Una nueva controversia se suma al reclamo de tierras por parte de la comunidad mapuche en el sur de nuestro país, pero esta vez no se debe a una usurpación o una acción puntual, sino a un proceder sistemático de un organismo estatal.

La Sociedad Rural de Neuquén denunció que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realiza relevamientos de tierras reclamadas por personas que se dicen mapuches “en forma secreta, sin informar a los propietarios que pueden verse afectados”. Estos son mayormente productores agropecuarios.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la rural neuquina denunció que el INAI “lleva adelante los relevamientos en secreto, informando únicamente a las comunidades indígenas y no a la sociedad ni a las partes interesadas”.

“Es grave porque se toman decisiones a espaldas de la comunidad neuquina, que terminan por deslegitimar todo el procedimiento”, señaló la entidad. A raíz de esos procedimientos, subrayó, es usual que los productores encuentren personal del organismos en sus propiedades y “en otros casos ni siquiera se enteran”.

En un comunicado oficial, a principios de mayo el INAI destacó que “las tareas se están implementando satisfactoriamente, sustentadas en un acuerdo común entre la provincia y los seis Consejos Zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén”, con avances en los trabajos de relevamiento territorial de las comunidades Painefilu, Cayulef, Paicil Antriao, Kaxipayin y Nehuen Mapu.

“Reparación histórica”

En el mismo escrito, la titular del INAI, Magdalena Odarda explicó que “cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral, queda reconocida la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad. Con acciones concretas y con el diálogo como herramienta fundamental para lograr los acuerdos necesarios, seguimos sosteniendo la necesidad de una reparación histórica en todo el territorio nacional. Cada carpeta técnica otorgada constituye un sustento legal que acredita el reconocimiento del territorio ancestral”.

Estos relevamientos se realizan en el marco de las Ley 26160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), en organismo provincial competente o las preexistentes. Dicha norma fue prorrogada ya cuatro veces, la última por este Gobierno.

En diálogo con Infobae, el presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Diego García Rambeaud, “la norma es una buena ley, pero fue mal instrumentada”, ya que debía ser “fehacientemente comprobable” que en la fecha en que se promulgó la ley (2006) esas tierras estaban ocupadas por las comunidades. “Posterior a eso, como no se llevó adelante el proceso como corresponde, aparecieron nuevas comunidades, que empezaron a autoproclamarse como tales”.

Secreto

Más allá de este punto, García Rambeaud sostuvo que entre 2013 y 2015, a partir de la firma de un convenio entre el INAI y el gobierno neuquino, los relevamientos también se daban de manera “secreta y de forma unilateral”. Los hicieron sin notificar al resto, que involucra a toda la ciudadanía. Nadie sabía, salvo la comunidad que iba a ser relevada. Es una situación muy injusta que se haga un proceso donde no se notifica a alguien que podría estar damnificado.

En esas situaciones, productores agropecuarios encontraron técnicos, antropólogos, personal del INAI y del gobierno provincial relevando terrenos y confeccionando carpetas de la comunidad en cuestión “con fundamentos basados en el relato oral, sin ir a lo fehaciente que son los títulos, los documentos catastrales, los registros de propiedad”, explicó García Rambeaud.

Los relevamientos se hacen “a partir de fundamentos basados en el relato oral, sin ir a lo fehaciente que son los títulos, los documentos catastrales, los registros de propiedad”, explicó García Rambeaud.

Los relevamientos son “para dejar en claro cuál es su área, dónde está la comunidad, hasta dónde llega. Pero, aparte del relato oral, el fundamento que tomaron los técnicos fue donde pastorean los animales de la comunidad. O sea, el pastoreo como instrumento de posesión. Eso quedaba registrado en las carpetas, se tomaba como pretensión. Por eso fueron tan malos los relevamientos en ese entonces”.

Para el dirigente agropecuario, esa situación se sigue dando en la actualidad, tras la firma de un nuevo convenio el año pasado entre ambas partes, en la que establecieron la participación de ONG´s, además de los consejos de participación indígenas, universidades y demás. Es por eso que al considerarse la Rural neuquina como una ONG “se hicieron las gestiones pertinentes para que avalen que sea notificada de lo que se va a hacer, del cronograma de relevamientos y no enterarnos por una publicación del INAI o porque te encontrás el relevador dentro del campo”.

“En el productor agropecuario hay mucha incertidumbre, porque debería ser información pública. Hemos pedido y exigido ese cronograma, y hemos tenido respuestas vagas. No tenemos ese cronograma. El productor nos consulta constantemente respecto a qué está pasando, cómo lo van a afectar y eso se da en situaciones donde se necesita invertir y producir. Cuando hay algo tan desestabilizador como esto, que puede generar la pérdida del derecho de propiedad, no invierte y deja de emplear gente. Realmente, el productor se paraliza”, concluyó al respecto el dirigente de la entidad agropecuaria neuquina.

Respecto a las usurpaciones en terrenos reclamados, García Rambeaud indicó que “son cuestiones puntuales, no se puede hablar de algo general, pero hay usurpaciones que buscan por la fuerza que los releven. Están esperando que se haga el relevamiento y digan nosotros estamos acá. Pero, al mismo tiempo, hay un título de propiedad, hay un propietario que no puede ingresar, que no puede asistir a su empleado, que tiene que sacar a sus animales y, sobre todo, está frenando inversiones como sucede en la zona de Añelo, en Aluminé, y en el lago Huechulafquen”. (Infobae)