desaparecida en Santa Cruz el 22 de mayo de 2021, nadie del gobierno municipal de Río Gallegos, de la provincia y menos de la Nación, ni siquiera están presente en el reclamo a través de los organismos de DDHH, de la Mujer, la familia o de las defensoras de género. 

En el caso Maldonado, el gobierno llevó adelante una campaña para complicar políticamente al gobierno anterior y poner al joven tatuador como símbolo de un crimen político, llegando al punto de que la propia Cristina Fernández, posó con la foto del joven, en medio de actos partidarios del FPV y la izquierda que le sigue el juego en éste y otros temas políticos.

Pero si vamos a la definción de “Desaparición forzada” tipificado en textos internacionales y en la legislación penal de varios países, “se caracteriza por cualquier forma de privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, autorización o aquiescencia seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley. El asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, que actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social al que pertenece la persona”. 

Con este argumento, el gobierno actual y el kirchnerismo en particular, pretendió forzar la carátula de una “desaparición” que no fue tal, por cuanto Maldonado estuvo sumergido en el agua del río y lo de “forzada” aplica menos aún al concepto, por cuanto se probó que murió por inmersión, dado que no sabía nadar y fue abandonado por sus pares, cuando la Gendarmería los corría desde el corte de ruta que estaban llevando a cabo, hacia la vera del río Chubut donde los manifestantes huyeron, tratando de cruzar el espejo de agua.

Lo de Maldonado no fue ni desaparición ni forzada; sin embargo, el relato armado alrededor del hecho, contribuyó a instalar una idea de crimen político y montaron una épica falsa, la cual quedó plenamente develada, cuando 51 peritos médicos, tanto de la defensa como de la querella, determinaron que Santiago Maldonado murió por inmersión, no sufrió ningún tipo de tortura, estuvo sumergido por alrededor de 73 días y el contexto pericial señaló claramente que no sabía nadar y pretendió cruzar el río junto a otros compañeros que urgidos por los gendarmes, prefirieron dejar atrás al muchacho, quien pereció en el intento por vadear el peligroso río chubutense.

No es casual el silencio

El mutismo del sector oficial, léase gobierno, diputados, concejales, intendentes y cualquier funcionario de cualquier estamento del poder en Santa Cruz, hacen  un llamativo silencio alrededor del caso de la desaparición de Marcela López. Ni siquiera intentan simular una preocupación vacua. No amagan ni a opinar o manifestarse mínimamente sobre la desaparición real y concreta de una mujer que siguen investigando como “presunto suicidio”. Los medios pagos por la pauta oficial, hablan muy poco y nada del caso emblemático de desaparición de una persona en Santa Cruz.

Así como concejales, diputados y senadores K colgaban los cartelitos en sus bancas con la imagen de Maldonado, hoy enrollaron las pancartas y se las guardan bien adentro de sus armarios, porque les apareció una verdadera “desaparecida” en tierra propia y los dejó desnudos: tendrían que pedir por ella. Y como el crimen roza a su propia tropa, callan, ignoran, se desentienden; eso se nota.

Y esta acción reveladora por ignorar la realidad, que muestra el poder político, echa más oscuridad en la causa, la cual, si uno la analiza desde un marco más amplio y se detiene en los detalles de todo el proceso, no puede abstraerse de pensar que una buen parte del poder provincial (incluyendo la justicia, especialmente) y/o nacional, está en riesgo, en caso de que se investiguen los reales motivos de su desaparición.

No es menor destacar la virulencia de los ataques desde el poder, saliendo con desmentidas, negaciones y acusaciones cruzadas, cuando se conoció el detalle del encuentro de los dólares termosellados y la posible conexión con personajes de la política nacional. Todo sufrió un quiebre, cuando se expusieron las posibles vinculaciones del crimen con el poder.

No hemos visto a los organismos de DDHH, a las organizaciones en pro de la mujer, que se desgarran las vestiduras por los femicidios, levantar carteles, construir spots televisivos y encabezar “marchas por Marcela López”, un caso que es realmente de una gravedad institucional enorme, teniendo en cuenta todos los esfuerzos que se hacen para encubrir el crimen, la poca o ninguna preocupación del sector político por exigir el esclarecimiento, la inoperancia de la justicia y el entorno mediático usado para descalificar a los actores en vez de preocuparse por buscar a la mujer, tal como hizo el propio kirchnerismo, cuando fue asesinado el Fiscal Nissman; pero de esto nos ocuparemos en otro informe, donde analizaremos la forma en que canibalizan la causa de López y el operativo para anular a la querella, subvirtiendo el concepto de las pruebas y lapidando a quienes denuncian e investigan por fuera, pero sin ocuparse de dar explicaciones de por qué a más de 120 días, Marcela López sigue desaparecida y no tienen la mínima idea de lo que pasó, o la tienen y encubren a los responsables. (Agencia OPI Santa Cruz)