La dirección de la oposición venezolana debate los ajustes a la estrategia contra el régimen de Nicolás Maduro tras perder el control de la Asamblea Nacional, la única institución que presidía. La nueva situación ha obligado a los dirigentes Juan Guaidó y Leopoldo López y a tender la mano a sus críticos para controlar daños. Los líderes del partido opositor Voluntad Popular insisten en que esta es una decisión tomada para afianzar el compromiso unitario. Guaidó emplazó este jueves a Henrique Capriles, María Corina Machado y otros dirigentes distanciados a que “respondan al último llamado de la patria”. El llamado Centro de Gobierno que coordinaba Leopoldo López (exiliado en España), uno de los soportes de la estrategia nacional e internacional de la oposición venezolana en estos años, pasa a convertirse en una dirección ampliada, un consejo político integrado por los partidos democráticos que apoyan a Guaidó, que como anterior jefe de la Asamblea Nacional se proclamó presidente interino en 2019 y fue reconocido por casi 60 países. La UE, que rechaza la legitimidad del Parlamento chavista surgido de unas elecciones en las que no participó la oposición, ha subrayado su apoyo al liderazgo de Guaidó, si bien no como presidente interino, al faltar la base institucional para ello. La mayor parte de la oposición venezolana mantiene que la presidencia interina seguirá en funciones. Tanto López como el partido que dirige, Voluntad Popular, pierden en adelante algo de la discrecionalidad en las decisiones, comunes en los meses anteriores, y se ven a obligados a abrir el campo hacia los críticos bajo el compromiso de establecer mecánicas consultivas. López, que ha estado intensificando su discurso unitario, atiende así a las peticiones de otros actores de esta alianza —Primero Justicia y su coordinador general, Julio Borges; además de Acción Democrática—, particularmente críticos con su conducta en el tiempo reciente. Sus exigencias giran en torno a la obligación de discutir y aprobar decisiones colectivas. Bajo este parámetro condicionado se seguirá dando el apoyo a Juan Guaidó, y, al menos de manera formal, a la tesis de la continuidad administrativa de la renovación del mandato de la Asamblea Nacional de 2015 un año más. Acción Democrática, de hecho, salvó su voto al aprobar a Guaidó como la figura de la “continuidad administrativa” del Parlamento electo en 2015, que ya ha finalizado su mandato. Algunos portavoces de Primero Justicia plantearon incluso hace semanas, puertas adentro, la posibilidad de sustituir a Guaidó por otro miembro de la alianza que sea diputado. La decisión de la continuidad administrativa, que muchos consideran políticamente justificada por la crisis política en el país, ha sido duramente criticada en el campo jurídico. Para el abogado constitucionalista Juan Rafalli, la medida formaliza “el fin de la legitimidad de toda la arquitectura de Gobierno del país”. La formalización del nuevo consejo político opositor marcaría el fin definitivo de la era de la consigna del “cese de la usurpación [del poder por Maduro], Gobierno de transición, elecciones libres”, vigente desde 2019 en el momento de mayor impulso de Guaidó y López, con el apoyo de la Administración de Donald Trump. López parece consciente de que los esfuerzos en torno a su persona para conjurar la situación actual “con una estrategia para cada tablero”, como el mismo argumenta, están estancados. Ha decidido plegarse a la tutela de sus compañeros, protegiéndose con el discurso unitario y preservando un capital político inobjetable que le tiene bien en las encuestas. Los contenidos de la nueva estrategia opositora siguen siendo un misterio. Algunos dirigentes argumentan que están metidos en pleno debate. Guaidó, de momento, podrá apoyarse en la figura de la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, y procurar adelantar la compleja tarea de articular con sincronía apoyos internos y externos. “Hay distanciamientos irreversibles en la unidad opositora, pero está claro que los dirigentes de la disidencia deben adoptar una plataforma unitaria, un centro de coordinación que haga alianza con la sociedad civil, y que mantenga una distancia del mundo electoral sin dejar de formular reclamos”, afirma el analista político Pedro Benítez. Aunque hay mucha renuencia a reconocerlo, el nuevo consejo político deberá revisar las opciones de las fuerzas democráticas en esta hora, incluyendo la posibilidad de abrir conversaciones que permitan la mejora de las condiciones electorales por parte del chavismo en escenarios futuros. En el llamado G4 (que aglutina a las cuatro principales formaciones de oposición) está muy viva la firme decisión de no asistir a ninguna elección en los actuales términos, pero al mismo tiempo se están desperezando grupos de presión regional, dirigentes de cada Estado, políticos aspirantes a alcaldes que insisten en darle una nueva interpretación a la decisión de no votar en un momento en el que la credibilidad electoral y de arrastre del chavismo está debilitada. El consejo político podría servir a Henrique Capriles, dirigente muy crítico con la estrategia de Guaidó y López, para colocar sobre la mesa su tesis de pelear por una mejora de participación electoral, aunque sea parcial. (AFP)