Después de imputar a los excomandantes de la guerrilla de las Farc por el delito de toma de rehenes o secuestro, ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concentra sus esfuerzos en el Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado o mal llamados “falsos positivos”. Este jueves 18 de febrero, el Tribunal de Paz decidió hacer público los avances y la manera como priorizará su investigación. En ese sentido, aseguró que su periodo de interés en esta primera fase es entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en el que se registraron, al menos, 6.402 víctimas. Esta cifra se aleja considerablemente del informe que entregó la Fiscalía General de la Nación a la JEP, en la que sólo se registraban 2.248 víctimas, entre 1988 y 2014, concentrándose el 59.3% entre los años 2006 y 2008. Eso significa que son 4.154 más, según el Tribunal de Paz. Y el número puede aumentar, pues los “falsos positivos” datan desde la década de los ochenta y se estudian hasta el Acuerdo de Paz. Aunque aún hay discrepancias en la magnitud del crimen investigado por la JEP, pues varían las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales, según la magistratura, “identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica”. Otras cifras demuestran la importancia de priorizar este periodo. La magistratura halló, por ejemplo, que mientras en 2001 se registraban 74 víctimas, en 2002 este número aumentó a 473, es decir, más de seis veces lo reportado en el año anterior. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009. De acuerdo con la JEP, los territorios donde priorizaron la investigación fueron Antioquia, Región Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. A través del Auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad aseguró que esta decisión “se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal”. Y reveló que el 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo. La JEP también contó que su estrategia para investigar a los militares involucrados fue “de abajo hacia arriba”: “Primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional”. Para ello, la Sala de Reconocimiento priorizó seis subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad. En ese sentido, en la segunda fase de la investigación, esperan abordar los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros. Subcasos investigados Antioquia: este departamento registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización de la región fue 2004. La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013. La Sala determinó que se priorizarán los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioqueño y también los cometidos por miembros del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 del Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrío, el Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina. Uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública de distinto rango. La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados. “Los hallazgos de esas averiguaciones permitieron identificar elementos que resultan representativos de patrones macrocriminales de hechos que se remontan, por lo menos, hasta 1997, por lo que su esclarecimiento resulta pertinente a la luz de los criterios de priorización, al advertirse en ellos particulares características de gravedad haber sido las víctimas integrantes de colectivos expuestos a la acción violenta de diferentes actores del conflicto armado y haber aprovechado los victimarios su situación de vulnerabilidad”, se lee en el Auto. Región Caribe: el 7,3% del universo de víctimas, para el mismo periodo, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país. La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un 4%. La Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira, que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”. El Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, con jurisdicción en Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar, de acuerdo con lo que se puede evidenciar en los informes, es una unidad representativa para comprender este fenómeno no sólo por la cantidad de víctimas, muchas de poblaciones étnicas, sino también por el número de comparecientes de esta unidad que se han sometido ante la JEP. De acuerdo con la JEP, al menos 22 personas pertenecientes a las etnias kankuama, wiwa y wayuu fueron presentadas como dadas de baja en combate por miembros del Batallón “La Popa” y el Grupo Mecanizado “Juan José Rondón” (Gmron), principalmente. Por su parte, la Primera División reportó un 6% de las víctimas identificadas con alguna condición de discapacidad física o cognitiva. La magistratura dejó claro que después seguirá su trabajo con el análisis del Gmron y “otras unidades en el período comprendido entre julio de 2005 y 2008, incluida la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED) que fue creada en 2006, además de las unidades superiores, incluido el Comando Conjunto Caribe No. 167, que aglutinaba a la Primera y a la Séptima División, con miras a tener una visión más amplia de la situación en la región”. Norte de Santander: de esta región se tiene conocimiento de 420 víctimas reportadas en el periodo de 1985 y 2016. Este departamento ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de víctimas reportadas está en El Catatumbo, una de las zonas más azotadas por la guerra. A partir de las cifras recolectadas, la JEP decidió concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en esta zona, donde se han identificado identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03: “Por un lado, el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en el sector, en parte, con base en prejuicios y estigmatización; y por el otro, una suerte de sofisticación del patrón criminal, consistente en reclutar víctimas de otros territorios, engañarlas y asesinarlas en el Catatumbo y reportar su muerte como baja en combate”. En el año 2008 la mayor cantidad de víctimas se concentraron en el municipio de Ocaña, donde luego se encontraron a varios jóvenes de Soacha, quienes, según sus madres y organizaciones sociales, fueron llevados engañados por reclutadores o seleccionadas por su estado de vulnerabilidad. “Dentro de estas víctimas, en los informes las organizaciones resaltan los hechos cometidos en contra de personas en condición de discapacidad mental y personas señaladas de tener consumo problemático de drogas, y personas vinculadas al ejercicio de la política o líderes sociales”, explicó la JEP. La Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentran cerca del 60% de los casos. Las unidades militares con jurisdicción en esos municipios durante este periodo fueron la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander. Huila: la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de falsos positivos entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente, en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1%. Casanare: la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. La JEP pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes. En esta zona la JEP priorizará la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a falsos positivos de la Brigada XVI. Meta: el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas” (BIVAR) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo. La Sala de Reconocimiento les concedió a las víctimas acreditadas en el caso y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en este Auto. (El Espectador)