La dirección de Esquerra ha optado por mostrar un perfil bajo en la manifestación de mañana en Barcelona contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat. El principal partido del Govern considera que el plan del ente público aeroportuario Aena de ampliar la tercera pista del campo de vuelo y afectar a la zona protegida de la laguna de La Ricarda está descartado, por lo que no tiene mayor objeto que sus siete consellers acudan a la marcha. La ausencia de la cúpula del Govern permite en realidad no enturbiar la relación con el Gobierno después de la celebración, el pasado miércoles, de la mesa de diálogo, acogida por ambas partes como un encuentro histórico. El proyecto del aeropuerto sigue en el alero, pero el president Pere Aragonès no quiere alimentar tensiones.

El Gobierno retiró por sorpresa el día 3 la inversión de 1.700 millones para convertir El Prat en un hub [centro de conexión] internacional al constatar la división del Govern, el rechazo de los municipios colindantes y al saber que consejeros de ERC podían sumarse a la protesta. Finalmente no será así: no protestarán los siete consellers de ERC —tampoco los de Junts, partido favorable a la ampliación— y sí diputados y militantes republicanos de la zona. La movilización reunirá a En Comú Podem y la CUP y ecologistas.

Los consejeros republicanos no habían comprometido oficialmente su participación en la marcha. Fuentes del Govern aseguran que esa ausencia no busca especialmente rebajar el grado de conflictividad. “Estamos en otra fase. No tiene sentido ir a una manifestación de algo que no se hará”, afirman. La realidad es que ERC no tiene ningún ánimo de alimentar de forma gratuita la tensión con el Gobierno tras la celebración de la mesa de diálogo. El proyecto del aeropuerto siguió atascado tras la reunión en el Palau entre Pedro Sánchez y Aragonès, que defiende que el criterio medioambiental —preservar la laguna de la Ricarda— es prioritario y que la inversión para mejorar la infraestructura se debe consensuar entre todas las administraciones en el plan director. “La Generalitat no tiene una posición madura [sobre El Prat]”, dijo el presidente del Gobierno tras el encuentro.

El proyecto de El Prat ha rasgado partidos y ha actuado como una falla en las tres instituciones afectadas: en el Gobierno (Unidas Podemos se opone); en la Generalitat (Junts no le ve con malos ojos) y en el Ayuntamiento de Barcelona (los comunes lo rechazan y el PSC lo apoya). La alcaldesa Ada Colau parecía destinada a capitalizar la movilización y a ser la principal figura institucional, pero ayer trascendió que finalmente no participará en la marcha por un compromiso personal. Su ausencia causa perplejidad porque su partido ha sido el abanderado en contra de la ampliación y en defensa de La Ricarda.

Bajo el lema Ampliaciones, no. En lucha por el clima, la salud y la vida, la protesta, convocada por Xarxa per la Justícia Climàtica y Zero Port, está convocada a las 12.00 en Barcelona. Fuentes del Govern sostienen que el Ejecutivo central se agarró a un malentendido para desestimar el proyecto. Fue después de que la portavoz del Govern, Patricia Plaja, deslizara que no le sorprendería que acudiera algún consejero y que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, abriera la puerta a la participación de alguno de ellos.

Esas piruetas de la dirección de Esquerra alimentaron las dudas sobre su implicación en la protesta. Las bases del partido en la comarca del Baix Llobregat y en los municipios de El Prat, Viladecans o Castelldefels están muy movilizadas. El exdiputado de ERC Joan Tardà animó ayer a participar. Esquerra confirmó la presencia del exconsejero Raül Romeva, uno de los políticos indultados, y de Meritxell Serret, exconsejera y ahora portavoz adjunta de ERC en el Parlament además de media docena de diputados. Paralelamente, en el Ayuntamiento de Barcelona, ERC también ha optado por un perfil bajo: Ernest Maragall, su líder, no asistirá por un compromiso personal.

La ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà, otro de los municipios de la zona, ha dado hasta el día 30 para alcanzar un acuerdo sobre El Prat. El proyecto lo pactó a primeros de agosto con el vicepresidente Jordi Puigneró, de Junts, y nada hacía prever entonces este final. Según las actas de la reunión, el Govern sostuvo que no sería un “freno” para la ampliación. Finalmente, el Gobierno retiró el proyecto al esgrimir un tuit de Aragonès en el que reivindicaba el consenso y la preservación de La Ricarda.

Aragonès recuperó para su gobierno la consejería de medio ambiente —acción climática, se denomina— que había suprimido el expresidente Artur Mas y que se había convertido en una reivindicación del ecologismo catalán. Teresa Jordà asumió esa cartera que agregó a la de Agricultura y Pesca del anterior mandato. Su ausencia en la manifestación es significativa en tanto que es la consejera que se ha mostrado más crítica contra la ampliación. Desde la formación del nuevo Govern, el sector ecologista y agrícola de la zona presionaron a Jordà para que se posicionara en contra del proyecto.

Jordà, que acababa de absorber las competencias ambientales con la nueva consejería, se mantuvo en un segundo plano hasta que logró madurar una respuesta clara. En julio, en una entrevista en La Vanguardia, aseguró que ella sería “la primera defensora de La Ricarda”. Una semana después, se reunió con Colau y acordó coordinarse con el Consistorio para defender la protección de la laguna. Su postura agrietó las diferencias con Junts en el seno del Govern. Tras la paralización de la inversión, la consejera se apresuró a subir el tono y acusó a Aena de hacer “chantaje”.  (EP)