Nicolás Maduro ha decretado la creación de un nuevo «territorio para el desarrollo de la fachada atlántica» de Venezuela en el Esequibo, una zona que se ha disputado durante años con Guyana y que posee grandes reservas gasíferas y petroleras. El gobernante chavista ha manifestado en reiteradas ocasiones que no está dispuesto a renunciar al territorio, por lo que en una alocución este jueves, y desde el Palacio de Miraflores, ha pedido al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, interceder para que se reanime el diálogo entre Venezuela y Guyana. «Usted tiene la capacidad para reanimar el diálogo, como camino para evitar decisiones ajenas a la legalidad internacional, que pueden poner en grave riesgo la paz y la seguridad de la región», dice el texto leído por Maduro, una carta que será enviada a Guterres este viernes a la sede de la ONU, en Nueva York. En palabras de Maduro, la creación del territorio de la fachada atlántica venezolana, supondrá la «unión nacional». En el texto, el Gobierno de Maduro reitera que no aceptará que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se inmiscuya en la pelea territorial, después de que el tribunal dijera que tenía competencias para juzgar la validez de un laudo arbitral de 1899, que estableció la frontera entre los dos países. En ese sentido, Maduro expresa en la misiva que Venezuela «nunca ha prestado su consentimiento para que la Corte conozca sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba y mucho menos aún para involucrarla en una acción unilateral planteada por Guyana». El gobernante venezolano ha dicho que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y su ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, serán los encargados de dar «extensas explicaciones de los alcances constitucionales y legales de la creación de este territorio especial». En los artículos cuatro y cinco del decreto firmado por Maduro expresan que la administración de este nuevo «territorio para el desarrollo de la fachada atlántica» tendrá como «única autoridad» la que designe el presidente de Venezuela. La postura de Venezuela sobre el Esequibo tiene argumentos legales tras el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 entre el país sudamericano y Reino Unido en el que se declaró el territorio en disputa y se le concedió al secretario general de la ONU la facultad para encontrar un camino legal y pacífico. Pero la controversia se ha extendido. La decisión de Venezuela de llegar a un acuerdo con el Reino Unido fue por considerar que los jueces del CIJ fueron parciales y que el proceso estuvo viciado. El caso se reactivó en 2017, cuando Ban Ki-moon, entonces secretario general de la ONU, dio un plazo de un año a las dos naciones para llegar a un acuerdo con el territorio, tras haber quedado suspendidas las gestiones en 1990. Su sucesor, António Guterres, decidió enviar el caso a la CIJ cuando el plazo venció. Sin embargo, el Gobierno de Venezuela no aprobó el traslado del caso. En el documento, que Maduro enviará a Guterres, manifiesta que «ahora más que nunca es necesario contar (...) con sus buenos oficios, en el sentido más amplio posible, para reiniciar, con la urgencia que esta controversia amerita, conversaciones directas entre Guyana y Venezuela con el objetivo de avanzar hacia el entendimiento pacífico y beneficioso a ambas partes». La Guayana Esequiba, llamada así por Venezuela, es un territorio de 159.542 kilómetros cuadrados ubicados al oeste del río Esequibo, y está conformada por importantes recursos petroleros, mineros, hidráulicos, forestales y de gas. Maduro ha aprovechado también su arenga para anunciar la remisión de una carta a la Corte para rechazar a Abdulqawi Ahmed Yusuf, presidente de la CIJ, la fecha que ha sido fijada una audiencia sobre el caso, el 25 de enero. A su juicio, por ser tan próxima no le da «la posibilidad» a Venezuela de preparar sus argumentos. Para Maduro, el tribunal «ha actuado de una manera extrañamente irregular», y ha explicado que «para cualquier caso pueden pasar hasta tres meses o más para convocarse a audiencia entre las partes, para ver la decisión de la Corte». El mandatario chavista no ha dejado de acusar a Estados Unidos por los lobbies en este caso. Y explicó que la primera fecha de la audiencia era el 15 de enero, pero fue reprogramada para los siguientes 10 días, algo que consideró «sospechoso». «Exigimos nuestros derechos y, si se va a convocar la audiencia, que se le dé el tiempo necesario a la República Bolivariana de Venezuela para conocer de manera extensa y detallada esta injusta sentencia y preparar los alegatos necesarios», reclamó. (EFE)