"Venezuela solicita que se convoque a una reunión con las partes, de conformidad con la norma 30 del Reglamento de la Corte, a fin de poder debatir sobre un proceso justo y adecuado y facilitar de esta manera la cooperación entre ambas instituciones", señala el comunicado difundido por el fiscal general, Tarek William Saab.

La solicitud la realizó el Ministerio Público, tras las declaraciones emitidas por la fiscal jefa de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien indicó que en los próximos días espera anunciar una decisión sobre Venezuela, para determinar si abre o no una investigación contra esa nación por crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, Saab consideró que la cooperación por parte de la CPI está siendo "escasa e unidireccional", luego de las declaraciones de Bensouda.

En reiteradas ocasiones, el fiscal general ha dicho que han enviado a la Corte Penal Internacional varios informes de actualización sobre el caso que se le sigue al país, pero éstos han sido ignorados por ese organismo.

Además, Saab ha denunciado que, pese a reiteradas solicitudes de Venezuela, la nación no ha recibido ni una sola visita por parte de los fiscales de la CPI.

En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

El órgano de justicia internacional pidió a Venezuela información sobre los procedimientos internos por los cuales se le investiga y este se encuentra bajo análisis, junto a las evidencias presentadas por los denunciantes, entre los que se encuentran los países miembros del Grupo de Lima.

Venezuela afirma que su industria petrolera está sometida a una "guerra" por sanciones

La industria petrolera venezolana está sometida a una guerra convencional por las medidas coercitivas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, afirmó el canciller de ese país sudamericano, Jorge Arreaza.

"Lo que ha sufrido la industria petrolera venezolana solo puede compararse con una industria petrolera sometida a una guerra convencional, es decir, a una guerra con bombas, misiles, con cohetes, y eso es lo que ha vivido la industria petrolera venezolana", expresó Arreaza durante su intervención en la conferencia académica virtual denominada Medidas coercitivas unilaterales: irrespeto del derecho internacional y graves consecuencias humanas.

El canciller indicó que del 2014 al 2020 el ingreso nacional disminuyó en un 99%, y dijo que a la nación caribeña le ha costado vender su petróleo.

"Una guerra irregular de defensa hemos tenido que aplicar para poder vender nuestro petróleo, para que los buques lleguen hasta Venezuela y toquen puerto (…) para Venezuela es mucho más costoso obtener cualquier cosa con los fletes de transporte, mucho más caro si se compara con cualquier país, son seguros de guerra que tiene que pagar Venezuela, el riesgo que implica para una compañía, luego de las sanciones del año 2002, donde los terceros también sufren consecuencias e incluso han quebrado", comentó.

Arreaza reiteró la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, que dijo son consideras de esa forma por la propia Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos.

De igual manera, el canciller recordó que en febrero de 2020 Venezuela elevó a la Corte Penal Internacional una denuncia sobre las medidas coercitivas, al considerar que estas constituyen crímenes de lesa humanidad y ataques generalizados a los ciudadanos de esa nación suramericana.

La denuncia fue realizada luego de que Estados Unidos sancionó a la línea aérea del Estado Conviasa y 40 de sus aviones. (Sputnik/AP)