La quema de carbón, petróleo y gas es la fuente dominante de emisiones de gases de efecto invernadero que impulsa el aumento de la temperatura media mundial, que ya ha subido alrededor de 1,1C por encima de los niveles preindustriales. La última evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma de forma inequívoca que las actividades humanas son las responsables.

La Agencia Internacional de Energía asegura que para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5C, no se pueden aprobar nuevos yacimientos de petróleo y gas ni construir nuevas centrales eléctricas de carbón en ningún lugar.

Sin embargo, el informe sobre la brecha de producción de la ONU muestra que los países tienen previsto aumentar la producción de combustibles fósiles en 2 % de media anual, lo que en 2030 supondría más del doble de la producción coherente con el objetivo de 1,5C.

Los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a decisiones difíciles. Pueden seguir apostando por los combustibles fósiles o embarcarse en una transición energética ordenada y justa, en línea con el Acuerdo de París y una recuperación sostenible de la pandemia. Esto último ofrece la oportunidad de crear un 1% de crecimiento adicional y 15 millones de nuevos empleos en la región, según el informe de perspectivas macroeconómicas del BID para 2021.

Por un lado, muchos países dependen de la demanda de combustibles fósiles para obtener ingresos fiscales, ya que cerca de la mitad de lo que se produce en la región se exporta. Por ejemplo, entre 2013 y 2018, en promedio 8 % de los ingresos públicos en Ecuador, 6,6 % en Trinidad y Tobago y 5,4 % en México, dependieron de la explotación de petróleo y gas natural.

Con la reciente subida de los precios del petróleo y la imperiosa necesidad de rescatar las economías, muchos países de la región buscan desarrollar sus combustibles fósiles.

Hasta la fecha, se les ha asignado bastante más financiación que a las energías renovables como parte de los paquetes de recuperación. Aunque algunas compañías petroleras nacionales están mejorando su eficiencia energética y reduciendo la quema de gas, el sector energético de la región no está alineado con los objetivos del Acuerdo de París de alcanzar las emisiones netas cero para 2050.

Además, el crecimiento de las energías renovables y la movilidad eléctrica plantea retos a las economías dependientes de los combustibles fósiles. Las energías renovables ya son más baratas que los combustibles fósiles para la mayoría de los nuevos usos y tres cuartas partes de toda la nueva capacidad de generación de electricidad en el mundo procede de las renovables. El aumento de las ventas de vehículos eléctricos también muestra la nueva dirección de la marcha.

El Sexto Informe de Evaluación del IPCC afirma que para 66 % de posibilidades de limitar el calentamiento a 1,5C, el mundo tiene un presupuesto de carbono restante de 360GtCO2, equivalente a nueve años de emisiones actuales.

A medida que aumenta la presión para mantener vivo el objetivo de 1,5C, los países pueden decidir seguir el ejemplo de países como Costa Rica y Chile y acelerar sus esfuerzos de descarbonización, lo que podría llevar a un descenso drástico de la demanda de combustibles fósiles.

Esto provocaría que las reservas de combustibles fósiles quedaran bajo tierra si el mundo se limita a un presupuesto de carbono alineado con el objetivo de 1,5C. Estas reservas se convertirían en activos varados o abandonados al devaluarse o retirarse antes del final de su vida útil prevista, lo que podría suponer una importante pérdida de ingresos para los países exportadores de petróleo y los que dependen de los ingresos fiscales procedentes del consumo de combustibles fósiles, especialmente del transporte.

El concepto de emisiones comprometidas es útil para evaluar el impacto de las infraestructuras energéticas en el cambio climático a lo largo de su vida útil prevista, que puede ser de unos 30 a 40 años. Las emisiones comprometidas son las emisiones que generarán el funcionamiento de las actuales centrales eléctricas de combustibles fósiles durante ese periodo.

Las emisiones comprometidas de las actuales centrales eléctricas de América Latina y el Caribe son incompatibles con el Acuerdo de París sobre cambio climático. Si se construyeran todas las centrales de combustibles fósiles previstas y anunciadas en la región, la mayoría de ellas basadas en gas natural, las emisiones comprometidas superarían el límite establecido en 150 %.

La única manera de reducir las emisiones comprometidas es cerrar las centrales eléctricas existentes y sustituirlas por capacidad de energía renovable, y dejar las reservas de gas natural, petróleo y carbón bajo tierra. Sin embargo, hacerlo con rapidez exigiría retirar los activos físicos antes del final de su vida útil prevista, convirtiéndolos en activos varados e incurriendo en importantes costos para los propietarios de los activos y los trabajadores.

Los activos varados pueden ser causados por algunas políticas gubernamentales. La eliminación de las subvenciones al gasoil impone un nuevo costo a las empresas de taxis y buses, reduciendo sus ingresos futuros y, por tanto, el valor actual de su negocio. El cambio tecnológico también puede dar lugar a activos bloqueados: por ejemplo, si las nuevas centrales eléctricas renovables socavan la competitividad de las antiguas centrales de carbón, gasoil o gas natural.

La brusca devaluación de los activos financieros podría crear diversos grados de inestabilidad en los mercados, lo que a su vez podría provocar inestabilidades macroeconómicas. Los activos bloqueados también podrían crear inestabilidad política debido a una rápida pérdida de riqueza por parte de los propietarios de los activos de capital y los trabajadores afectados.

Si se cumplen los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París, se prevé que el valor mundial de los activos bloqueados asociados a proyectos que aún no han recuperado su inversión inicial será de 304 000 millones de dólares en 2035, de los cuales 180.000 millones corresponden a las industrias del petróleo y el gas.

Un documento del BID muestra que, en escenarios coherentes con el objetivo de 1,5C, la producción de petróleo en América Latina debería caer a menos de 4 millones de barriles diarios para 2035, un 60% menos que los niveles anteriores a la pandemia. Esto significaría que entre el 66% y el 81% de las reservas probadas, probables y posibles de petróleo no se utilizarán antes de 2035. El impacto fiscal sería enorme: los exportadores regionales de petróleo podrían perder hasta cerca de 3 billones de dólares en regalías para 2035 si se materializa una fuerte acción climática mundial.

Estas estimaciones ilustran la importancia de que los gobiernos diseñen políticas para identificar y gestionar los riesgos fiscales asociados a la transición hacia economías de emisiones netas cero.

Los ministerios de economía y finanzas pueden desempeñar un papel estratégico en la gestión de estos riesgos al diseñar una estrategia fiscal para gestionar la incertidumbre causada por la posible baja de  ingresos por hidrocarburos.

También pueden identificar y gestionar los riesgos de los activos bloqueados en las infraestructuras y la industria.

Estos ministerios también pueden diseñar políticas que consideren y aborden los impactos distributivos para los sectores económicos y los trabajadores afectados, y ayudar al sector financiero a internalizar los riesgos climáticos en la toma de decisiones. La llamada transición justa es, por tanto, crucial para garantizar que las políticas relacionadas con el clima no agraven la desigualdad y la pobreza.

En Sudáfrica se han hecho esfuerzos para gestionar mejor los riesgos de los activos varados. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Sudafricano de Desarrollo llevaron a cabo una evaluación en la que se analizaron los riesgos, entre ellos una caída significativa de los precios de los combustibles fósiles y cualquier inversión que pueda aumentar la exposición al varamiento de activos.

El caso sudafricano sugiere que los gobiernos pueden trabajar para evitar o retrasar las inversiones que puedan aumentar la exposición del país al riesgo de activos varados y planificar una retirada progresiva de las actividades más expuestas a la transición energética.

Los pasos a seguir también son importantes.

El cierre demasiado rápido de activos de producción de combustibles fósiles puede aumentar los costos energéticos del país, reducir la capacidad del gobierno para financiar programas y afectar a los trabajadores y las comunidades. Por el contrario, un plan demasiado lento —con grandes inversiones en infraestructuras adicionales y supuestos demasiado optimistas sobre las futuras exportaciones de hidrocarburos— llevaría a una transición más abrupta y con más rupturas, mayor deuda y suspensiones de pagos cuando no se satisfaga la demanda de exportación prevista.

De cara al futuro, una tarea clave para los responsables políticos, destacada en la estrategia del BID para el sector extractivo, es alinear los objetivos mineros y energéticos, climáticos, y fiscales de los países.

De hecho, en la actualidad, la falta de un enfoque holístico impide una transición ordenada. A medida que los gobiernos diseñan estrategias de descarbonización a largo plazo y emprenden inversiones para apoyar la recuperación post pandemia, habrá que considerar cuidadosamente la futura demanda de petróleo y las perspectivas de la producción nacional. Para reducir el riesgo de varamiento de activos en esta década y las probables consecuencias fiscales y políticas, una transición justa y ordenada debe comenzar hoy.  (IPS)