Después de casi seis meses de trabajo, la comisión especial abierta en el Senado de Brasil para investigar la gestión de la pandemia llegó a una conclusión demoledora: el presidente Jair Bolsonaro debe ser acusado de diez delitos: "Epidemia con resultado de muerte, infracción de medida sanitaria, incitación al delito, falsificación de documento, uso irregular de fondos públicos, prevaricación, delitos contra la humanidad, delitos de responsabilidad, violación del derecho social e incompatibilidad con el decoro del cargo". No hay precedentes de algo así en la historia reciente de Brasil.

Al abrir la sesión para la lectura final del informe, el presidente de la comisión, el senador Omar Aziz, advirtió: "Ningún ciudadano está por encima de la ley, y eso vale para el presidente Jair Bolsonaro. Será investigado porque hay pruebas muy grandes contra él (...) cometió muchos crímenes y pagará por ellos". El informe atribuye a Bolsonaro buena parte de culpa por los más de 600.000 brasileños que perdieron la vida durante la pandemia, por defender desde el principio la tesis de la inmunidad de rebaño, estimulando el contagio de la población, siempre asesorado por un 'gabiente paralelo', con consejos alejados de criterios científicos.

Según los senadores, la acusación más grave, la de crimen contra la humanidad, se sostiene por la repetida defensa que Bolsonaro hizo todo este tiempo de medicamentos que no tenían eficacia contra el Covid-19. "Seres humanos fueron utilizados como cobayas", lamentaba el autor del texto, el senador Renan Calheiros. Se menciona especialmente el dramático caso de la ciudad de Manaos, donde cientos murieron por falta de oxígeno en los hospitales, mientras lo único que hizo el Gobierno ante las alertas de escasez fue mandar toneladas de cloroquina, un medicamento absolutamente inútil. El informe también cita graves omisiones en el caso concreto de los pueblos indígenas, pero al final se eliminó de la redacción final la acusación de genocidio, por falta de consenso entre los senadores.

Negligencia en la compra de vacunas

La negligencia a la hora de comprar vacunas es uno de los puntos centrales del informe. Pfizer ofreció a Brasil en agosto de 2020 un total de 70 millones de dosis, pero el Gobierno ignoró la oferta repetidamente. Hasta 11 correos electrónicos del laboratorio se quedaron sin responder. Al final, el acuerdo con la empresa se firmó en marzo de este año. Si hubiera habido más interés, a finales de 2020 Brasil ya hubiera empezado a vacunar. También se recuerda que en un principio Bolsonaro vetó la compra de 46 millones de vacunas del laboratorio chino Sinovac, al tiempo que difundía dudas sobre la eficacia y seguridad del inmunizante. Paradójicamente, acabó siendo el más usado al inicio de la campaña de vacunación, gracias a que el gobernador de São Paulo, João Doria, tomó la delantera.

El escándalo de las vacunas no acaba ahí: Bolsonaro también habría cometido un delito de prevaricación, por no haber tomado ninguna medida cuando un funcionario le alertó de que había un esquema de corrupción dentro del Ministerio de Salud para desviar dinero con la compra de viales. De repente, había mucho interés en comprar la vacuna india Covaxin, a pesar de que era más cara y no estaba aprobada por la agencia reguladora. El interés se explica porque una empresa intermediaria en esa compra tenía conexiones con importantes políticos. El Gobierno ninguneaba a los principales laboratorios del mundo mientras daba alas a opacas empresas con las que poder hacer negocios oscuros.

Qué pasa ahora

Las 1.180 páginas del informe no dejan títere con cabeza. En total se acusa a 66 personas y dos empresas, incluyendo cuatro ministros, dos ex ministros y los tres hijos de Bolsonaro metidos en política: Flávio, Eduardo, y Carlos, acusados de formar el "centro de comando" de difusión de 'fake news' relacionadas con la pandemia. Ellos están acusados de un delito de incitación al crimen.

El texto se votará la semana que viene. Una vez aprobado se entregará a la Procuradoría General de la República, que con todas las pruebas decidirá si hay base para presentar una denuncia formal contra el presidente. Las acusaciones más graves contra Bolsonaro se derivarán a la Corte Penal Internacional de la Haya.

Las consecuencias penales para el presidente son bastante difusas, al menos mientras esté en el cargo y siga siendo aforado. Por la vía política el informe podría servir para abrir un proceso de 'impeachment', aunque es poco probable, dado que Bolsonaro aún mantiene apoyos en la Cámara de Diputados. Además, apenas queda tiempo hábil, dado que las elecciones son en menos de un año. Precisamente, el principal efecto de la comisión es electoral, ya que desgasta aún más al presidente de cara a los comicios de 2022.  (Reuters)