Silveira, un ex policía militar de Río de Janeiro, exacerbó las ofensas e incitaciones a la violencia contra los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), que forman parte del repertorio habitual de los llamados “bolsonaristas raíz”. El diputado reclamó en un video el martes 16 la sustitución de los 11 jueces del máximo tribunal del país, acusándolos de ignorancia jurídica, de “comunistas”, de vender sentencias o estar al servicio de narcotráfico. Eso condujo a la orden del STF, el mismo día, de la detención preventiva y provisional por un delito en flagrancia del diputado, en una medida que debe anular o ratificar en breve la Cámara de Diputados y que pondrá a prueba el control en el Congreso legislativo que el bolsonarismo pareció lograr este mes. Silveira además de sus invectivas contra los jueces también exigió la restauración del Acto Institucional número 5 (AI-5), la medida de excepción que endureció la ultima dictadura militar en Brasil en 1968. Ese Acto llevó a la proscripción inmediata de 46 diputados, dos senadores y tres jueces del STF, e instauró el período más represivo de la dictadura que duró de 1964 a 1985. El asesinato de opositores, torturas y exilio forzado de miles de brasileños se multiplicaron en los años siguientes. Un nuevo AI-5 es una insistente consigna de los bolsonaristas radicales, para hacer factible una intervención militar. Los militares volvieron al poder con Bolsonaro, un capitán que dejó el Ejército en 1988, tras cargos por indisciplinas varias. Pero como gris diputado durante 30 años, se afianzó como líder político de los cuarteles al defender siempre a las Fuerzas Armadas, incluso en sus crímenes dictatoriales, por cumplir, aseguraba y sigue asegurando, la misión “democrática” de evitar el comunismo. Empoderamiento militar En su gobierno de extrema derecha, hay 10 militares entre los 23 ministros, la mayoría en situación de retiro, pero para el presidente y su círculo más cercano el marco institucional democrático es un estorbo para la plena reanudación de la dictadura. Es lo que parece atormentar a bolsonaristas como Silveira, ansiosos por restaurar las condiciones que, en sus creencias, promovieron el “Brasil Grande” o el “Milagro brasileño”, la prosperidad del período dictatorial, especialmente de 1968 a 1973, cuando la economía creció más de 10 por ciento al año. Por casualidad tras aplicarse el AI-5. Gran parte de las capas medias, quizás la mayoría, es hija de la dictadura, así también como también el agronegocio exportador nacido de la marcha poblacional y agrícola hacia el noroeste de Brasil, promovida por los militares hasta las franjas del este y sur de la Amazonia. Eso explica la nostalgia del pasado que ayudó a llevar a la presidencia a Bolsonaro en enero de 2019. Su aterradora franqueza en defender la dictadura, incluso sus torturas y asesinatos, sacó a los militares del letargo y movilizó su acumulado resentimiento por el ostracismo “sufrido” desde 1985. “El error de la dictadura fue torturar y no matar”, ha llegado a decir el excapitán. La identificación militar le permitió disfrutar la popularidad de las Fuerzas Armadas, siempre apuntadas como una de las instituciones más confiables en las encuestas de opinión, y la nueva percepción del período dictatorial por gran parte de la población, ante el colapso de la redemocratización y de la izquierda, sumidas en escándalos de corrupción y el fracaso económico. Silveira parece emular a Bolsonaro en la brutalidad de los ataques al Supremo Tribunal y a la izquierda. Las razones del STF y el papel de la Cámara de Diputados La detención del diputado fue ordenada por el juez Alexandre de Moraes la noche del martes 16, algunas horas después de conocerse el video de 19 minutos queSilveira difundió por YouTube con las agresiones directas a los 11 jueces del STF. En la tarde siguiente, en una sesión por teleconferencia, los otros 10 jueces del STF ratificaron la decisión de Moraes, quien la justificó por la gravedad de las declaraciones del diputado, un atentado contra el orden democrático, y por tratarse de prisión en flagrante delito y un delito que no contempla libertad bajo fianza. Moraes fue el relator del fallo porque es el encargado de las investigaciones sobre amenazas y calumnias contra el STF difundidas por las redes sociales y sobre manifestaciones en las calles que pregonaban la intervención militar para cerrar el máximo tribunal y el bicameral Congreso, procesos en que está involucrado Silveira. La crisis política se instauró ya que la Cámara de Diputados tiene que manifestar a la brevedad si ratifica o niega la punibilidad de uno de sus miembros. Puede aprobar o rechazar la prisión por mayoría absoluta, es decir por al menos 257 de los 513 diputados. Los abogados de Silveira argumentan que la detención es ilegal por ignorar su inmunidad especial como legislador y por violar la libertad de expresión de un diputado. Además cuestionan la condición del flagrante y la negación del derecho a la liberación tras el pago de una fianza. La Cámara de Diputados está presidida desde el 1 de febrero por Arthur Lira, un aliado de Bolsonaro, y tras el arresto decidió reactivar de inmediato su Consejo de Ética para juzgar la conducta de Silveira. Ese Consejo no se reúne desde marzo de 2020, por la pandemia de covid-19, y se acumularon muchos casos anteriores de diputados acusados incluso de asesinato, corrupción y actos antidemocráticos. Según versiones internas de la Cámara, habría un número más que suficiente de diputados inclinados a avalar la detención, mientras que se busca una salida que preserve la credibilidad del Congreso puede exigir prolongadas negociaciones. Mientras, los dirigentes de la Cámara presionan para apoyar a Silveira como una forma de rescatar la prerrogativa de inhabilitar o defender sus colegas, como requisito previo a que la Justicia decida si deben ir presos o no. Silveira es conocido por su desenfreno en una belicosidad pertinaz. Él mismo se ufana de haber estado preso “más de 90 veces” durante los seis años que permaneció en la policía militar, pero los registros oficiales mencionan solo 60 castigos por indisciplina y 80 días de detención por infracciones variadas. Es un típico militante del bolsonarismo radical, que considera “enemigos” a los que tratan de frenar sus arrebatos extremistas. El gran problema en Brasil es que los militares constituyen la matriz y la columna vertebral de la extrema derecha a lo largo de la historia nacional, especialmente en los últimos 70 años. La ultraderecha civil, sin fuerzas para tomar el poder, trató siempre de azuzar el apetito castrense, con la ambición de hacerse socia en sus regímenes. Son las “vivandeiras” (mujeres que proveían comida a las tropas en sus movilizaciones en un pasado lejano) que asedian los cuarteles, se quejaba el Mariscal Humberto Castelo Branco, el primer presidente de la última dictadura. Pero en general fueron líderes o movimientos que allanaron el camino al poder militar. Para el golpe de 1964 la mayor “vivandeira” fue Carlos Lacerda, gobernador del estado de Guanabara (hoy municipio de Río de Janeiro) entre 1960 y 1965 y temible orador. La dictadura lo desechó, destruyó su sueño de ser presidente brasileño y lo convirtió en un impotente opositor hasta su muerte en 1977. En 2018, los militares volvieron al gobierno central de la mano de Bolsonaro, por vía electoral. El gran facilitador esa vez fue el popular juez Sergio Moro, jefe de la operación Lava Jato (lavado de autos) que desnudó una milmillonaria red de corrupción, enjuició a centenares de políticos y empresarios y encarceló a varias decenas, incluso el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). El camino y los medios fueron distintos, pero el destino fue similar al de Lacerda. Nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro, Moro estuvo solo 16 meses en el gobierno. Se le forzó a renunciar en abril de 2020 sin desgastar el bolsonarismo, al contrario de lo esperado, ya que el combate a la corrupción fue una de las principales banderas electorales del actual presidente. Otros hechos confirman la base militar que sustenta el gobierno. Silveira atacó al STF en represalia a las críticas de dos de sus jueces al general Eduardo Villas Boas que, como comandante del Ejército, presionó al máximo tribunal a negar un habeas corpus al expresidente Lula para evitar que fuese un candidato presidencial en las elecciones de octubre de 2018. Con un fallo desfavorable, Lula, al que las encuestas apuntaban como favorito, fue condenado por corrupción, y quedó preso el 7 de abril. El general había difundido el 3 de abril de aquel año un mensaje público, pero claramente dirigido al STF, destacando el “repudio a la impunidad” por parte del Ejército. El mensaje no fue individual sino de todo el Alto Comando del Ejército, reveló ahora Villas Boas en un libro de memorias. (IPS)