En ese sentido, la fiscalía aseguró que no se trató ni de "actividad esporádica ni aislada". Todo lo contrario. En la audiencia de validación de esta mañana, el militar ejerció el derecho a no contestar, y dejó al abogado Roberto De Vita la tarea de resumir su posición: un error cometido "en un momento de profunda crisis personal, familiar y económica, también por graves condiciones de salud de la hija". Además, según dijo el letrado, el tráfico de documentación a los rusos "no comprometió de ninguna manera la seguridad del Estado". El interrogatorio previsto en la audiencia de validación, por lo tanto, cerró temprano, con el oficial que se limitó a decir a la jueza Antonella Minunni haber estado "confundido y desconcertado". Sin embargo, estuvo dispuesto a aclarar "su posición". Así, su defensor pidió arresto domiciliario, pero la jueza, al evaluar el espesor del delito, dijo que el hombre permanecerá detenido en Regina Coeli. Mientras tanto, los dos funcionarios rusos que habían contratado al italiano, Alexey Nemudrov y Dmitri Ostroukhov, se tomaron un vuelo esta mañana a Moscú. Habían recibido la orden de expulsión, salvándose de la detención gracias a la inmunidad diplomática. En la tarjeta de memoria incautada por los carabineros que captaron el intercambio entre Biot y el empleado ruso se encontraron 181 fotos de documentos clasificados. El oficial los fotografió desde los monitores de la Oficina de Política Militar y Planificación del Estado Mayor de la Defensa, donde trabajaba. La fiscalía subrayó que, por su papel, Biot gestionó documentos cubiertos por secretos predeterminados para la seguridad del Estado, ocupándose, entre otras cosas, de la proyección de esquemas de la Defensa italiana en escenarios extranjeros y también de operaciones de la OTAN, la UE y la ONU. En la ordenanza se destacaron las "maneras precisas de actuar" del oficial, que tomó una serie de precauciones para no despertar sospechas, como por ejemplo, "insertar la tarjeta de memoria del móvil en el folleto de medicamentos, así como el hecho de que en los teléfonos de su posesión no surgen citas o contactos con el agente ruso". Para la fiscalía son "elementos sintomáticos de espesor criminal del sospechoso, que no puso ningún escrúpulo en el traicionar la confianza de la institución a la que pertenece con el único propósito obtener beneficios de carácter económico". La forma de actuar, siempre según la fiscalía, "muestra el extremo de forma manual peligrosidad del tema dada la profesionalidad demostrada, deducible de las diversas herramientas utilizadas (4 teléfonos inteligentes) y por las medidas adoptadas. El defensor de Biot, por su parte, dijo estar seguro de que el asunto se había sobredimensionado, que los documentos vendidos, como aseguró el oficial italiano, "no han comprometido la seguridad del Estado de cualquier forma". La del capitán de fragata de 56 años fue, por lo tanto, un error "en un momento de gran dificultad". En la misma línea se manifestó su esposa Claudia Carbonara, según quien "tenía miedo de no poder hacer frente más a los muchos gastos que tenemos". También el hijo del militar, de 24 años, lo defendió con argumentos similares. "Lo único que yo creo es que si mi padre hizo lo que hizo fue para mantener la familia, mantener la casa, no para ir en contra del Estado, ni contra la Patria, porque él, por 35 años, sirvió a la patria y al Estado: hizo la segunda Guerra del Golfo, fue a Irak, a Afganistán", enfatizó el joven. Una cosa que, agregó, "nos arruina a todos. Mi hermana y yo hacemos trabajos de medio tiempo, mi padre es el único que puede mantenernos; si lo despiden, el riesgo es que nos quiten a los hijos menores (Biot tiene 4 hijos, NDR) porque no podremos mantenerlos". Si alguna de las acusaciones sobre el espionaje oficial, político y militar se confirmara, la pena prevista por el artículo 257 del Código Penal no es inferior a 15 años, mientras que puede ser condenado a cadena perpetua si "el hecho comprometió la preparación para la guerra o la eficiencia bélica del Estado, o las operaciones militares". Además de la fiscalía de Roma, también procede la Fiscalía Militar y próximamente habrá una reunión entre los respectivos abogados para evaluar la competencia. (ANSA).