El nivel de satisfacción con la implementación del Acuerdo de Paz aumentó en el último año en las poblaciones de los municipios más afectados por el conflicto armado y que fueron priorizados para ser beneficiarios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Eso muestra una amplia encuesta realizada a 11.700 personas, en 72 municipios del país, que en 2019 había mostrado un 36 % de satisfacción y que este año pasó al 48 %. Es un resultado sorpresivo si se tiene en cuenta que entre los analistas, académicos y centros de pensamiento se ha presentado una visión catastrófica del Acuerdo Final por los bajos niveles de cumplimiento en los puntos que impactan en los territorios.

Este estudio muestra, en cambio, una visión esperanzadora y optimista sobre esta implementación.

Los investigadores dicen que son varias las razones de este resultado. Explican que la satisfacción es mayor entre quienes perciben una mejoría en la seguridad en su comunidad, entre quienes perciben un aumento en la llegada de bienes a su territorio, entre quienes manifiestan tener más confianza en las instituciones del Estado, entre quienes creen que el país avanza hacia la reconciliación y entre las víctimas que dicen haber recibido algún tipo de reparación.

“Esto es consistente con hallazgos de trabajos recientes sobre la base material y el papel de la confianza en los procesos de reconciliación y construcción de paz. Dichos trabajos muestran que la reconciliación no ocurre en un vacío social ni estatal, y que las personas cambian de percepción cuando sienten que pasa algo favorable y tangible en su entorno inmediato”, dice el informe.

Ese nivel de satisfacción con la implementación del Acuerdo Final se observa en todas las poblaciones (mujeres, hombres y grupos étnicos) y en cada una de las subregiones PDET, con excepción de Catatumbo, Pacífico Nariñense, Pacífico Medio y Alto Patía-Norte del Cauca, zonas en las que disminuyó la satisfacción general con el Acuerdo. Este resultado se relaciona con la sensación de inseguridad que se experimenta en estos territorios.

Los resultados de este estudio se presentaron ayer en Bogotá y son el resultado de un esfuerzo conjunto entre PNUD, PRIO (Peace Research Institute of Oslo) y la Universidad de los Andes, con el apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz.

El informe recoge los hallazgos de los datos recolectados entre junio y agosto de 2021, y es una continuidad del informe “Luces y sombras de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia: actitudes y percepciones en los territorios PDET”, que realizó su primera encuesta en 2019.

Se resalta un resultado muy positivo, y es que el 81,8 % de los encuestados en los territorios PDET consideran que el Acuerdo era necesario para dar por terminado el conflicto con las Farc y el 65,8 % cree que “representa la opinión del pueblo”. Los investigadores señalan que esta visión positiva se escuchó también en los grupos focales que realizaron, en los que un participante manifestó que “el proceso de paz trae una gran esperanza”, a lo que otro agregó: “Cuando escuchamos que venía el proceso de paz para Colombia le apostamos a ello”.

Preocupación por seguridad

Otro de los hallazgos significativos de este estudio es que se registra un aumento en el porcentaje de personas que manifiestan que la seguridad en su comunidad se ha empeorado en los últimos 12 meses, al pasar del 35 % en 2019 al 43 % en 2021.

El deterioro se observa especialmente en Alto Patía-Norte del Cauca y en el Urabá antioqueño.

El informe indica que, en 2019, la tasa promedio de homicidios en los municipios PDET fue de 56.2 por cada 100.000 habitantes, la cual estuvo muy por encima del promedio nacional (24,3). Esto indica que, aunque en Colombia se reportan las tasas de homicidios más bajas en los últimos diez años, en los municipios PDET la violencia aún persiste.

Sobre la implementación de los PDET, la encuesta revela que las poblaciones de estos municipios tienen una gran esperanza de que estos programas representan la transformación de sus territorios (59 %), pero se percibe que su implementación está muy limitada. Se observa una disminución en la percepción de llegada de obras y bienes a sus territorios en el presente, que pasa del 35 % en 2019 al 27 % en 2021.

Este es un llamado de atención para el Gobierno, teniendo en cuenta que en el último año se han presentado denuncias de las comunidades por la falta de articulación de las obras y porque no han podido participar en la priorización de los proyectos a implementar. No cabe duda de que la pandemia y las restricciones de movilidad afectaron la ejecución de estos programas.

Solo en cuatro subregiones menos de la mitad tiene la expectativa de transformación territorial vía PDET: sur de Tolima, Arauca, Pacífico medio, Pacífico y frontera nariñense, siendo estos dos últimos territorios unos en los que disminuyó la satisfacción con la implementación del Acuerdo.

En todas las demás subregiones la mayoría tiene una visión optimista, siendo particularmente notorios los casos del Urabá antioqueño y Chocó, donde la expectativa favorable es casi unánime.

Otros de los resultados llamativos en la encuesta es que el 85 % valora la promoción de alternativas a los cultivos de coca, mientras que el 72 % rechaza la erradicación forzada. Hay unas variaciones interesantes, en el Bajo Cauca el 45 % de los encuestados valoran la sustitución de cultivos, mientras que en el sur de Córdoba esa aprobación llega apenas al 9,7 %.

Sobre la reincorporación de excombatientes de las Farc, se encontró que el 54 % de las personas en procesos de reincorporación están en municipios PDET. Entre los encuestados, el 85 % dijo estar de acuerdo con estos programas, pero en contraste el 87 % dice que no confía en una persona que haya pertenecido a las Farc-Ep. Este porcentaje se reduce entre las personas que conocen a algún excombatiente.

“Hemos hecho más de 15 presentaciones con entidades del Gobierno, líderes de opinión, organizaciones de la sociedad civil y representantes del componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación. Continuaremos con la socialización en territorios PDET para involucrar también a las autoridades y la sociedad civil de las distintas subregiones”, explica Sara Ferrer Olivella, representante residente de PNUD, sobre qué hacer con estos estudios.

Y añade: “Queremos que esa información sea usada por quienes toman decisiones y, aunque muchos análisis adicionales son posibles, hemos identificado ya algunos caminos. La encuesta nos muestra muchas variaciones territoriales en la implementación del Acuerdo y creemos que en un país tan diverso como Colombia es importante trabajar en agendas regionales de construcción de paz: las necesidades en el Catatumbo no son las mismas que en Montes de María, y por eso será clave continuar en un esfuerzo que involucre a autoridades y liderazgos sociales locales. El informe da pistas sobre qué priorizar en las distintas subregiones PDET”.

El futuro

Sobre el valor de la investigación, la representante de PNUD en Colombia señaló que el número de encuestados, más de 11.000 es significativo ya que las encuestas con frecuencia no pasan de 1.200 personas consultadas. “El tamaño de la muestra nos permite tener una representatividad estadística a nivel de subregión PDET. Esto es muy valioso porque nos permite observar las disímiles trayectorias que tiene la implementación del Acuerdo en distintos territorios desde las voces de los protagonistas: las comunidades beneficiarias. Estas trayectorias son reflejo también de las distintas trayectorias de desarrollo que tienen las regiones en Colombia. Por eso, las comparaciones regionales permiten que la información se traduzca en recomendaciones de política pública precisas y acordes con las distintas realidades territoriales”.

Otro de los valores del estudio es que precisamente recoge las voces de quienes viven en los municipios donde el conflicto tuvo un mayor impacto, y reciben de manera más directa los proyectos y programas derivados del Acuerdo, señaló Ferrer. “La forma en que las comunidades comprenden y valoran la implementación de Acuerdos de Paz, puede diferir de otras mediciones y visiones de estudiosos y académicos. Este informe, al recoger esas voces, complementa los rigurosos esfuerzos de seguimiento a la implementación del Acuerdo que ya existen”.

“Hablando con algunas de las personas encuestadas, por ejemplo, sentí que hay una enorme disposición a la reconciliación, a construir comunidad con los y las excombatientes que pasan por la reincorporación. Es cuestión de sostener una conversación con algunos de los y las encuestados para escuchar que la paz es un anhelo que creen se puede hacer realidad a través de la implementación del Acuerdo”, concluye la representante del PNUD.

Conclusiones y recomendaciones

Los investigadores concluyen que “la implementación del Acuerdo de Paz es obligatoria y será así al menos durante dos gobiernos sucesivos al actual. Por eso identifican algunas condiciones que puedan evitar retrocesos en lo alcanzado, que vuelvan irreversible los avances y que respondan a los diversos retos que ha planteado esta encuesta”. Plantean 12 recomendaciones, entre las que se destacan: establecer negociaciones con otros actores armados, fortalecer la participación de las comunidades en los PDET, implementar las curules de paz, continuar con la entrega de tierras, acelerar la sustitución de los cultivos de coca y avanzar en agendas regionales de paz.  (El Espectador)