Para dar a conocer internacionalmente lo que está ocurriendo con el paro nacional y las recientes protestas sociales en Colombia, el gobierno de Iván Duque adelanta una ofensiva diplomática y a la vez de información por redes y medios de comunicación. Por lo que se ha visto, se trata de una campaña con los alfiles escogidos y alineados con un libreto: negar las causas de las protestas; poner en un segundo plano las muertes y las lesiones, el uso excesivo de la fuerza y de las armas por parte de miembros de la policía; responsabilizar de la grave situación económica y de orden público a los que protestan, a los grupos criminales y a la oposición, y expresar total disposición para negociar pero con inamovibles y militarización.

Toda esta connivencia circunda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizará una visita de trabajo a Colombia, entre el 7 y el 11 de junio, para observar la situación de derechos humanos (DD. HH.) en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril. La CIDH enfatizó y reiteró la anuencia para adelantar esta visita a la brevedad posible, en cumplimiento de su mandato y en respuesta a la solicitud de miles de personas, cientos de organizaciones y movimientos sociales de Colombia.

La CIDH ha condenado y rechazado las graves violaciones de DD. HH. en el contexto de las protestas y toda forma de violencia, insistiendo en la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales. La preocupación de la CIDH es evidente: hizo un llamado a atender las causas de las protestas sociales, a que se acentúe el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso (CIDH, comunicados de prensa: 7, 14, 25 de mayo y 4 de junio de 2021).

La Comisión se reunirá con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, incluyendo las autoridades gubernamentales de los distintos niveles de poder. Lo que se espera es un manejo decoroso de la visita, en el que prime la verdad. Lamentablemente, la distorsión y la intención de confundir se impone. En las declaraciones de la canciller, Martha Lucía Ramírez, se advierte el énfasis en las reuniones con las autoridades; ahí está en la agenda en primera línea la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Pero, ¿cómo creer en la imparcialidad y objetividad de los jefes de estas instituciones, cuando su elección fue propuesta y lograda por el presidente Duque, y su desempeño funcional respecto a la protesta social ha sido deficiente y errado?

Por su parte el ministro de justicia, Wilson Ruiz, en entrevista a un medio internacional, ante la pregunta por las denuncias de asesinatos en las protestas que vive el país respondió que hay muchos muertos por hechos aislados, como las riñas callejeras, intento de hurto, etc. Y con respecto a la organización del paro dijo que “fue una situación muy bien orquestada, que organizaron a nivel internacional para desprestigiar al país”. Parece que el ministro ya investigó y juzgó los casos denunciados por organizaciones de derechos humanos y aquellos reportados por las autoridades. Además, descalifica a los organizadores del paro y a otras personas que ejercen sus derechos fundamentales, vinculándolos con organizaciones criminales. (El Espectador)