El sistema de justicia venezolano funciona bajo las órdenes del régimen de Nicolás Maduro, que lo utiliza a discreción para perseguir a opositores y violar sus derechos fundamentales, ha dicho en un demoledor informe de casi 200 páginas la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, que investiga la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela.
La selección y el nombramiento de jueces y fiscales se hace al margen de la Constitución y ha sido perjudicial para la independencia del sistema de justicia, advierte el informe. Esos jueces y fiscales se han dedicado especialmente a denegar los derechos de los adversarios al gobierno, permitiendo que sean detenidos de forma arbitraria, muchas veces sin orden judicial.
"La Misión tiene motivos razonables para creer que juezas, jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias. Han fundado órdenes de aprehensión y prisión preventiva y acusaciones en hechos y pruebas que no implicaban actos delictivos o sobre la base de los cuales no se podía individualizar la participación de la persona", advierte el documento.
En algunos casos, añade el texto, las detenciones y los cargos "se sustentaron en pruebas manipuladas, fabricadas u obtenidas mediante tortura o coacción".
La misión de la ONU asegura que el sistema de justicia ha privado a las personas detenidas de su derecho a seleccionar su representación legal, negando la defensa privada y forzándolas a aceptar una defensa pública. Además, a los abogados de opositores se les niega constantemente el acceso a documentos cruciales.
El informe de la misión independiente de la ONU también advierte que el régimen de Maduro no ha adoptado las medidas necesarias para remediar las constantes violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas.
"La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos", agrega el documento.
En una de las páginas del informe, se acusa a agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de aplicar tácticas detortura nazis contra uno de los detenidos por la operación Gedeón, la misión armada fallida contra Maduro que fue liderada por el ex boina verde Jordan Goudreau el año pasado.
Uno de los detenidos por el caso Gedeón aseguró que agentes de la inteligencia militar supuestamente lo interrogaron bajo tortura, asfixiándolo con una bolsa, por lo que debió ser reanimado en un hospital.
"Dijo al Tribunal de Control que, tras negarse a hacer las declaraciones que le plantearon durante la sesión de interrogatorio, funcionarios de la DGCIM le dijeron que aplicarían el 'Sippenhaft' (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis), que consistía en encarcelar a sus familiares como forma de presión. Dijo al tribunal que algunos funcionarios de la DGCIM fueron posteriormente a su casa y arrestaron a sus dos hermanas y a su cuñado, quienes fueron retenidos en la DGCIM de Boleíta durante 32 días", señala el documento.
El fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, rechazó el informe, acusando a los técnicos que lo redactaron de haber recibido dinero del Grupo de Lima.
"El pago a cada técnico, a cada operador, está por el orden de los cinco millones de dólares, hicieron un panfleto atacando al sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y a fiscales que arriesgamos día a día, en medio de circunstancias difíciles y de asedio a nuestro país, no solo la integridad física (...) El sistema de justicia se rige en base a lo que establece la Constitución y la ley", dijo Saab en una rueda de prensa.
La Misión de la ONU desarrolló su reporte a partir de 177 entrevistas que incluyen a actores del sistema de justicia; de una encuesta a ex jueces, fiscales, abogados, y de un análisis de expedientes judiciales y otros documentos.  (Reuters)