A partir de este domingo y hasta el próximo 2 de junio, Morena y las fuerzas de oposición librarán una batalla por la Cámara de Diputados, 15 gobiernos estatales y miles de cargos a nivel local. En la contienda por San Lázaro, un elemento adicional es la reelección de diputados federales, que será posible por primera vez desde la reforma política de 2014. Partidos y candidatos se disputan más de 21,000 puestos de elección popular, incluyendo 500 curules del Poder Legislativo, las gubernaturas, y congresos y ayuntamientos en 30 entidades. La contienda, en la que podrán votar más de 93 millones de mexicanos, se realiza no solo en el contexto de la pandemia de COVID-19 —que ha causado más de 200,000 muertes y una crisis económica, y que obligará a que las campañas se efectúen con medidas sanitarias—, sino también en el de una batalla del gobierno y Morena por dar continuidad a su proyecto de país, frente a una oposición que acusa riesgos de regresión. Rumbo a las votaciones del 6 de junio, Morena y sus aliados quieren conservar la mayoría en la Cámara y ganar el mayor número posible de gubernaturas. De las 15 entidades en disputa, la nueva alianza tripartidista PRI-PAN-PRD hoy tiene 13: ocho están en manos del PRI (Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), tres están bajo dominio del PAN (Baja California Sur, Chihuahua y Querétaro), una fue ganada por una alianza PAN-PRD (Nayarit) y una más es terreno perredista (Michoacán). De las dos restantes, una es gobernada por Morena (Baja California) y otra tiene un gobernador independiente (Nuevo León). En la elección federal, la apuesta de la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) es competir en coalición con 176 fórmulas de diputados de mayoría relativa. Sus adversarios de Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM) postularán a 151 candidatos comunes a la Cámara baja. Con esto, se perfila una batalla entre dos grandes bloques en los 300 distritos, y más allá de esto, habrá una pelea por las reglas para distribuir las 200 diputaciones de representación proporcional. Las reglas avaladas a mediados de marzo por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) buscan impedir una nueva mayoría artificial, es decir, que ningún partido o coalición tenga un número de curules cuyo porcentaje sea 8% superior a su porcentaje de votos, en apego al límite permitido constitucionalmente. Para ello, el INE aprobó verificar la “afiliación efectiva” de cada candidato, de manera que sus votos se cuenten para el partido en el que milita realmente, y que las fuerzas de mayor peso no puedan simular tener menor votación para poder tener mayor acceso a diputados plurinominales. Los criterios del árbitro electoral ya fueron impugnados por Morena, que intenta mantener su mayoría en San Lázaro. Desde la otra esquina, el bloque opositor quiere quitarle ese control, en aras de “equilibrar” los números en el Poder Legislativo y que haya contrapesos a las decisiones e iniciativas de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. A la fecha, las encuestas favorecen al bloque encabezado por Morena, por lo que los opositores tienen el desafío de resurgir o ver más pulverizada su presencia. Fernando Dworak Camargo, coordinador del diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM, estimó que la contienda plantea nuevos retos, por lo que para la oposición no puede reducirse a tratar de ganar la mayoría en San Lázaro. El experto advierte que PRI, PAN y PRD también deben luchar por avanzar en los congresos locales si quieren reposicionarse tras las derrotas que tuvieron en 2018. “Si la oposición llega a avanzar en un número significativo de los congresos locales, van a ser un punto de veto adicional para las reformas a la Constitución, pues se necesitan dos terceras partes de las cámaras más la ratificación de la mayoría de los congresos locales”, expuso el académico. Al hacer algunas proyecciones, Dworak estimó que Morena va a conservar la primera fuerza o la mayoría simple en la Cámara. “La mayor expectativa que hay hasta el momento es que Morena y aliados pierdan la mayoría calificada, lo que significará que no podrán hacer cambios a la Constitución por sí mismos”, dijo. En una entrevista reciente, el académico Carlos Elizondo, del Tecnológico de Monterrey, también señaló que ese es el escenario más probable. En otra proyección, si la coalición Va por México gana 251 asientos, estos tendrían que dividirse entre tres, lo que dejaría a Morena como primera fuerza. Mauricio Merino, profesor en El Colegio de México, advirtió que emociones como la ira, el resentimiento y el miedo están cobrando más fuerza y volviéndose determinantes de la vida política. Por ello, llamó a atender este fenómeno y evitar que esto se imponga a la razón, porque de lo contrario habría situaciones de tensión social como las de Turquía, Ecuador o Guatemala. “Hay un rechazo mayor a la democracia porque esta no logró cumplir las promesas que ofreció y, en cambio, provocó dolor en la sociedad, que se expresa a través de esas emociones”, dijo. “(El 6 de junio) va ganar alguien y va perder alguien. Lo que va a suceder en realidad es el principio de una nueva etapa de conflicto, de confrontación, con altísima posibilidad de que esto acabe muy mal”, alertó. Para Merino, creer que todos los problemas del país son responsabilidad del presidente es apostar por una narrativa simplificadora, una estrategia que podría dar resultados electorales a la oposición pero que no remediará los retos de México. “Tenemos un presidente que atiza el odio todos los días, pero del otro lado están igual. Del otro lado, atizan el discurso de odio contra el presidente. La alianza de muéganos habla el mismo idioma, sin olvidar que traicionó no solo al sistema de partidos, sino al sistema democrático”, señaló. (Expansión)