Liliana Durán, hija del líder comunitario Ovidio de Jesús Durán Montes, les relató a los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz cómo fue el asesinato de su padre, al parecer, por tropas de Batallón Grupo de Caballería Mecanizada No. 4 Juan del Corral: “Quince días antes de su asesinato, mi hermana venía desde Argelia y en la vía la retuvieron unos soldados diciéndole que era guerrillera y que no la iban a dejar pasar hasta que mi papá se presentara ante ellos. Él fue al siguiente día y luego regresó a casa diciendo que los soldados le habían dado almuerzo, tomado sus huellas y un par de fotografías, pero que todo andaba normal. Nosotros vivíamos en la vereda La Ciénaga Rio Verde de los Montes en Sonsón (Antioquia). Mi papá era agricultor y como segunda opción construía casas. El 17 de marzo él no volvió de su trabajo en la casa de un vecino. Al otro día escuchamos una balacera y al siguiente vimos como un helicóptero salía de la vereda Brasilia con un costal colgando. El 19 de marzo nos llamaron desde Rionegro a decirnos que mi padre estaba allá y que había sido reportado como guerrillero muerto en combate. Su cuerpo lo encontraron con munición y armamento, cosa que mi papá nunca tuvo. Ellos se la colocaron. Son 15 años desde que transcurrieron estos hechos y no sabemos por qué pasaron. Yo le pido a los solados que cometieron estos hechos y a todos los que cometieron las ejecuciones extrajudiciales que tengan conciencia y que digan la verdad; que digan quién dio la orden y que limpien el nombre de todas las víctimas”. El asesinato de Ovidio Durán es uno de los 218 que están documentados en el informe “El deshonroso primer lugar”, construido por once organizaciones defensoras de derechos humanos para entregárselo a la JEP dentro del caso 03, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. El documento recoge la presunta responsabilidad de la plana mayor de la Primera División del Ejército en la comisión de ejecuciones extrajudiciales entre el 15 de diciembre de 2003 al 28 de abril de 2005, la misma fecha en la que el general retirado Mario Montoya fue el comandante de esta División. Además, según bases de datos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, durante el periodo 2002 a 2005, la unidad operativa mayor con mayor número de denuncias por este crimen fue la Primera División, la cual agrupó el 62% de los casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Esta fue una de las más grandes divisiones del Ejército para esa época en extensión territorial. Ocupaba cerca de 74.851 kilómetros cuadrados y 98 municipios de Atlántico, Antioquia, sur del Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira, Córdoba y parte del Chocó. El informe, además de describir la composición de esa división en ese entonces, conformada por las brigadas Segunda, Cuarta, Décima, Décimo Primera y Décimo Séptima, da cuenta de los posibles casos de ejecuciones extrajudiciales que se le adjudican a cada una. Por ejemplo, el Batallón Grupo de Caballería Mecanizada No.4 Juan del Corral, del que hacían parte los supuestos responsables del asesinato de Ovidio Durán, hacía parte de la Cuarta Brigada, la que tiene el mayor número de víctimas en este periodo (150 víctimas). Le sigue la Décima Brigada con 35 víctimas y la Segunda Brigada con 15 víctimas. “Ningún comandante de brigada ha sido condenado por los hechos documentados, lo cual indica que persiste la impunidad con relación a los máximos responsables”, dice el documento. Las condenas se han centrado en soldados rasos o subalternos, lo cual indica una impunidad en el 74% de los hechos. 63 de las víctimas de los mal llamados “falsos positivos” registran sentencias condenatorias, mientras que las 155 restantes fueron documentadas a partir de expedientes judiciales, archivos de prensa y bases de datos del CINEP y la CEEUU. De las 218 víctimas, 32 continúan en condición de personas no identificadas (PNI), es decir, desaparecidas para sus familias. Víctimas y las once organizaciones, a través de este informe, le solicitan a la JEP llamar a versiones voluntarias a los integrantes de la plana mayor entre los que están: brigadier Oscar Enrique González Peña, el coronel Nestor Raul Espitia Rivero, el general Hernán Giraldo Restrepo; bg. (r) Pauxelino Latorre Gamboa, bg. Gilberto Rocha Ayala, bg. Justo Eliseo Peña Sánchez, el coronel Guillermo Quiñónez Quiroz, el general (r) Luis Roberto Pico y el general Javier Fernández Leal. Con respecto al lugar donde ocurrieron los hechos, el informe también revela que Antioquia fue el departamento con mayor número de víctimas, con 155. Granada (Antioquia) fue el municipio con mayor número de posibles ejecuciones extrajudiciales (41). De acuerdo con el análisis hecho con cada caso, en el 2004 se registró el pico de casos documentados, con 176 víctimas. De las 218 la mayoría son hombres, con un 94%, entre ellos jóvenes, campesinos, líderes sociales e indígenas en condiciones de vulnerabilidad en gran parte de los casos. Esto está relacionado con uno de los patrones encontrados por las organizaciones: los militares por lo general, dicen, seleccionaban a personas que estaban en condición de discapacidad, eran desplazados, consumidores de estupefacientes, habitantes de calle, que estaban en precariedad económica o eran menores de edad (15 de las víctimas tenían menos de 18 años). “Se destaca el caso de José María Valencia Morales, campesino de 37 años, en estado de discapacidad cognitiva y consumidor de estupefacientes, quien fue ejecutado extrajudicialmente por integrantes del Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodriguez (BAJES). Seis responsables ya fueron condenados por la jurisdicción ordinaria, sin embargo, no existe condena de los comandantes”, se señala en el informe. Además evidencia dos aspectos importantes. Por un lado, el trato diferenciado hacia las mujeres: “Los militares impartían juicios en cuanto a su forma de vestir, fuerza y habilidades para determinar que eran pertenecientes a grupos armados ilegales, por presentar “cualidades” adquiridas en el entrenamiento militar. Además, las mujeres han cargado con el estigma de ser catalogadas como “guerrilleras” por mantener una relación afectiva con integrantes de grupos armados”. Por el otro aparece la estigmatización o discriminación que había hacia las comunidades de los pueblos indígenas wiwa, kankuamo y arhuaco. De esto dan cuenta a partir de lo dicho por el coronel Hernán Publio Mejía en una de sus versiones voluntarias en la JEP, entonces comandante del Batallón La Popa, con jurisdicción en el César. De acuerdo con el informe, afirmó que supuestamente el 45% de los integrantes del Frente 59 de las FARC eran indígenas de la comunidad kankuama y señaló que esta presunta familiaridad y afinidad de la comunidad kankuama con la guerrilla habría ocasionado inconvenientes entre unidades de La Popa y la propia comunidad. Para las organizaciones, no hay argumentos para decir que los falsos positivos los cometieron “manzanas podridas” al interior de la organización castrense. Resaltan que la sistematicidad y el volumen de los casos, las denuncias de las familias y organizaciones como las Naciones Unidas en esa época, así como la existencia de órdenes de operaciones que simularon combates o la alteración de documentos, sí dan cuenta de que altos mandos tenían conocimiento y por ende, responsabilidad sobre estos delitos. Adicional a la petición a la JEP de llamar a la plana mayor para que aporten con estas investigaciones, las organizaciones le han reiterado a la magistratura que expulse al excomandante Mario Montoya por, argumentan, negar cualquier conocimiento de este delito y no aportar con ningún testimonio que permita esclarecer los modos y patrones con los que ocurrieron. Este 2 de diciembre justamente, hicieron un plantón frente a la JEP luego de radicar una tutela para que sea expulsado. Durante la entrega del informe “El deshonroso primer lugar”, el magistrado de la Sala de Reconocimiento, Oscar Parra, aseguró que ha habido demoras para sacar las primeras decisiones en el caso 03 porque “está en juego cómo cruzar hechos individualizados con patrones que permitan imputar a altos mandos”. Aun así, sostuvo que la JEP ha superado el umbral de verdad alcanzado en la justicia ordinaria por la identificación de patrones de criminalidad, la determinación de hechos que jamás se habían identificado e investigado y por la vinculación de personas sobre las que jamás hubo algún tipo de proceso y que sí tendrían roles determinantes en la ejecución de falsos positivos. Las organizaciones y familiares como Liliana también pidieron que se avance en la búsqueda e identificación de las 32 personas que siguen sin nombre y que se promueva la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón por parte de militares, en este caso, incluyendo a la plana mayor de la Primera División. Las organizaciones autoras de este informe fueron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), EQUITAS, el Colectivo de Víctimas Tejiendo Memorias, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (El Espectador)