El Ministerio de Hacienda y Función Pública debe desvelar de un modo desglosado el patrimonio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo independiente encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública que tienen los ciudadanos, ha ordenado a la Agencia Tributaria a desenmascarar la relación de empresas en las que el jefe del Ejecutivo tiene acciones.

El solicitante, cuya reclamación ha sido estimada, se acoge en su petición al Preámbulo de la Ley 3/2015. Esta normativa señala que las funciones de los altos cargos públicos deben realizarse bajo las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos de intereses privados. Por un lado, se establece el carácter reservado y el acceso restringido al registro de bienes y derechos, sobre todo en lo que respecta a aquellos datos que puedan afectar a la privacidad y a la seguridad; pero, por otro, se impone un mandato de dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al “contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales”. 

La Administración publicó a finales de marzo una declaración comprensiva de la situación patrimonial de la primera línea ejecutiva del Gobierno, si bien en este documento no se desgrana la información a un nivel que permita conocer si sus inversiones comprometen sus funciones. Según los datos, en bienes inmuebles declara casi 181.000 euros, en seguros y pensiones cerca de 86.000 euros y en ahorros 73.160 euros, mientras que otros bienes de contenido económico han sido valorados en 27.610 euros. Aunque no reconoce ninguna posición en acciones o participaciones en el capital de una empresa cotizada, sí que refleja una inversión de 5.550,4 euros en acciones y participaciones de entidades jurídicas no negociadas. 

Se da la circunstancia de que hace ocho años Sánchez declaró que estaba en posesión de 177 acciones de Repsol valoradas en ese momento en 3.309 euros y de 235 acciones de Red Eléctrica que valían unos 15.834 euros. Estas inversiones, en todo caso, registrarían minusvalías y cotizarían a día de hoy muy por debajo del precio que tenían en 2014. De la información hecha pública en el boletín oficial el año pasado se desprende que el presidente del Gobierno no tendría acciones ya en el sector eléctrico ni en ninguna firma cotizada en general. 

No obstante, el ciudadano que ha solicitado la información con mayor desagregación duda de estos datos. Cree que el apartado de acciones cotizadas podría estar vacío por error, puesto que en una declaración en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno habría dicho que los títulos que tiene en cartera sí se negocian en los mercados. En su opinión, es importante conocer sobre todo si mantiene los títulos que tenía en las empresas eléctricas teniendo en cuenta que "su gestión al frente del Consejo de Ministros podría tener relación con las evoluciones financieras de estas dos empresas". "Cabe recordar que el precio de la luz y de los combustibles está en máximos", replica el solicitante de la información. 

El Gobierno dio luz verde recientemente al mecanismo con el que pretende limitar el precio del gas para la generación eléctrica. Según el Real Decreto-Ley, la 'excepción ibérica' permitirá que el coste de este hidrocarburo para la generación eléctrica se vaya a situar en una media de 48,8 euros/MWh durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros. También durante estos días se debate internamente la puesta en marcha de otras medidas.  La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aboga por aplicar un recargo fiscal a las grandes compañías eléctricas, pero no de diez puntos sobre el impuesto de sociedades como ha planteado Yolanda Díaz. 

A la vista de la información hecha pública, Transparencia ha concluido que la respuesta de la Administración, aunque satisface la parte de la información solicitada concerniente al “desglose del patrimonio financiero del Presidente del Gobierno”, no cumple con la referida a la “relación de empresas en las que el presidente tiene acciones”, por lo que insta a publicar el listado. "No se aprecia que exista límite alguno que restrinja el acceso a la información sobre las empresas en cuyo capital social tienen acciones o participaciones los altos cargos de la Administración General del Estado. Antes al contrario, existe un mandato legal de conferir publicidad general al contenido de las declaraciones", sentencia. (EP)