La organización resaltó en su informe que cuenta con “pruebas creíbles” de que la Policía disparó a los manifestantes con "munición real". A su vez, HRW llamó a una reforma policial urgente para prevenir nuevos abusos.

En Colombia la relación con la autoridad está fragmentada. Este miércoles 9 de junio, Human Rights Watch (HRW) expuso que la Policía podría ser la responsable de la muerte de al menos 20 personas durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron el 28 de abril. 

En el informe, HRW asegura tener "pruebas creíbles" que indican que uniformados de la Policía mataron a 16 manifestantes con "munición real disparada con armas de fuego". La organización resalta que "en la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza".

La ONG confirmó un total de 34 muertes en el contexto de las protestas, incluidas las de dos policías, un funcionario del CTI y 31 manifestantes o transeúntes. Sobre los victimarios, HRW afirma que "personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes" y han causado la muerte a cinco de ellos.

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril pedían el retiro de una controversial reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque, pero luego se transformaron en peticiones sobre la desigualdad económica, el desempleo, la falta de servicios públicos adecuados y la violencia policial.

Según Vivanco, en Colombia se “necesita una reforma integral que separe claramente a la policía del Ejército y garantice una supervisión y una rendición de cuentas adecuadas para garantizar que estas violaciones no vuelvan a ocurrir". El representante de la ONG agregó que han documentado durante este periodo de manifestaciones “muertes cometidas directamente por policías, así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes”.

Para el informe la organización entrevistó a más de 150 personas en 25 ciudades de Colombia, entre los que destacan víctimas, familiares, abogados, testigos, así como funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos. La organización sostuvo encuentros con la vicepresidenta de Colombia, Marta Ramírez, quien también es la canciller, el director de la Policía y el fiscal general.

El documento, que señala “abusos gravísimos en contra de manifestantes” en su mayoría pacíficos, contó con el apoyo de reconocidos expertos forenses, quienes elaboraron dictámenes sobre las evidencias de abusos y forman parte del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG), así como del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT).

HRW recibió denuncias de 68 muertes ocurridas desde el inicio de las convocatorias del Paro Nacional, a través de organizaciones locales como Temblores y la coalición de organizaciones de derechos humanos Defender la Libertad, quienes han documentado los hechos a nivel local.

La organización reconoce que, pese a que la mayoría de protestas se desarrollaron de manera pacífica, también registraron actos de violencia de parte de algunos individuos, como la quema de estaciones policiales y el ataque uniformados, dos de los cuales han muerto.

Forenses: disparos fueron con “Intención de matar”

HRW encontró que la mayoría de las víctimas fatales sufrieron lesiones en órganos vitales que, según los expertos, “son consistentes con haber sido causadas con la intención de matar”.

Entre los muertos a mano de la Policía se encuentra Kevin Agudelo, quien falleció durante una manifestación pacífica el 3 de mayo en Cali, ciudad al suroeste de Colombia, reconocida como uno de los epicentros de las protestas. Varios testigos declararon que los antidisturbios dispararon bombas aturdidoras y gas lacrimógeno para despejar los bloqueos en las vías realizados por manifestantes, lo que provocó que estos respondieran lanzando piedras.

Agudelo se había escondido detrás de un poste, corrió junto con otro manifestante, pero un testigo aseguró que vio a un oficial de Policía disparar a Agudelo desde una distancia corta y que sonaba a munición real. El otro manifestante también resultó herido. Según el informe, los expertos forenses concluyeron que eran compatibles con disparos de munición real.

“Las autoridades colombianas deben llevar a cabo investigaciones prontas, independientes y rigurosas sobre todos los casos de abuso policial y otros hechos graves de violencia, incluyendo por parte de hombres armados de civil que atacaron a manifestantes”, señala HRW y denuncia que, de los 170 agentes de policía sometidos a investigación disciplinaria, solo dos han sido suspendidos.

 “Colombia no es un país que viola los derechos humanos, tenemos dificultades, pero las enfrentamos con Justicia”, dijo el martes la consejera presidencial de derechos humanos Nancy Patricia Gutiérrez.

El Gobierno de Colombia ha reconocido 18 muertes relacionadas con las protestas y dice que otras nueve están bajo investigación. Mientras tanto, el Defensor del Pueblo informó el lunes por la noche que tenía registros de 58 muertes relacionadas con las protestas, así como 14 casos de agresión sexual y 71 casos de violencia de género, incluidas agresiones físicas y verbales.

La Policía ha registrado más de 1.000 arrestos, pero la mayoría han sido puestos en libertad porque los jueces no encontraron pruebas o concluyeron que no contaban con el debido proceso.

El Gobierno de Colombia reiteró su apoyo a la fuerza pública y afirma que la respuesta a las manifestaciones es adecuada, al tiempo que denuncian la violencia de los manifestantes a quienes el presidente Iván Duque ha tildado de “vándalos”. 

Mientras las negociaciones entre miembros del Gobierno y el Comité Nacional del Paro siguen estancadas, estos últimos convocaron a una ‘toma de Bogotá’ para este 9 de junio, lo que supone otra jornada de protestas donde la respuesta policial estará en la mira internacional. (France 24 con AP y EFE )