Pero Moro necesitará más que un eslogan. Quienes lo apoyan esperan que forje un camino intermedio en unas elecciones divididas entre una ultraderecha colérica y una izquierda vengativa. Sin embargo, las encuestas lo muestran en un distante tercer lugar para las elecciones de octubre, con alrededor de 9% de apoyo. Está detrás del presidente Jair Bolsonaro (22%), en cuyo gobierno se desempeñó brevemente como ministro de Justicia y Seguridad Pública, y del líder en las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva (48%), el expresidente a quien Moro encarceló y cuyo veredicto terminó anulado por la Corte Suprema por evidencia de colusión, y ridiculizado en la opinión pública como un trabajo mafioso por encargo.

Se espera que la reciente hospitalización de Bolsonaro por dolor abdominal —derivado de complicaciones causadas por la puñalada que sufrió durante la campaña electoral en 2018— lo ralentice un poco, pero no disminuya sus ambiciones de ser reelecto ni le haga obtener un repunte de simpatía.

Independientemente de eso, Moro tiene una misión. Su libro define 2014 como el año cero de Brasil. Ese año lideró la Operación Lava Jato, una extensa investigación de casos de sobornos a cambio de influencia. En siete años, la Operación Lava Jato generó 179 acciones criminales, 209 acuerdos de declaración de culpabilidad con delincuentes confesos y órdenes de confiscación de 2,700 millones de dólares en dinero público robado. El caso se extendió por toda la región y derrocó presidentes, ejecutivos, burócratas y facilitadores turbios desde Perú hasta Panamá. El Departamento de Justicia de Estados Unidos denominó la operación como el “caso extranjero sobre soborno más grande de la historia”.

Sin embargo, las acciones de Moro develan ambiciones que van más allá de los tribunales. Le jugó fuerte y sin remordimientos a la opinión pública. De ahí la moralizadora puesta en escena de las redadas policiales en las madrugadas, los magnates esposados, las escuchas telefónicas y los testimonios filtrados estratégicamente. Fue un alimento estimulante para una población harta de la política tradicional. Sin embargo, la estrategia también tuvo un efecto retroactivo.

Moro ordenó que Lula fuera detenido por la Policía para que testificara. Fue una dramática demostración de fuerza para una situación en la que una citación habría sido suficiente. Divulgó conversaciones privadas entre Lula y la entonces presidenta, Dilma Rousseff, capturadas de forma irregular luego de que una orden de escucha telefónica había expirado. Una valiosa colección de mensajes telefónicos hackeados también sugirió que Moro guió a los fiscales en los casos que se le asignaron para juzgar, lo que significó una violación flagrante de la imparcialidad judicial. Tamaña extralimitación terminó ganándole la censura de la Corte Suprema, y un borrón y cuenta nueva para Lula. “En la justicia buscamos sobriedad y equidad”, dijo Octavio Amorim Neto, analista político de la Fundación Getúlio Vargas. “En vez de eso, nos dieron teatro político y vallas publicitarias”.

Algunos analistas comparan los excesos de la Operación Lava Jato con los de una insurrección previa, la de hace un siglo, en la que una camarilla de intelectuales, realistas y jóvenes oficiales militares descontentos conspiraron para derrocar a la república venal que había remplazado a la monarquía decadente. Los brasileños la llamaron tenentismo, en honor a los jóvenes lugartenientes que lideraron la revuelta. Los lugartenientes fracasaron, pero el tenentismo floreció.

Brasil tiene ahora “lugartenientes con túnicas”. Ese es el término acuñado por el politólogo brasileño Christian Lynch para referirse a los fiscales y jueces hiperactivos que se sienten redentores y que confunden sus acciones con un levantamiento moral fundacional. “Este fue el punto de no retorno”, escribió Moro, citando de manera reveladora la escena de Los intocables en la que Eliot Ness hace el ataque final contra Al Capone.

Pero erradicar la corrupción sistémica requiere más que héroes de acción. Cumplir con el Estado de derecho y la jurisprudencia confiable lograría maravillas. Pero en vez de eso, “el poder Judicial brasileño está eternamente abierto a revisión”, afirma Luciano Da Ros, profesor de ciencias sociales en la Universidad Federal de Santa Catarina. “Los jueces tienen una enorme discreción para interpretar la ley y a menudo se contradicen”. Consideremos el hecho de que 82% de los 99,000 casos en los que el Supremo Tribunal Federal emitió un fallo en 2020 fueron decididos por un solo juez. Eso es una invitación a la arbitrariedad.

Esto incrementa el riesgo de hacer negocios o cualquier cosa en Brasil. “En la mayor parte del mundo, el poder Judicial es una fuente de estabilidad institucional, donde los conflictos se resuelven de manera definitiva”, dijo Da Ros, coautor del libro Brazilian Politics on Trial: Corruption and Reform Under Democracy. “En Brasil, es una enorme lotería”.

Sin duda, la Operación Lava Jato benefició a Brasil. En octubre, Petrobras, la compañía petrolera brasileña en el centro del escándalo, completó su histórico acuerdo con las autoridades estadounidenses para reforzar la gestión corporativa a fin de prevenir el fraude y la corrupción. Sin embargo, los políticos sospechosos a quienes Moro y sus lugartenientes prometieron detener siguen activos, con el guiño y el visto bueno de quienes están en la cima del poder.

Durante sus 16 meses como ministro de Justicia y Seguridad Pública de Bolsonaro, Moro vio cómo los intereses del palacio desfiguraban su principal proyecto de ley contra el crimen y ninguneaban su gestión de la Policía federal. Permaneció en silencio mientras los escándalos de corrupción envolvían a la familia presidencial, hasta que finalmente renunció el año pasado. La Operación Lava Jato fue cerrada en febrero.

Siguiendo el ejemplo de Lula, un grupo de convictos de la Operación Lava Jato está desplegando abogados de lujo para borrar sus antecedentes penales. Los tribunales de apelaciones ya han anulado 14 casos de la operación que sumaban 277 años de cárcel, informó el diario O Estado de S. Paulo.

Moro arriesgó su reputación para convertirse en el juez principal de Brasil en una cruzada nacional contra la corrupción. Ahora corre el riesgo de ser recordado como el tonto útil de Bolsonaro.  (The Washington Post)