ese número a los US$5000 millones. Es decir, en el camino a la trazabilidad se perderían US$1500 millones para la industria.

El algoritmo secreto del Gobierno priorizará a exportadores y empresas medianas, pero todos deberán seguir buscando afuera quién les preste para poder traer una parte de lo que necesitan a la Argentina.

Hace cuatro semanas Massa tuvo una conversación importante. Discutió con su equipo la posibilidad de aplicar un plan de estabilización más estructurado que las medidas aisladas que tomó desde que llegó a su sillón. Entre dudas, le simpatiza la evidencia de un hecho histórico: la crisis económica estaba deshaciendo a la Argentina en junio de 1985, cuando se presentó el Plan Austral. Cinco meses después, en las elecciones de medio término, Alfonsín sacó una victoria impensada que relegó al Justicialismo al segundo lugar.

Más hacia acá en el tiempo, Luciano Laspina y Federico Pinedo le hicieron una propuesta similar a Mauricio Macri, que no cambió el rumbo y perdió las elecciones a manos de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Estos dos últimos representan las voluntades que hay que convencer.

Un plan de estabilización implica hacer mucho de lo que tuiteó Rubinstein. Hay que subir las tarifas y reducir el déficit. Al final del camino, que no será en este Gobierno, está la liberación del cepo para ir a un tipo de cambio fijo, capítulos de ciencia ficción hoy, pero también la llegada soñada. Quizás por eso algunos de las piezas más importantes del equipo de Massa leen con atención y respeto las publicaciones que hace en su blog Domingo Cavallo. Lo hacen, pero no se lo dicen a nadie.

El ministro usará la evidencia de los 80 para plantearles el tema con seriedad a sus dos socios políticos antes de que termine el año. Esa bala de shock es, quizás, la única que le queda a Cristina Kirchner para diluir el destino que la persigue.

Desde una perspectiva histórica, Mauricio Macri no podría estar más agradecido con la vicepresidenta. El proyecto de Cristina Kirchner para correrlo del poder terminará con una inflación más alta que el desastre que venía a reemplazar y con un rojo mayor en comparación con el pasivo “criminal” que el kirchnerismo denunció en la campaña de 2019 en actos públicos, documentos y en la Justicia.

Es la suerte kármica de la vicepresidenta: se preocupó tanto por la deuda en dólares, que dejará como herencia una crisis en pesos (en total, su gestión con Alberto Fernández le sumó otros US$58.105,8 millones al país). Y los esfuerzos de su gobierno por controlar los precios pueden terminar en una inflación superior al 80% en 2023, tras el pico de 100% que marcaría este año. (La Nación por Pablo Fernández Blanco)