Los conflictos entre comunidades mapuches y particulares o el mismo Estado no son nuevos en la región. Sin embargo, la irrupción en noviembre de 2017 de un grupo de personas, que se identificaron como miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu y tomaron un predio de Parques Nacionales en Villa Mascardi, cambió el escenario. 

En ese caso particular, personas encapuchadas se pusieron al frente del reclamo por la recuperación de tierras y adoptaron la violencia para llevar adelante el objetivo. 

Su metodología es similar a la empleada por la comunidad Pu Lof en Resistencia en el departamento de Cushamen, en el norte de Chubut, cuyo lonko era Facundo Jones Huala, un joven nacido y criado en los barrios del Alto de Bariloche. Hoy, está preso en una cárcel de Chile, pero a un paso de recuperar la libertad condicional. 

Esa comunidad irrumpió en los campos de Benetton y se instaló en esa zona del norte de Chubut, al costado de la ruta nacional 40. Los habitantes de El Maitén vivieron hechos de violencia que derivaron en causas en la justicia federal y provincial de Chubut.  

Los pobladores de Villa Mascardi viven situaciones parecidas desde noviembre de 2017. Personas encapuchadas cortan la ruta nacional 40, amenazan, agreden, causan daños en vehículos que circulan por la zona. El personal policial y los patrulleros son los blancos frecuentes. También, turistas, personal de Parques Nacionales, periodistas, reporteros gráficos y funcionarios judiciales. 

La comunidad Buenuleo también llevó adelante el año pasado un reclamo territorial en el cerro Ventana de Bariloche. Optaron por demandar sus derechos a cara descubierta. Estuvieron a disposición de la justicia en todo momento que se los requirió porque la fiscalía los acusó de usurpación. Se defendieron en tribunales, sin apelar a la violencia. 

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda dictó a finales de septiembre del año pasado una resolución que reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” de la Comunidad Lof Che Buenuleo sobre 481 hectáreas en la zona del cerro Ventana, en Bariloche. La resolución llegó en medio del litigio judicial y derivó en el repliegue del Ministerio Público Fiscal que desistió de seguir adelante con la persecución penal contra miembros de esa comunidad. La causa penal sigue activa por el impulso de los particulares. 

El INAI dictó otra resolución meses atrás que reconoció también la ocupación tradicional de la comunidad mapuche Celestino Quijada en la ladera sur del cerro Otto. La comunidad tiene una disputa con el country Arelauquen y la Municipalidad de Bariloche por un lote. 

La comunidad Quijada reclama unas 30 hectáreas. Alega en la justicia que el country Arelauquen avanzó sobre sus tierras y les cerró el paso que la comunidad utilizaba para conectarse con Bariloche. 

La jueza federal Silvina Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche, admitió una medida cautelar solicitada por la comunidad y ordenó al barrio privado abrir un camino provisorio para la circulación de los miembros de la comunidad. 

La misma conducta desarrolla la comunidad mapuche Paicil Antriao que disputa tierras en Villa La Angostura con privados y el propio Estado municipal y Vialidad Nacional por la traza de la megaobra de la avenida de Circunvalación. Las comunidades Buenuleo y Paicil Antriao tienen una historia para poner sobre la mesa. Poseen personería jurídica y están incluidos en el relevamiento territorial que prevé la ley 26160 de comunidades indígenas. El Gobierno de Neuquén y el INAI acordaron, con el aval de las comunidades mapuches de la vecina provincia, reactivar el relevamiento que podría dirimir los conflictos territoriales. 

En cambio, el Gobierno de Río Negro no ha dado hasta ahora ninguna señal de estar dispuesto a avanzar con ese trabajo pendiente. 

La comunidad Lafken Winkul Mapu no tiene personería jurídica. Tampoco está registrada para el relevamiento territorial. No quieren saber nada con las vías institucionales y optaron por avanzar por las “vías de hecho”, como advierten en la justicia” sobre tierras que ellos alegan que les pertenecen. 

La fiscalía federal de Bariloche logró identificar a varios de sus miembros. Por eso, están procesados en algunas de las 12 causas abiertas en el fuero federal, informaron fuentes judiciales. 

La comunidad Quemquemtreu surgió el 18 de septiembre pasado, cuando un grupo de personas entró a un campo que explota comercialmente Rolando Rocco, en Cuesta del Ternero. Allí, se pudo identificar a solo algunas personas que la fiscal jefa Betiana Cendón imputó por usurpación. Entre ellas está Romina Jones, prima de Facundo. 

El werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, sostuvo que el derecho internacional ampara a las comunidades más allá de que no tengan personería jurídica.  

Dijo que en Río Negro hay aproximadamente 150 comunidades y solo unas 65 tienen personería jurídica. El dirigente mapuche responsabiliza al Estado rionegrino y a la gobernadora Arabela Carrera por lo que sucede en Cuesta del Ternero. Denuncia que prohibirle el ingreso de alimentos y ropa a las personas de la comunidad que permanecen en el campo “recuperado” es criminal.  

Sin embargo, Cendón afirmó que no hay ninguna orden de detención para esas personas y que pueden salir del predio cuando quieran. Sostuvo que la Policía provincial custodia el lugar para impedir que la usurpación se consolide con el ingreso de más personas y materiales que pueden usar para levantar viviendas. 

Esos motivos alegaron jueces de Bariloche al rechazar varios hábeas corpus preventivos que habían presentado el Parlamento Mapuche Tehuelche y organismos, como la APDH. Y hasta el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro desestimó un reclamo judicial que tenía ese objetivo de fondo.  

La fiscalía federal de Bariloche investigó varios hechos que ocurrieron desde noviembre de 2017 en Villa Mascardi. La primera causa se originó por la usurpación de un predio de Parques Nacionales que finalizó el 23 de noviembre de 2017, cuando fuerzas federales desalojaron el lugar por orden del juez federal Gustavo Villanueva, que subrogaba el juzgado federal de Bariloche. Esa causa ya está lista para ir juicio. 

La fiscal federal local Sylvia Little encabezó además la investigación, junto con la auxiliar federal, María Cándida Etchepare, del homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, que sucedió la tarde del 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi. 

Hay cinco albatros de Prefectura procesados por ese homicidio, aunque la calificación legal dice que fue cometido con exceso en la legítima defensa porque sostiene que hubo un presunto enfrentamiento entre jóvenes mapuches y los prefectos.  

La fiscalía requirió hace pocos días la elevación a juicio de esa causa. También, los padres de Rafael, la APDH Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que son querellantes en la causa, informaron las fuentes. Falta que las defensas respondan si están de acuerdo con mandar la causa a juicio o si se oponen e instan el sobreseimiento de los imputados. En todo caso, será la jueza federal que subroga en este momento el juzgado federal de Bariloche la que resuelva en breve. 

Hay otra causa por la usurpación que comenzó el 25 de noviembre de 2017 y que persiste hasta la fecha. Las fuentes dijeron que en esa causa hay tres miembros de la comunidad imputados y también la fiscalía requirió la elevación a juicio. Falta que se pronuncien la querella, que aúnes parques Nacionales, y la defensa.    

Los imputados de esas causas son casualmente integrantes, en su mayoría, de la comunidad Colhuan Nahuel, que tiene personería jurídica y la provincia de Río Negro les reconoció como territorio una manzana del barrio Virgen Misionera, en Bariloche. Ese espacio, recuerdan vecinos del barrio, era una plaza. 

30 Causas se tramitan en la sede de Bariloche del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Son por usurpación, daños, amenazas y agresiones contra habitantes de Villa Mascardi, turistas, personas de Bariloche, personal de Parques y policías.

“Lamento que una gobernadora desconozca la problemática mapuche” 

“El contexto actual muestra una gran conflictividad en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén”, afirmó el werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo. 

Y lo atribuyó a un “hecho grave” que fue la conformación de “ese comando unificado impulsado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich” en 2017, “que está siendo investigado por la justicia federal”.  

Mencionó que la continuidad de esa idea es lo que se definió como “Consenso Bariloche, que representa la institucionalización de ese comando unificado impulsado por esos gobiernos”. Y recordó que la gobernadora Arabela Carreras abrió justamente ese encuentro, que se hizo semanas atrás en esta ciudad. 

Mencionó que estuvo el ministro de Seguridad del Gobierno de Chubut, Federico Masoni, que es reconocido por sus políticas en contra de las comunidades mapuches. Y un abogado de San Martín de los Andes, Hugo Burgenik, que litiga contra comunidades. 

Carriqueo sostuvo que no hay que olvidar el contexto histórico para tratar de comprender lo que ocurre. “Los conflictos son históricos nada más que hoy tienen visibilidad por los medios de comunicación y las organizaciones”. 

Mencionó la comisión investigadora de tierras, que se conformó años atrás en la Legislatura rionegrina, para el relevamiento de la transferencia de tierras rurales “que hoy no funciona porque al Gobierno provincial no le conviene”. 

“Las provincias se niegan a devolver tierras, a reconocer comunidades que están avaladas desde lo social, antropológico y cultural”, afirmó. 

Lamentó que hoy no hay representantes políticos para abrir el diálogo, Criticó tanto al gobierno provincial como al Frente de Todos “que está absolutamente callado”. Río Negro intentó comunicarse con el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, para que aportara su visión sobre el tema, pero optó por el silencio.

“El anuncio de la gobernadora que va a presentar una denuncia por actos terroristas en la justicia federal complejiza aún más la situación”, opinó el werken. 

Carriqueo aseguró que el campo “reivindicado en Cuesta del Ternero” por la comunidad mapuche Quemquemtreu “no es cierto que tiene dueño, pertenece al fisco”. “(Rolando) Rocco no es el dueño de la tierra, y tiene domicilio en Lago Puelo”, sostuvo. Dijo que tiene un permiso del gobierno provincial para forestar esas tierras fiscales. 

“Eso es algo que no dicen desde el gobierno provincial y que nadie explica”, planteó. 

“¿Cuáles son los intereses en Cuesta del Ternero?”, advirtió. “Hoy hay un negocio atrás impulsado desde la alianza de Juntos Somos Río Negro y Juntos por el Cambio”, denunció. 

Y mencionó que ese negocio inmobiliario es el que le permitió obtener tierras al príncipe quatarí y Gastón Gaudio.  

Carriqueo negó que la gobernadora Carreras “tenga buena relación con las comunidades mapuches”. “El Codeci está totalmente desfinanciado y es un órgano de cogestión”, aseveró. 

“Lamento que una gobernadora desconozca la historia de una provincia y la problemática mapuche”, enfatizó. 

Aseguró que los integrantes de la comunidad Quemquemtreu que entraron el 18 de septiembre pasado al campo en ese lugar estaban dispuestos a dialogar y se lo expresaron al fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien. Dijo que le habían pedido un plazo, pero antes tomó la causa la fiscal jefa Betiana Cendón, con el aval del Procurador Jorge Crespo “y allí uno ve la línea política clara del gobierno”. 

Reiteró que la comunidad Quemquemtreu tiene pruebas de que policías dispararon balas de gomas y de plomo, como gases lacrimógenos en el procedimiento que hicieron el 24 de septiembre último. Cendón negó rotundamente que eso haya sucedido y también ofreció las filmaciones del allanamiento en el campo usurpado. Tampoco se reportaron personas lesionadas, 

“El que ha cerrado el diálogo es el Gobierno de Río Negro”, afirmó Carriqueo. “No es cierto que la comunidad no quiere dialogar, lo que sí tienen claro es que van a discutir dentro del territorio, porque esas tierras no son de Rocco”. 

“Cuesta del Ternero era un lugar donde se hacían las veranadas con los animales. Era un modo de vida de trashumancia”, aseguró. 

Admitió que la comunidad mapuche Quemquemtreu no tiene personería jurídica. Pero aseguró que no la necesita para reclamar por las tierras, “Hay alrededor de 150 comunidades en Río Negro y unas 65, creo, que tienen personería jurídica”, informó. 

Dijo que el derecho internacional ampara a las comunidades más allá de que tengan o no personería. “El Estado ya no puede pedir eso. Nadie desconoce que Quemquemtreu es una comunidad. Lo que pasa es que el gobierno no quiere entregar las tierras”, reiteró. 

Dijo que la política que lleva adelante Carreras es la continuidad de lo que ejecutaba el exgobernador (hoy senador) Alberto Weretilneck,  

Y observó que casualmente cuando ocurre un reconocimiento de una comunidad que reivindica un territorio “se incendia algo”, como ocurrió esta semana en instalaciones de Vialidad provincial, en Bariloche. 

“Acá se está tratando de ocultar un crimen de Estado”, denunció, al impedirle la Justicia el ingreso de alimentos y ropa a los miembros de la comunidad Quemquemtreu en Cuesta del Ternero. 

Cuando se le recordó que no hay orden de detención contra ellos y que pueden salir del campo porque no hay nada que se lo prohíba, Carriqueo replicó; “La discusión no es si salen del campo o no salen. Discutimos una reparación histórica”. Y consideró que el conflicto se supera “con diálogo y una decisión política de entregar esas tierras”. 

Respecto a las personas encapuchadas de las comunidades que reclaman de esa manera por las tierras, Carrriqueo comparó esa situación con lo que sucedió en Chiapas, México y el subcomandante Marcos. “En Chile ocurre la misma situación”, indicó. 

Dijo que se trata de “un posicionamiento político distinto”. “No es solamente una cuestión de tierras”, aclaró. “Si vos querés deslegitimar el reclamo cualquier excusa sirve”, respondió. 

“No todas las comunidades se plantan así”, admitió, Pero lo atribuyó a la lógica dominante que separa “al mapuche bueno del malo”.  

“No hay que tenerle miedo a esos procesos disruptivos que reclaman contra el Estado”, sostuvo. “La comunidad Quemquemtreu tiene una decisión y es: no nos vamos de acá hasta que nos maten”.  (rionegro.com)