al admitir implícitamente por escrito que la declamada unidad era apenas una táctica electoral para enmascarar las inocultables diferencias ideológicas dentro de la heterogénea coalición oficialista.

Esta crisis política afecta la gobernabilidad y es consecuencia de las fallas de origen del modelo vicepresidencialista instaurado por CFK, que evidentemente no incluía en sus cálculos la posibilidad de este prematuro revés en las urnas. Nunca en la historia argentina un Presidente quedó subordinado a su vice, que por lo general podía utilizarlo como fusible. Ahora la presión va en sentido inverso, con eje en la recomposición del gabinete y un nuevo parcelamiento de las áreas ministeriales cuando faltan nada más que ocho semanas para las elecciones legislativas de noviembre.

Si bien era previsible que Alberto Fernández iba a ser culpado por la derrota en las PASO, las duras críticas del ala cristinista soslayan que CFK tuvo a su cargo el armado de las listas únicas de candidatos en los distritos clave (salvo los primeros puestos en la provincia de Buenos Aires y la CABA, delegados en el Presidente) y que en la mayoría el FdT evitó ir a internas, que de hecho son obligatorias para los votantes pero no para los precandidatos.

También la crisis abre un gran signo de interrogación sobre el rumbo económico del Gobierno, que tiene por delante dos años y tres meses de mandato. En este terreno, el daño a la confianza producido en estos días ha sido enorme y difícil de reparar.

La desesperación del cristinismo por revertir en noviembre el resultado de las PASO o, al menos, aumentar su caudal de votos para achicar diferencias, quedó evidenciada tanto en la dura crítica epistolar de CFK a la política económica, como en el irrespetuoso audio de la diputada camporista Fernanda Vallejos contra la investidura presidencial y los ministros albertistas (Martín Guzmán y Matías Kulfas) que califica como “atornillados en sus cargos”.

Esta radicalización implica presionar al Presidente para empujarlo a “tirar plata desde el helicóptero”, poner más pesos en los bolsillos de los votantes y desentenderse del déficit fiscal.

En términos macroeconómicos, esto significa subir más el gasto público y la emisión sin respaldo para financiarlo, a costa de ensanchar la brecha cambiaria, aumentar las presiones inflacionarias y la deuda del Banco Central para absorber el exceso de pesos, que equivale a emisión diferida para 2022. La incógnita es si serían aumentos por única vez (bonos extra limitados a los meses de octubre y noviembre) o de carácter permanente. En este último caso, complicarán la negociación con el Fondo Monetario para reestructurar los vencimientos de casi US$ 40.000 millones en los próximos dos años.

Aun así, resulta contradictorio que Cristina Kirchner le haya enviado mensajes por WhatsApp al ministro Guzmán para aclararle que no pedía su cabeza y prometerle una próxima reunión presencial, un día antes de difundir su explosiva carta donde cuestionaba “una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad, que iba a tener consecuencias electorales”. En realidad, el ministro siguió este año una estrategia similar a la fábula de la hormiga y la cigarra: ahorrar (o licuar) gasto en la primera mitad del año, para gastarlo en la segunda durante la campaña electoral. Para la vicepresidenta, parece no haber sido suficiente.

Quizás una explicación sea que para el cristinismo el voto castigo apuntó principalmente a la economía. Es cierto que, según el informe del Ieral-Fundación Mediterránea citado en esta columna el sábado último, el monto de ingresos fijos de las familias (salarios, jubilaciones y planes sociales) se ubicó en el primer semestre de este año 7% y 18% por debajo de iguales períodos de 2009 y 2013, los dos años en que el kirchnerismo perdió las elecciones legislativas. También que la inflación de 32% acumulada hasta agosto contribuyó a la derrota en las PASO.

Pero tampoco deben descartarse otros factores relevantes. Por un lado, no parecen haber pesado tanto los dos principales ejes de la campaña oficialista (las culpas son sólo de Macri y la pandemia). Por otro, es muy probable que muchos votos hayan apuntado contra la inseguridad (y las afirmaciones de la ministra Sabina Frederic de que Suiza es “un país aburrido” y que la tasa de homicidios en CABA es superior a la de Rosario); el retroceso educativo; las subas de impuestos; la desigualdad ante la ley (caso Cristóbal López, “premiado” por la AFIP en la causa por fraude impositivo al Estado); el retroceso del empleo, la falta de austeridad en el gasto político; los embates contra la Justicia o los apoyos a los regímenes dictatoriales de Venezuela, Nicaragua y Cuba, por citar los más notorios. En última instancia, estos factores demostraron más vocación del oficialismo por manejar arbitraria y discrecionalmente el Estado a su antojo que por ocuparse de los problemas de la población.

Hacia adelante, la crisis desatada esta semana abrió nuevas dudas sobre la negociación con el FMI y el manejo de los desequilibrios macroeconómicos en lo que resta del mandato del Gobierno. Sobre todo, tras la designación del brasileño Ilan Goldfajn, un economista de perfil ortodoxo y defensor de las metas de inflación con disciplina fiscal y monetaria como jefe del Departamento de Hemisferio Occidental del organismo y a cargo del caso argentino.

Por ahora, lo único claro es que cuanto más se demore el acuerdo, el BCRA irá perdiendo más reservas netas que destina al pago de importaciones y a intervenir en el mercado cambiario. De aquí a fin de año, los vencimientos con el Fondo suman algo más de US$4100 millones y US$5100 millones, si se agregan BID y BM. A su vez, enero y marzo del año próximo, la cifra se eleva a US$7200 millones, incluyendo al Club de París. O sea que el BCRA llegaría a fin de año con muy pocas reservas netas, que pasarán a ser negativas tras el cambio de almanaque, lo que significa más restricción externa (falta de dólares), más controles e intervenciones cambiarias y menos margen para importaciones, lo cual afectará la actividad productiva y la recuperación del PBI. De ahí que los mercados descuenten que la brecha cambiaria puede volver a dispararse sin que el BCRA cuente con suficiente poder de fuego para contenerla. Y que ya no duden de una devaluación postelectoral del peso, sino que apuestan a cuándo y cuánto.

En el marco de esta crisis política surgen dos notorias paradojas. Una, que mientras caen las reservas del BCRA, hay casi US$250.000 millones atesorados por argentinos que no se animan a invertirlos o transformarlos en bienes por desconfianza. Otra, que nadie en el oficialismo habla sobre el verdadero problema de fondo a resolver: cómo impulsar el crecimiento de la economía a base de inversión privada y mayores exportaciones, necesarias para importar insumos y crecer con más empleo formal y menos economía en negro.

La confianza en el futuro económico no se compra con billetes desvalorizados. Se consigue con previsibilidad, igualdad ante la ley y sin que tantos impuestos se lleven los esfuerzos de quienes pueden y quieren producir, trabajar o ahorrar. (La Nación - Néstor O. Scibona - nestorscibona@gmail.com)