El diagnóstico del ala más dura de la coalición (el Cristinismo) es que la elección se perdió porque el equipo económico encabezado por Martín Guzmán fue muy conservador, gastó y emitió poco, se preocupó más por la consolidación de las cuentas públicas y el arreglo con el FMI que en sostener los ingresos de los trabajadores, jubilados y demás beneficiarios de transferencias estatales. En consecuencia, buscan el gobierno salga a hacer lo que no hizo hasta el momento: “ponerle plata en el bolsillo a la gente”.
Si bien en su carta la vicepresidenta comete algunos errores técnicos cuando habla del Presupuesto ejecutado hasta el momento y de la meta de déficit fiscal que originalmente se había planteado en el Presupuesto 2021 hace exactamente un año atrás, lo que está queriendo decir es que el Ministerio de Economía está sobre cumpliendo con la meta comprometida y que está “ajustando de más”. Cristina Kirchner está pidiendo públicamente un golpe de timón en la estrategia económica que implicaría, concretamente y según nuestras proyecciones fiscales, un aumento del gasto público respecto del plan de Guzmán de aproximadamente 1,3 puntos porcentuales del PBI lo que equivale a unos 550.000 millones de pesos extra hasta fin de año. Además de que es un monto enorme de dinero, lo que vuelve más riesgosa aún a la estrategia es lo concentrado en corto tiempo que sería la inyección de recursos dado que las elecciones definitivas son en exactamente dos meses.
El reclamo de Cristina Fernández no se limita exclusivamente a los meses que quedan hasta la elección definitiva, sino que en otras palabras está exigiendo una revisión completa del presupuesto 2022 que fue enviado por Guzmán al congreso en las últimas horas de la noche del miércoles.
El proyecto de ley establece entre sus supuestos un incremento del precio de las tarifas y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ambas cosas cuestionadas por la vicepresidente. Nuevamente la exigencia de la Presidente del Senado es abandonar la diciplina fiscal y garantizar las políticas de demanda necesarias para mejorar los ingresos de los individuos.
Lo que no se tiene en cuenta es que aumentar los ingresos nominales de las personas no implica que se incrementen en términos reales. Y menos aún en un contexto de tanta vulnerabilidad macroeconómica como la que hoy exhibe Argentina. Por el contrario, es más probable que la inyección fiscal y monetaria genere un desorden cambiario y una aceleración inflacionaria que, partiendo de niveles del orden del 50% podrían poner a la nominalidad de la economía argentina en una senda muy peligrosa.
Es cierto que el Presupuesto 2022 debería ser revisado, pero no en la dirección que la Vicepresidente desea sino desde el punto de vista de la consistencia de sus variables principales.
En materia de actividad, se estima una recuperación del 4%, una tasa sumamente optimista aún en un escenario de acuerdo con el FMI.
Si hubiera un acuerdo con el FMI, es muy probable que las correcciones que el Fondo sugiera tengan efectos negativos en el corto plazo sobre la actividad (aumento de tarifas, aceleración de la tasa de devaluación, aumento de la tasa de interés).
Con respecto a la inflación se proyecta una desaceleración de casi 20 puntos, terminando en diciembre 2022 en 33%. Una reducción de esta magnitud no se observa desde 2003. Mientras tanto, el dólar oficial cerraría el año en $131.
Si suponemos que la inflación difícilmente pueda bajar a 33% y el gobierno insistiera en no dejar avanzar el dólar más allá de los $131, entonces veríamos un atraso del TCR que lo llevaría a los niveles del año 2017 cuando el país gozaba de la mayor entrada de capitales en años.
Esto generaría expectativas devaluatorias tan fuertes que empujarían al BCRA a abandonar la trayectoria cambiaria oficial ya que no contaría con reservas netas suficientes para intervenir en el mercado. O si se decidiera limitar las importaciones, entonces difícilmente al recuperación pueda ser del 4%. En definitiva, la descomposición de la coalición de gobierno tiene múltiples aristas. En el plano puramente económico, lo que se está poniendo en juego es si el país intenta un camino muy difícil para evitar otra recesión o si se encamina decididamente a una crisis macroeconómica de gran magnitud.
El Gobierno decretó la incorporación al Presupuesto de unos 4.300 millones de dólares que a fines de agosto le giró el Fondo Monetario Internacional mediante Derechos Especiales de Giro (DEG).
El Decreto 622/2021 establece que se incorporan al cálculo de recursos corrientes previsto en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 el monto de 422.174 millones de pesos.
Ese monto es equivalente a 4.334 millones de dólares que el organismo envió a Argentina en concepto de 3.055 millones de DEG, de acuerdo con su cuota, los que serán utilizados para financiar el Presupuesto General de la Administración Nacional. (BAE)
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