Para el Gobierno, la inflación de 2021 será menor que la de este año. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los analistas argentinos, no. Este es uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones entre el país y los enviados de Kristalina Georgieva; que, por ahora, distancian la fumata final de la “Carta de Intención” que Alberto Fernández y Martín Guzmán quieren presentar en sociedad antes de las fiestas de fin de año. Ambas partes saben que quién logre tener razón, será el que pueda demostrar si el programa del oficialismo sobre la contención del principal problema que tiene la economía del país, la inflación medida por el IPC, puede ser realista o no. Como contrapartida, la misión que está circulando por Buenos Aires (y que probablemente hoy retome sus actividades luego del no positivo de covid-19 de Cubeddu), dio el visto bueno al impuesto a las grandes fortunas. No porque ideológicamente estén de acuerdo, ya que, en realidad, el FMI no da opiniones sobre medidas concretas sino que negocia metas generales. Pero en este último sentido, le expresaron a funcionarios que todo lo que sea mejorar los ingresos en 2021 está bien visto. Y que, en todo caso, será una cuestión del Gobierno nacional que esas medidas que operan a favor de la mejora de la recaudación, luego no afecte a otra de las promesas oficiales del Presupuesto 2021: el compromiso de un crecimiento del 5,5% para el próximo año. En concreto, y según el proyecto de Presupuesto que Diputados convertía ayer en ley, el alza de los precios debería llegar al 29% el próximo año, cuando el incremento de este año se ubicaría en torno del 36/37%. Esto implicaría una reducción importante, y una contracción durante dos ejercicios seguidos, luego del escalofriante 53,8% de 2019. Todo esto, siempre según las expectativas diseñadas por el Ministerio de Economía, con un dólar promedio de $102,4 durante todo 2021. Como contrapartida, se sabe que el FMI le consultó a muchos economistas privados durante la primer visita del dúo Luis Cubeddu -Julie Kozac en octubre pasado, sobre sus proyecciones inflacionarias y obtuvieron respuestas que aproximaban a la variable al 50%. Esto implicaría estar más cerca del porcentaje final de 2019 que de 2020. Y, si fuera este el resultado, provocaría desestabilizar todo el delicadísimo andamiaje del mecano fiscal que Guzmán preparó para 2021 en cuanto a la evolución del gasto público final. Un nivel inflacionario de este nivel llevaría además a una mayor presión de alza de los salarios públicos y privados, además de asonadas de parte de los jubilados cuyos ingresos indexarían el año próximo con la nueva fórmula que toma como válidos los promedios salariales y la recaudación de la AFIP. Los privados basan la proyección del 50% en la inevitable presión al alza en los servicios públicos, combustibles, telecomunicaciones en general (internet, celulares, cable, etc), en la presión salarial y en la liberalización administrada de los precios de los principales productos de consumo masivo, alimentos y bebidas; lo que, inevitablemente, producirá diferencias cualitativas contra 2020. Tienen en cuenta que este año operaron a favor de la contención del IPC por debajo del 40% final, la aplicación rabiosa de los controles de los valores en Precios Máximos, los congelamientos de tarifas, la escueta alza autorizada de las naftas, los salarios operando por debajo de la inflación y las consecuencias generales de una recesión de dimensiones históricas provocada por la pandemia. Sólo el indomable dólar en el período pos renegociación de la deuda alteró el esquema de controles mixtos y cruzados, y presionó la inflación en crecimiento del último trimestre del año comenzando por el 3,8% de octubre. Una visión menos pesimista sobre 2021 hablaría de una inflación menor a aquel 50% pero cercano al 40%. Nunca del 29% que pelea Guzmán. Para el FMI se trata de un debate fundamental. Puede aceptar distorsiones generales y metas que no se cumplan pero no un desequilibrio que implique alterar el resto de las variables fundamentales de las que depende la firma final. Especialmente el déficit fiscal del 4,5% para todo el ejercicio, condición innegociable para el tándem Cubeddu/Kozac. Sin este nivel de desequilibrio entre ingresos y gastos (o menos), simplemente no habría acuerdo. Luego del traspié por el malentendido por el fallido contagio de covid por parte de Cubeddu, la misión continúa hoy en sus días finales de verificaciones y debates técnicos. Lo que queda es definir los rubros donde hay acuerdos y dejarlos cerrados. Y terminar de debatir aquellos donde las distancias son aún espesas. Y cuando ya no haya posibilidades de ponerse de acuerdo en esos capítulos, directamente el tema pasará a resolución política. Será ahí el turno de la diplomacia cruzada, tal como adelantó este diario, entre Alberto Fernández y el director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner. (Ámbito)