Esto trajo un fuerte reclamo interno, por cuanto se estaba juzgando previamente a todos en el mismo acto sin discriminar a quienes tenía responsabilidad directa como los calderistas y/o jefes y supervisores y quienes por razones de situación física dentro del complejo, no estaban en contacto con la manipulación de los instrumentos.

Operó la suspensión de los agentes  Guillermo Caliva, Marcelo Navarrete, Roberto Mansilla, Iván Monzón, Christian Bonetto, Yamil Navarrete; Ramón González; Roby Navarrete, Braian Varas, Emiliano Guzman, Marcelo Alfaro, Lucas Lara, Diego Cañari y Damián Gómez, “de conformidad con lo dispuesto por el Art. 54 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por el Decreto N° 467/99, por un plazo de treinta (30) días contados desde su notificación”, señalaba el documento de YCRT.

La Intervención siguió adelante con la instrumentación de los sumarios agravado todo por la aplicación de sanciones muy duras como fue la suspensión de los 14 trabajadores de todo tipo de función en el yacimiento y la grave decisión de suspenderles, también, el cobro de los haberes.

El aquel momento, dijimos que la actitud de la Intervención era ilegal y manifiestamente injusta, expresando los motivos legales que se le anteponían y señalando que la Intervención había incurrido en un exceso, además que incurría en prejuzgamiento, dado que aún no estaban determinadas las responsabilidades y ya se adoptaban sanciones por adelantado. Desde la Intervención lo negaron.

El 20 de abril de 2022 publicamos la novedad que YCRT daba marcha atrás con las suspensiones sin goce de haberes de los 14 operarios y los reubicaba dentro de la empresa. El adelanto que habíamos hecho sobre la ilegalidad de la medida, era correcto. Los 14 empleados hicieron sus presentaciones a través de los abogados respectivos y la Intervención debió volver sobre sus pasos.

Ineptitud de la gestión

Ahora, con fecha 16 e junio de 2022, la Intervención de YCRT notificó a 6 de los 14 empleados sumariados por la explosión de la caldera Nº 3 de la usina de 21 mw, que por Resolución Nº 2022-94-APN-YCRT, a partir del día 15 de junio 2022, dejó sin efectos los sumarios sobre los agentes: Braian Varas, Emiliano Guzman, Marcelo Alfaro, Diego Cañari, Damián Gómez y Ramón González

Continúan los sumarios iniciados previamente, solo sobre los agentes  Guillermo Caliva, Marcelo Navarrete, Roberto Mansilla, Iván Monzón, Christian Bonetto, Yamil Navarrete, Roby Navarrete y Lucas Lara.

De esta manera quedan bajo sumario los dos foguistas, los jefes de turnos (entrante y salientes) y personal de mantenimiento e instrumental. Quienes, como los seis nombrados inicialmente, estaban en el edificio el día del incidente, pero cumplían otras funciones, quedaron desafectados de las medidas.

Como lo advertimos oportunamente, la Intervención cometió un error garrafal que está evidenciado en la falta de conocimiento del Ingeniero Eduardo Vilchez y sus asesores locales, encargados de aconsejar sobre las medidas administrativas a tomar por parte del Ing Germán Arribas, actual Interventor.

En dos oportunidades debieron rectificar las medidas tomadas y en éste último caso directamente quitar de los sumarios a quienes ni siquiera estaban cercanos a la caldera. 

Otro de los errores que persisten en la toma de decisiones de la Intrevención, es la omisión sobre la participación de los jefes superiores a los jefes de turnos, el Jefe de Operaciones, Juan Esteban Escudero y el subgerente de Energía Hernán Cardozo, quien tiene una causa penal iniciada por el gremio de Luz y Fuerza por arrancar las hojas del Libro de Guardia, el día del incidente de la caldera 2, como también lo apuntamos en nuestros informes de investigación. La empresa no los ha incluido en un sumario para investigar los motivos, o al menos no lo comunicó.

La posición de la Intervención de cara a los empleados, a los gremios y a la sociedad, quedó muy debilitada, pues se ha comprobado el error sustancial en el cual ha incurrido, la desaprensión que hubo en relación a los agentes, tras la masiva resolución de sumariar y suspender sin goce de haberes a todos por igual y luego la indisimulable acción de tener que volver sobre sus pasos, sin pagar ningún costo por las penurias que les ha generado a personas y familias enteras con las desacertadas medidas que ha ido tomando en todo este caso, las cuales ya se advertían ilegales, pero con las cuales la Intervención siguió adelante. (Agencia OPI Santa Cruz)