Las investigaciones penales por los planes Techo Digno, iniciadas hace cinco años, comenzarán esta semana con los cargos de imputación para los ex intendentes y los constructores por la irregular utilización de esos fondos nacionales para la construcción de viviendas.

Esta megacausa, distribuida en los distintos tribunales, se enfoca en el uso público de casi 700 millones de pesos, enviados entre el 2013 y el 2015 por Nación a los municipios investigados. Esos desembolsos representaban entonces unos 80 millones de dólares. Su actual equivalencia en pesos estaría en los 14.000 millones.

La magnitud también se advierte en la veintena de involucrados, entre ex intendentes y empresarios de la construcción. La nómina incluye al hoy diputado nacional Pedro Dantas, y los legisladores del FdT, María Eugenia Martini, Alejandra Mas y Daniel Belloso por sus gestiones en Campo Grande, Bariloche, Conesa y Choele Choel, respectivamente. Figuran, además, dos actuales jefes comunales, como Renzo Tamburrini y Luis Ivancich, de Sierra Grande y Godoy.

Los otros cuatro ex administradores alcanzados son Javier Iud, de San Antonio; Gilberto Montanaro, de Cervantes, Carlos Pilotti, de Río Colorado y Juan Reggiani de Fernández Oro.

El lógico impacto político por estos partícipes se potencia ya que los debates judiciales coincidirán con la campaña electoral.

Las audiencias de imputaciones se cumplirán en las próximas dos semanas, distribuidas en las cuatro circunscripciones.

El martes 3 de agosto se abrirá en los tribunales de Roca con los expedientes de los planes de Cervantes, Godoy, Choele Choel y Río Colorado y continuará el miércoles 4 en Viedma con sus similares de San Antonio, Sierra Grande y Conesa. Seguirán después, el lunes 9, en Bariloche y, luego, el martes 10, en Cipolletti, con las denuncias de Campo Grande y de Fernández Oro.

En el 2016, el anexo de barrios paralizados de Techo Digno cedidos a la Provincia llegaban a 37, distribuidos en 14 municipios. De ellos, una veintena se investigan por los desvíos, y comprende a doce gestiones locales.
No figuran los convenios firmados por los municipios de Viedma y Cipolletti.

Jacobacci estaba inicialmente, pero el año pasado falleció el ex intendente Mario Del Carpio, y las ejecuciones de Cinco Saltos tienen cuestionamientos aunque, según el relevamiento realizado por Río Negro, sus responsables no estarían convocados en las audiencias de los tribunales cipoleños.

El convenio de Roca -que no figura en el traspaso a la Provincia- presenta un caso puntual, pues firmó con Nación, recibió transferencias y no construyó aunque mantuvo el depósito.

En realidad, el núcleo de la megacausa de Techo Digno está en el destino de los fondos enviados por Nación a los municipios para viviendas, a partir de la comprobación de pagos mayores a las empresas o de un uso distinto de esas transferencias.

El resultado: el nivel de construcción de los barrios era inferior a los desembolsos realizados.

Las pesquisas parten de los entendimientos firmados entre municipios y el ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Estas firmas para financiar planes de viviendas -con la gestión del entonces senador Miguel Pichetto- se sucedieron entre el 2013 y 2015.

Meses antes de la finalización del gobierno de Cristina Fernández, las construcciones se paralizaron por desfinanciamiento y, en el 2016, esos barrios fueron cedidos a la Provincia para su conclusión, a partir de un acuerdo con el nuevo gobierno nacional.

Este traspaso al IPPV – que se formalizó con la ley N 5.127- comprendió a 2.936 unidades pendientes de conclusión.
Ya existían acusaciones y denuncias por manejos irregulares de las administraciones locales. Pero, en el 2017, un impulso definitivo partió de una presentación penal del ministerio del Interior. Eso explica que las carátulas de las mayorías de los expedientes rionegrinos se identifican como “Marchisella Mónica c/”, que es la abogada de esa cartera nacional.

Existió también una discusión de competencia judicial, pero finalmente la exploración de lo hecho recayó en los tribunales de Río Negro.

En julio del 2018, los expedientes volvieron a Viedma y, luego, se distribuyeron a la jurisdicción que correspondía a la administración municipal con cuestionamientos en la ejecución de la obra financiada por Nación.

El Ministerio Público constituyó una comisión de análisis general de la operatoria de Techo Digno, con los fiscales a cargo y bajo la supervisión de Graciela Echegaray. En las últimas jornadas, la defensa lanzó su estrategia y cuestionó este mecanismo fiscal.

Un elemento técnico es central en la evaluación. Se trata del relevamiento efectuado por el IPPV en el 2016 de las construcciones asumidas. Ese cuadro del estado de situación fue básico en la determinación del nuevo presupuesto y la gestión de su financiamiento, mayormente por parte de la Nación.

Ese informe del avance real de las viviendas fue esencial en la indagación penal, a partir que se consignan que las ejecuciones eran inferiores a las certificaciones informadas por los municipios a la Nación y, en consecuencia, las transferencias recibidas superaban las que correspondían.

Esta irregularidad proyecta responsabilidad de las autoridades locales y los empresarios en relación a la existencia de certificaciones irreales.

Recientemente, algunos ex jefes comunales afirmaron que ellos no firmaron esas documentaciones, a pesar de que se trataban de los planes administrados por sus gobiernos, pero no precisaron quién o quiénes eran los responsables de esa falsedad documental.

Ese generalizado ardid permitió que el Estado nacional sobregiraran recursos a los municipios observados.
Gran parte de esos excedentes fueron transferidos a las empresas, con pagos muy por encima de las construcciones comprobadas.

Las conclusiones fiscales, con estudios contables, arrojan que los desembolsos de más promedian el 20%, con extremos por debajo del 10% y cercanos al 35%.

Existieron, también, otros remanentes de las transferencias nacionales y, en esos casos, la utilización advertida fue heterogénea.

Figuran jefes comunales que desviaron los recursos de Techo Digno a otros planes municipales. Por ejemplo, Juan Reggiani de Fernández Oro asignó esas reservas a otros programas habitacionales, ejecutados por cooperativas. Por eso, esa causa prevé un número superior de imputados cuando, en general, los cargos penales -según los requerimientos de los fiscales en ocasión de los pedidos de las audiencias- se focalizan en el titular del Poder Ejecutivo municipal y el responsable de las constructoras.

Esta megacausa judicial por el manejo de fondos estatales llegará -inicialmente- a diez funcionarios y once empresarios.

Los políticos complicados se defienden que este accionar responde a una persecución judicial.
Es una defensa repetida. Aún así, resta esperar que el proceso clarifique lo ocurrido realmente con esos dineros públicos.

Primer capítulo: Las recusaciones

Mañana será la audiencia por una recusación de las defensas a la totalidad de los fiscales en los distintos expedientes. Se plantea un “temor de parcialidad” por “ausencia de autonomía” y “pérdida de objetividad en el marco de la investigación”.

En principio, se cuestiona el método fijado donde la fiscal jefa de Roca, Graciela Echegaray fuera designada para “coordinar” las distintas investigaciones de los planes Techo Digno. Se entiende que se arrogó una “intervención en la instrucción de todos los procesos y legajos y/o incidentes”, concluyendo que los fiscales “no están trabajando con la autonomía” ya que “responden a los criterios esbozados por sus superiores, más que a sus propias decisiones en función del conocimiento de la evidencia colectada”.

El segundo cuestionamiento es la información periodística difundida de las causas, a partir que los defensores consideran que la misma fue filtrada por los fiscales, lo cual, “impone -dicen- una discusión mediática”, genera “imagen pública” e “implica un prejuzgamiento de los jueces”. Alude que “el suministro a la prensa de información tendenciosa sobre el imputado, cualquiera que sea, constituye la violación del derecho a la presunción de inocencia”.
En definitiva, consideran “acreditada la pérdida de objetividad de los fiscales intervinientes”.

Esta estrategia judicial tuvo un aporte político el viernes con un comunicado de la mayoría de los ex intendentes denunciados, señalando a las causas de Techo Digno, como “emblema del lawfare rionegrino”.

Los abogados y los fiscales de las causas

Las imputaciones se iniciarán este martes en los tribunales roquenses para seguir con las restantes jurisdicciones.
Con la jueza María Gadano, la fiscal Julieta Villa avanzará en sus conclusiones por los planes de Godoy, Río Colorado y Choele Choel.

El ex juez Guillermo Leskovar Garrigos defiende a Longinos De Dios y el viedmense Damián Torres representa a los ex jefes comunales Belloso, Ivancich y Montanaro. El riocoloradense Pablo Squadroni patrocina al ex intendente Pilloti.
El roquense Carlos Gadano es del defensor del constructor Néstor Sarasola mientras que Jacobo Baskir tiene al oficial Miguel Salomon.

Este miércoles 4 serán las audiencias en Viedma, con el juez Juan Brussino y el fiscal Juan Pedro Peralta por los barrios de San Antonio, Conesa y Sierra Grande. Se sabe que Torres patrocina a Mas, pero se desconoce aún las defensas de Iud y Tamburrini.

En Bariloche, el debate será el lunes 9, con el fiscal Guillermo Lista mientras que Martini estará representada por Sebastián Arrondo. Los constructores Usandizaga y Castilli estarán defendidos por Carlos Aiassa y Juan Pablo Alvarez Guerrero, respectivamente.

Al otro día, el martes 10, se cumplirán las audiencias por Fernández Oro y Campo Grande, requerida por el fiscal Matías Stiep. Torres también defiende al Dantas.

Cómo fue la maniobra cuestionada

* Los municipios firman convenios con Nación para planes de viviendas.

* Nación envía fondos a las administraciones locales, con transferencias según el avance de la construcción.

* Empresas construyen y autoridades locales informan a Nación del nivel de ejecución para los nuevos envíos.

* En 2015, las transferencias se suspenden y los planes se paralizan. En el 2016, se incluye a la provincia (IPPV) para su continuidad.

* Se denuncia que lo informado -oportunamente- por los municipios es mayor a lo ejecutado realmente por las empresas. Cobraron más de lo realizado.

* La fiscalía investigó y confirmó esa situación. Pidió audiencia para imputar a los intendentes y constructoras firmantes.

* Los defensores explican que las diferencias responden al desfasaje por la inflación.

699 millones de pesos totalizan las transferencias enviadas -entre el 2013 y 2015- a las gestiones municipales actualmente cuestionadas.