Otros síntomas de descomposición afectan al Estado y no solo al gobierno. Funcionarios del Banco Central amenazan con una huelga por mejores sueldos, mientras los inspectores de la Renta Federal ya protagonizan una “operación estándar”, es decir cumpliendo todas las exigencias y reglas exactas, en los puertos y fronteras, los que demora las importaciones y exportaciones.

Desde hace un mes, el Ministerio de Salud no cuenta con datos confiables de la pandemia de covid-19, con sus sistemas afectados por un supuesto ataque de invasores digitales, los “hackers”, ocurrido el 10 de diciembre. 

Eso en un momento crucial, de rápido aumento del contagio por la variante ómicron del coronavirus. La gestión de la pandemia se hace a oscuras.

Muchos enfermos crónicos se quejan de un colapso también en la distribución de medicamentos indispensables por el Sistema Único de Salud, el servicio universal de asistencia médica y farmacéutica, creado en Brasil en 1988.

En otro frente, más político, se vive una promiscuidad institucional. Fernando Azevedo, general retirado del Ejército, será el director general del Tribunal Superior Electoral (TSE) a partir de febrero, una misión inusitada para un militar. 

Los siete jueces del TSE, tres de los cuales también son miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), lo nombraron para el papel de escudo contra las intenciones golpistas manifestadas por Bolsonaro, un excapitán del Ejército, y sus acusaciones de que las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996 sirven para fraudes. 

Azevedo, quien fue ministro de Defensa desde el inicio del actual gobierno, desde enero de 2019 hasta marzo de 2021, cuidará de asuntos administrativos y tecnológicos del TSE en el período crucial de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, en que Bolsonaro intentará reelegirse.

 “Preservé las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado”, destacó el general en un mensaje de despedida del ministerio el 29 de marzo de 2021. Dejó claro que el presidente intentaba someter a los militares a sus fines políticos y ese era el motivo de su salida. 

Reiteradas declaraciones y actitudes de Bolsonaro hacen temer un intento de golpe y acciones violentas, como las que ocurrieron en Estados Unidos el 6 de enero de 2021 con la invasión del Capitolio, ante la probable derrota del presidente.

La administración pública brasileña es vulnerable al control sesgado de los gobernantes al tener más de 20.000 cargos “de confianza” en el Poder Ejecutivo nacional, cuyos titulares son nombrados por el presidente y los ministros a su gusto.

Es así que el actual gobierno pudo nombrar a más de 6.000 militares para funciones civiles en ministerios. En julio de 2020 eran 6.157 exactamente, según el Tribunal de Cuentas de la Unión, un órgano del Poder Legislativo. Eso representaba un aumento de 122 por ciento en comparación con cuatro años antes.

La militarización excesiva generó distorsiones e ineficiencias como se constató en el Ministerio de Salud, bajo la jefatura del general Eduardo Pazuello, del 15 de mayo de 2020 al 15 de marzo de 2021, es decir durante 10 meses de la pandemia de covid-19.

El general, aún activo en el Ejército, nombró una plana mayor de coroneles y otros militares sin conocimientos sanitarios, para cumplir las orientaciones de Bolsonaro, como negar la gravedad de la pandemia, diseminar el llamado “tratamiento precoz” con medicamentos ineficaces para la covid-19, rechazar medidas preventivas y retardar la compra de vacunas.

El resultante número de muertes fue calificado por epidemiólogos y otros especialistas, de en gran parte evitable si se hubieran adoptado las medidas recomendadas por la Organización Mundial de Salud. Brasil cuenta actualmente con más de 620.000 personas muertas por la covid-19, cantidad oficialmente solo superada por Estados Unidos.

Las renuncias a funciones comisionadas suman centenares en los ministerio de Educación y de Ciencia y Tecnología, ante los recortes presupuestarios e interferencias superiores consideradas inaceptables por funcionarios calificados, desde mediados de 2021.

Pero la desbandada afecta especialmente el área económica, con más de 1.000 renuncias entre los distintos sectores del Ministerio de Economía y del Banco Central.

Además, en esa área se agravan la desarticulación entre distintos poderes, especialmente entre el Ejecutivo y el Congreso.

La oleada de huelgas y protestas de funcionarios se debe a una decisión de Bolsonaro, acatada por los legisladores, de ofrecer en este año un aumento salarial exclusivo a los policías federales y agentes penitenciarios. El presidente dedica una prioridad absoluta al sector de seguridad pública desde el inicio de su gobierno.

Los demás funcionarios públicos se alzaron, alegando que hace años no se cumplen las promesas de corrección de sueldos y que sufren recortes presupuestarios que afectan sus servicios. Asociaciones de funcionarios anunciaron una huelga para el 18 de enero.

Los recortes, decididos por los legisladores, redujeron a mitad el presupuesto del propio Ministerio de Economía, poniendo en riesgo las actividades de la cartera considerada la más importante por administrar sectores vitales del gobierno.

El sarcasmo del hecho refleja la ausencia de coordinación entre las autoridades, generalizada en el actual gobierno y agravada por las incongruencias de Bolsonaro.

El caso más reciente es una ley aprobada por el Congreso para refinanciar las deudas de pequeñas y microempresas, duramente afectadas por la interrupción de las actividades a causa de la pandemia.

El proyecto, con respaldo del gobierno, obtuvo amplia aprobación de los legisladores. Pero el presidente Bolsonaro lo vetó totalmente, al darse cuenta de que cometería una ilegalidad sin apuntar los fondos para subsidiar la refinanciación y que permitan la renuncia fiscal equivalente a unos 9.000 millones de dólares y que beneficiaría a las pequeñas y microempresas.

Sin la refinanciación, esas empresas, que suman más de 16 millones en todo el país, enfrentarán una grave crisis, irreversible en muchos casos. Es decir, representará graves problemas sociales en un año electoral, por eso el gobierno busca soluciones alternativas.

El caos administrativo queda en evidencia en varias acciones similares, en que el mismo Poder Ejecutivo estimula o apoya medidas que luego comprueba ser inviables o ilegales. 

En el frente militar, Bolsonaro colecciona varios conflictos. Se alzó contra una medida del comandante del Ejército, general Paulo Sergio de Oliveira, que exige vacunación y medidas de prevención anticovid-19, además de establecer castigos a militares que diseminen noticias falsas sobre la pandemia.

Bolsonaro se opone a todas esas orientaciones, pero al parecer evitó provocar un nuevo conflicto con el Ejército, en un momento de confrontación con otro militar de alto rango, aunque retirado, el almirante Antonio Barra Torres, que preside la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

La ANVISA cumplió una de sus tareas y aprobó el uso de la vacuna de Pfizer para inmunizar niños de 5 a 11 años contra la covid-19. Bolsonaro llamó de “tarados por vacunas” a los técnicos de la agencia reguladora y sugirió la existencia de “intereses” ocultos por detrás de la decisión.

El almirante divulgó el 8 de enero una dura respuesta, en un mensaje público en que exige “retractación” del presidente o que ordene investigaciones policiales para comprobar sus acusaciones contra la ANVISA. Caso contrario estará cometiendo el delito de prevaricación, señaló.  (IPS)